El Salvador celebra 25 años de paz con cifras de guerra
El Salvador celebra 25 años de paz con cifras de guerra
Rodrigo Cruz

Han pasado 25 años desde que el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani pronunció estas palabras: “La paz en será para siempre. La violencia está erradicada”. Lo dijo el 16 de enero de 1992, en San Salvador, en la ceremonia por la firma de los acuerdos de paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Eran días de entusiasmo. La guerra civil, que dejó un promedio de 70 mil muertos, otros varios miles de desaparecidos y familias desplazadas, había terminado.

Hoy, sin embargo, las palabras de Cristiani están más cerca a ser una utopía que una realidad. El Salvador, el país centroamericano de seis millones de habitantes, sigue siendo una sociedad violenta. De hecho, un estudio del Foro Económico Mundial del 2016 lo ubica como la nación más insegura del mundo. Con un índice de 81 homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿Por qué un país que firmó la paz hoy mantiene cifras de guerra?

Existen varias paradojas que se usan habitualmente para describir lo que sucede en El Salvador. Una de ellas es la que utilizó el “International Business Times” en un artículo del 2015: “El Salvador es el país más violento del mundo que no está en guerra”.

Razones sobran: solo el año pasado, El Salvador registró registró 5.278 asesinatos. Una proyección de 14 al día. Y si a ello se suman los 6.657 homicidios reportados en el 2015, lo convierte en casi 12 mil asesinados en solo dos años. Una tasa equiparable a los homicidios que ocurrían en las peores épocas del conflicto armado. 

Como dijo el periodista salvadoreño Roberto Valencia en un artículo para “The New York Times” en enero, “tendrían que haber matado a 80 mil personas en Argentina, a 234 mil en México o a 593 mil en Estados Unidos para igualar la tasa salvadoreña”.

El acuerdo de paz, firmado en México con el respaldo de Naciones Unidas, se firmó sobre la base de cuatro ejes: una reforma profunda en las Fuerzas Armadas y en el sistema de justicia, la creación de la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras instituciones que velarían por el respeto a los derechos humanos.

Pero los años han demostrado contradicciones notorias. Como el uso del ejército para el control de la seguridad ciudadana, algo habital en ciudades de El Salvador, pero que había quedado descartado por los firmantes en México. Del mismo modo, la impunidad que hoy campea: de 10 homicidios que ocurren, solo uno tiene posibilidades de ser llevado a juicio, según un informe del medio El Faro del año pasado.

Lo mismo ocurre con crímenes emblemáticos cometidos durante la guerra, como la matanza de El Mozote, en la que fueron asesinados un promedio de mil campesinos. El Mozote es considerado una de las mayores masacres a una población civil no solo en El Salvador, sino también en América Latina en los últimos años. Ocurrió en 1982. Sin embargo, a la fecha todavía el caso no ha encontrado justicia.

"El acuerdo de paz fue un acuerdo eminentemente político que tuvo como fin terminar con la guerra. El acuerdo permitió sentar las bases para establecer un nuevo sistema. Una nueva democracia basada en el respeto a los derechos humanos. El acuerdo de paz trajo la creación de instituciones claves que tenían que ver con asegurar la independencia del órgano judicial, que aseguraran elecciones libres y transparentes", dice Carlos Carcach, un reputado criminologo salvadoreño a El Comercio.    

"Pero las causas estructurales que originaron el conflicto no se tocaron en el acuerdo. Por ejemplo, las profundas desigualdades de la sociedad salvadoreña, que es de una herencia histórica, no se abordó. Tampoco cómo resolver los problemas relacionados con las grandes masas de la población que estaban excluidas", añade.

Desde que se firmó la paz, el partido conservador Arena gobernó hasta el 2009. Mientras que el FMLN lo hace hasta la actualidad con Salvador Sánchez Cerén, quien ganó las elecciones del 2014. Su gobierno inició el 2015 una política de represión a los pandilleros, los principales causantes de la violencia en El Salvador.

La medida goza de respaldo popular, pero en vez de lograr resultados positivos, incrementó la violencia. De hecho, medios salvadoreños han denunciado ejecuciones extrajudiciales de la policía y el ejército y que algunos de los muertos no eran ni siquiera pandilleros.

La mayoría de los homicidios son por la lucha territorial entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18, en zonas que tienen controladas desde hace más de una década aprovechando la ausencia del Estado. “Los mareros (pandilleros) determinan quién entra, dónde estudian los niños, qué ropa usan, quiénes pagan renta y hasta qué familiares llegan al velorio cuando un vecino fallece”, señala Valencia en su artículo.

Roberto Cañas, uno de los miembros de la comisión del FMLN que firmó la paz en 1992, reconoce que pese a que se llegó a un acuerdo de poner fin a la guerra, todavía hay heridas abiertas.

“El acuerdo de paz nos dio una oportunidad de democratizar el país, la posibilidad de acabar, por ejemplo, con los fraudes electorales. Pero hay tareas que están inconclusas. ¿Cómo podemos hablar de reconciliación si no hemos cumplido en casos insignias como El Mozote? Hace 25 años logramos apagar los fusiles. Pero hoy tenemos una violencia que no resolvimos en el acuerdo, la de la pobreza”, afirma.

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