La Fiscalía General de la República (FGR) cambió la acusación en contra de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, a quien señalaba inicialmente de peculado, y ahora la acusa de enriquecimiento ilícito.
“Este día se lleva a cabo audiencia inicial en contra de Ruth Eleonora López Alfaro, acusada de enriquecimiento ilícito. La audiencia se realiza en el Juzgado 12° de Paz de San Salvador, la FGR solicita a la sede judicial que el caso pase a la siguiente etapa procesal”, indicó este miércoles en X la institución.
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Este cambio de cargo había trascendido únicamente en publicaciones de medios de comunicación locales, pero la defensa de López no lo podía confirmar o desmentir a raíz de que el juzgado puso bajo secreto el proceso penal.
La organización humanitaria Cristosal, de la que López es jefa del área Anticorrupción, publicó en la misma red social que “el cambio de delito imputado a Ruth no demuestra una investigación seria, sino una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de DDHH”.
El traslado de López hasta el Centro Judicial Isidro Meléndez, en San Salvador, se dio con más de dos horas de retraso, lo que impidió el comienzo de la audiencia que estaba programado para las 10.00 hora local (16.00 GMT).
“No me van a callar. Un juicio público quiero, que me concedan un juicio público quiero, la gente merece saber. El que nada debe, nada teme”, gritó López al momento de ser trasladada por varios agentes de la Policía ante decenas de periodistas.
La organización Robert F. Kennedy Human Rights exigió este miércoles en X la liberación “inmediata e incondicional” de López y señaló que “la comunidad internacional debe exigir al Gobierno salvadoreño que respete los derechos humanos y garantice la justicia”.
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La acusación formal contra la abogada fue presentada la noche del 2 de junio, más de 15 días después de su detención, entre hermetismo y después de que la prensa fue sacada del lugar en que se presentó, de acuerdo con reportes de medios locales.
La detención de López, que ha participado en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno desde Cristosal y es una de las principales voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.
Este caso y la detención de otros defensores de derechos humanos han generado la preocupación de organizaciones locales e internacionales, que advierten de “una escalada autoritaria” por parte del presidente Bukele.
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