El Salvador: Amenazan a periodistas que revelaron escuadrón de la muerte en la policía

"Tenemos varios días sin ir a la oficina por el temor de encontrarnos con esa gente que llega a buscarnos. Hemos tenido que adoptar muchas medidas de precaución", explica a El Comercio el periodista Fernando Romero, miembro de la revista Factum, medio que es objeto de amenazas tras revelar la existencia de un grupo de la muerte en la policía de El Salvador. 

Para entender la situación que enfrenta este grupo de periodistas es necesario retroceder hasta abril del 2016.

Dentro de los planes para combatir la amenaza de las maras (pandillas), el Gobierno decidió crear a las Fuerzas Especializadas de Reacción (FES), un grupo de élite de la Policía Nacional Civil conformado por 400 policías y 600 soldados que se dividían en células de 4 o 5 integrantes. 

Las misiones de las FES se realizaban en los municipios con mayor presencia de pandilleros. Cabe resaltar que este grupo no tiene una jurisdicción especial. Es decir, pueden operar en todo el país.

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homicidios se registraron en El Salvador en el 2016, según la policía de ese país.

A los seis meses, en octubre del 2016, el Gobierno de El Salvador anunciaba el gran éxito de las FES. Según datos oficiales, los homicidios se redujeron en un 17.5% en comparación al mismo periodo del 2015.

Sin embargo, un colaborador contactado por Factum les revelaría que los resultados llegaban acompañados de violaciones a los derechos humanos de pandilleros, familiares y menores de edad.

 "Una célula de cuatro policías -solo policías, no había ningún soldado- recibió la colaboración de un civil, él se encargaba de localizar dónde se ubicaban los pandilleros en tres municipios. Este civil se volvió nuestro colaborador y nos contó que atestiguó cómo este grupo realizaba ejecuciones extrajudiciales", explica Romero.

Durante tres meses, el equipo de Factum se dedicó a monitorear las conversaciones que sostenían estos policías. Lo obtenido fue publicado el 22 de agosto en un artículo firmado por el periodista Bryan Avelar y el antropólogo Juan Martínez. 

"Pudimos corroborar tres casos en los que la versión oficial aseguraba que hubo un enfrentamiento [entre policías y pandilleros] pero se trataron de homicidios programados. También probamos que este mismo grupo de policías agredió sexualmente a dos niñas, de 13 y 14 años, con la justificación de que buscaban pandilleros", detalla Romero. "Esas niñas iban a la escuela, fueron detenidas, registradas, las insultaron verbalmente, las obligaron a desvestirse y finalmente les introdujeron los dedos en las cavidades vaginales". 

Además, el grupo de policías se encargaba de montar operativos con los que extorsionaban a los familiares de los detenidos.

"El grupo se llevó a un pandillero. La mamá [del detenido] llamó a la policía para saber dónde estaba y resulta que no había información sobre su arresto. Al poco tiempo la llamaron para decirle que si depositaba US$600 le devolverían a su hijo. Se realizó la transacción pero el joven había sido asesinado ni bien se lo llevaron. Es decir, negociaron con un cadáver", añade. 

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Reacción de las autoridades

Una vez publicado el informe de Factum, la Policía ordenó detener a los cuatro agentes involucrados. Sin embargo, solo se presentaron cargos administrativos en su contra, ninguno penal. 

Además, el medio tuvo conocimiento de que la Fiscalía tenía como testigo al colaborador de Factum desde hacía meses. Sin embargo, y pese a tener las mismas declaraciones que la revista, la Fiscalía recién abrió una investigación tras la publicación del reportaje.

"Si bien estas acciones [las ejecuciones extrajudiciales] no eran ordenadas desde arriba, había conocimiento. El colaborador contó que una vez un jefe policial llegó a una escena del crimen y les dijo a los fiscales: 'No hay nada que investigar. Fue un enfrentamiento'", apunta Romero.

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Acoso e intimidación
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​El miércoles 23 de agosto, un día después que el informe sea publicado, diversas páginas en Facebook se llenaron de comentarios que incluían insultos y amenazas hacia el equipo de Factum. 

"Durante la investigación encontramos un grupo de Whatsapp con más de 40 policías de diferentes divisiones. Ahí se pasaban fotos e información de pandilleros y, tarde o temprano, en algún operativo terminaban matándolo. Luego pasaban las fotos del delincuente asesinado. Había otros policías que administraban páginas de supuestos medios de comunicación en Facebook, ellos se encargaban de difundir las imágenes", señala Romero. "Esas mismas páginas comenzaron a decir que nosotros apoyábamos a pandilleros y que estábamos del lado de los delincuentes". 

Sin embargo, con el paso de los días, la situación se agravó. El viernes 25 de agosto un grupo de cuatro personas llegaron hasta las oficinas de Factum haciéndose pasar por delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH). 

"Coincidentemente, un día antes nosotros nos habíamos reunido con delegados de la PDDH, le tomaron las declaraciones al editor de la redacción y la Procuradora General emitió un pronunciamiento para que la policía nos brinde protección", precisa. 

Al no encontrar a nadie en la redacción, se retiraron. Ese mismo sábado, representantes de la PDDH negaron haber enviado a alguna delegación a las oficinas de Factum. 

Tres días después, el lunes 28 de agosto, otro grupo de cuatro personas llegó hasta las oficinas del diario El Faro, ubicado en la misma calle que Factum, preguntando por dónde quedaban las oficinas de la revista. 

Al no obtener información, las cuatro personas se retiraron. Horas después, otro vehículo, con matrículas del Gobierno, llegaron a las oficinas de Factum. Los sujetos se presentaron como policías pero nuevamente no encontraron a nadie. 

"Finalmente, una persona fue a las oficinas de El Faro [el lunes 28] e intentó dejar una correspondencia. Cuando le preguntaron para qué persona era, respondió que era para todo El Faro. Al cuestionar sobre quién lo enviaba dijo que era un anónimo. El Faro decidió no recibir la correspondencia", narra Romero.

"Además, durante todo este tiempo los insultos y amenazas no han parado en las redes. Nos han escrito cosas como: 'Ustedes defienden a pandilleros, un día van a aparecer muertos y las mismas pandillas los van a matar'. Detectamos que esas amenazas salían de las cuentas administradas por policías". 

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