El trágico caso de la pareja que temía ser deportada de EE.UU. y acabó asesinada en Guatemala

El “sueño americano” de Nixon Pérez Paz y Glendy González de la Cruz acabó en un cañaveral en el sur de Guatemala.

Allí fueron encontrados sus cuerpos, con sendas heridas de bala, el pasado 21 de julio.

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Hacía algo más de un año que Pérez Paz, de 43 años, había sido deportado de Estados Unidos, y apenas un mes desde que González, de 25, decidiera regresar a su país natal con las tres hijas de ambos, para reunirse con él y continuar allí su vida en familia.

Junto a los cadáveres la policía halló a la menor de las niñas, Giovanni, de 14 meses, viva aunque gravemente deshidratada.

“Así es como tememos terminar muchos de los inmigrantes en EE.UU.”, le dice a BBC Mundo una amiga de la pareja llamada Liliana, quien prefiere identificarse solo con su nombre de pila.

“Vivimos con ese miedo de que nos puedan agarrar y que nos separen de nuestros maridos, de nuestros hijos, o de que nos devuelvan al país peligroso del que huimos”, agrega.

Detención y deportación

En 2019 dejaron atrás Guatemala para buscar en EE.UU. una alternativa a la pobreza y la violencia. Primero emigró él, cruzando la frontera desde México de forma irregular, y ella le siguió meses después, junto con su entonces única hija, Marisol.

Tras una breve estancia en Texas, encontraron la estabilidad en Overland, una tranquila ciudad de unos 15.000 habitantes en el estado de Misuri, en el Medio Oeste estadounidense.

Allí tuvieron a su segunda hija, mientras Pérez Paz trabajaba de techador y González alternaba empleos en empacadoras de fruta, embotelladoras y otras fábricas.

En marzo de 2021 se les unió el hermano de él, Rolando Pérez Paz, tal como le contó este a BBC Mundo.

El viacrucis de la familia empezaría el 15 de abril del año pasado, cuando al arrancar su jornada laboral, ambos hermanos fueron interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Bajaron varios agentes de un vehículo sin identificaciones y nos rodearon”, recuerda Pérez Paz por teléfono desde Guatemala.

Tras obligarlos a bajar de su camioneta de trabajo, les colocaron esposas y grilletes y los trasladaron primero a un centro de detención y después a la cárcel del condado de Phelps.

“Nos dijeron que nos estaban arrestando por haber entrado de forma irregular al país y que nos iban a deportar”, cuenta Pérez Paz, quien confirma que ni él ni su hermano contaban con estatus legal.

Al ser preguntado por BBC Mundo, ICE confirmó la detención.

“Nixon Pérez Paz, un inmigrante ilegal criminal de Guatemala fue arrestado durante unas operaciones de control migratorio dirigido”, se lee en el mensaje atribuido a un portavoz de la agencia y enviado a este medios por correo electrónico.

“Había sido condenado dos veces por conducir bajo los efectos del alcohol en Overland, Misuri, una vez en 2020 y otra en 2024”, prosigue. “Recibió el debido proceso, se le emitió una orden final de expulsión el 21 de abril del 2025, y fue deportado a Guatemala en mayo” de ese año.

Al mes fue expulsado también su hermano. “Me quedé peleando mi caso con la ayuda de una organización, pero no hubo manera”, se lamenta.

De nuevo embarazada, González de la Cruz permaneció en Overland, donde un mes después daría a luz a su tercera hija.

“Tras quedarse sola a cargo de la familia, Glendy luchó durante todo un año para poder llegar a fin de mes”, cuenta en sus redes sociales la organización Missouri Workers Center (MWC).

La guatemalteca colaboraba con este grupo, abogando por los derechos de los migrantes a través de su comité organizador, llamado Fuerza.

“Glendy empezó a venir a las reuniones de Fuerza tres semanas después de parir. A pesar de que tenía dos trabajos, se presentaba, traía nuevos miembros, incluso cuando veía su mundo desmoronarse”, recuerda MWC en su mensaje.

“En junio, para proteger a sus hijas y mantener a la familia unida —y temiendo que pudiera perder la custodia de las niñas— Glendy tomó la difícil decisión de regresar a Guatemala, a pesar de tener una cita para su proceso de asilo fijada para 2027”, agrega la organización, algo que no ha podido corroborar BBC Mundo.

Así los Pérez González se sumaron a la creciente cifra de guatemaltecos expulsados de EE.UU. desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo “la mayor operación de deportación de la historia del país”.

En lo que va de año el país centroamericano ha recibido 38.720 deportados, según las cifras más recientes del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), un aumento del 47% con respecto al mismo período del año pasado. Más del 90% de los deportados fueron enviados desde EE.UU., y el resto desde México.

Con heridas de bala

De regreso en su país natal, la familia se instaló en el municipio de San Andrés Villaseca, un área rural del departamento de Retalhuleu, a 175 kilómetros al oeste de la capital.

La última vez que se los vio con vida fue el 20 de julio, cuando salieron de su casa para llevar a cabo unos trámites.

“Al ver que no regresaban, reportamos la desaparición a la policía y a la autoridad comunitaria”, recuerda Rolando Pérez Paz. “Gracias a Dios las comunidades aquí se mostraron dispuestas a auxiliar”.

Alertados por los llantos de un bebé, al día siguiente los vecinos descubrieron los cuerpos de la pareja en un sembradío cercano de caña de azúcar.

Al llegar al lugar, según le confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) a BBC Mundo, los agentes los encontraron con las manos atadas a la espalda y amordazados, sin pertenencias y con posibles heridas de bala en cuello y cabeza.

En la zona hallaron también casquillos, una toalla y un zapato blanco y rosa de la marca Champion catalogado como prueba, e incautaron una motocicleta roja en la escena.

La PNC no respondió a la pregunta de BBC Mundo sobre si la pareja fue blanco de incidentes violentos en el pasado o denunció amenazas, y, según medios locales, ahora trabaja junto a la fiscalía para tratar de esclarecer lo ocurrido.

“Este caso refleja lo roto que está el sistema”

Guatemala pasó de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 en 2025, más del doble del promedio mundial, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Y aunque en el primer semestre de 2026 se registró una bajada en comparación con ese mismo periodo del año pasado, en junio las cifras volvieron a repuntar.

Los expertos lo atribuyen principalmente a las luchas de poder entre las distintas pandillas, además del narcotráfico.

Ya a principios del año pasado una ola de violencia que arrancó con motines simultáneos en tres prisiones puso de manifiesto el poder que en Guatemala aún tienen estas agrupaciones, y en especial Barrio 18, que se disputa la hegemonía de las calles de la capital y otras localidades con su eterno rival, la Mara Salvatrucha (MS-13).

Aquello obligó al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, acusando a “mafias político-criminales” de intentar desestabilizar a un gobierno cercado por la violencia y una creciente tensión institucional.

La identidad de los culpables de la muerte de Glendy González y Nixon Pérez en Retalhuleu y sus motivos están por aclararse.

Sea quien fuera, “me quitaron lo que más quería”, se lamenta hoy Rolando Pérez Paz.

“Mi hermano, mi cuñada, (eran) personas que querían trabajar, que querían luchar”, subraya. “En los últimos meses vivíamos siempre con temor a las redadas, a que nos pudieran agarrar”, reconoce.

“Ahora lo que me viene constantemente a la cabeza es que si inmigración no hubiera detenido a mi hermano, mi cuñada tal vez todavía estaría viva y las niñas no estarían pasando por este dolor”.

Para ayudar con la manutención y la educación de las menores, quienes se quedaron a cargo de la familia extendida en Guatemala se están recaudando fondos a través de la plataforma GoFundMe.

También ha organizado una vigilia el domingo frente al ayuntamiento de Overland para honrar la memoria de la pareja.

“Este caso refleja lo roto que está el sistema”, le dice a BBC Mundo Zachary Mueller, estratega de States at the Core, una entidad sin fines de lucro que promueve la democracia inclusiva y trabaja con organizaciones como MWC.

“Desmiente la idea de que algo de esto [las deportaciones] tenga que ver con la seguridad pública. Ahora hay dos personas muertas y tres niñas pequeñas que se quedaron sin sus padres para el resto de sus vidas”.