La Corte Suprema de Estados Unidos aborda este miércoles el acceso de los menores transgénero a los tratamientos médicos para cambiar de sexo.
En concreto examinará una ley adoptada en 2023 por el estado de Tennessee (sur), gobernado por los republicanos, que prohíbe a los menores que no se identifican con su género de nacimiento acceder a los bloqueadores de la pubertad y a los tratamientos hormonales de transición.
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Casi la mitad de los estados estadounidenses han promulgado leyes similares.
Menores y sus familias, una ginecóloga de Memphis y la administración del presidente demócrata saliente Joe Biden denuncian el carácter “discriminatorio” de la ley de Tennessee.
Afirman que viola una disposición de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución sobre la igualdad porque priva a las personas transgénero del acceso a tratamientos autorizados para otros.
Chase Strangio, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, lo ha descrito como uno de los casos LGBTQ+ más significativos examinados por la Corte Suprema.
Strangio será el primer abogado abiertamente transgénero en argumentar ante el máximo tribunal, de mayoría conservadora.
“No solo estaré presentando argumentos legales ante los jueces, también los estaré encarnando”, afirma en un artículo publicado el martes en el New York Times.
“Mi presencia en la Corte Suprema como abogado transgénero es posible porque he tenido acceso” al tratamiento médico examinado, escribió.
El tema genera polémica en el país, donde el presidente electo Donald Trump se ha comprometido a imponer una prohibición federal al acceso a estos tratamientos para menores transgénero y a restringirlo para adultos.
La legislación de Tennessee conocida como SB1 fue firmada en marzo de 2023 y se propone “proteger la salud y el bienestar de los menores” prohibiendo procedimientos médicos “que puedan alentar a los menores a despreciar su sexo”.
El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, estima que esta normativa tiene como objetivo “proteger a los menores”.
El Departamento de Justicia del presidente demócrata Joe Biden se ha unido a las familias de los jóvenes transgénero que combaten la ley.
En abril la Corte Suprema permitió que una prohibición similar, en Idaho, entrara en vigor mientras continúa el proceso legal.
Según la ley de Idaho, los profesionales médicos que proporcionen tratamientos a menores, incluidos bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o cirugía, se exponen a hasta 10 años de prisión.
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Los bloqueadores de la pubertad se han utilizado en adolescentes que contemplan la transición de género para retrasar la aparición de cambios físicos no deseados.
Sus defensores sostienen que el proceso puede salvar vidas a los niños que luchan con la disforia de género.
Kelley Robinson, la presidenta de la Campaña de derechos humanos que aboga por los derechos LGBTQ+, estima que la ley de Tennessee y legislaciones similares de otros estados gobernados por republicanos convierten a los jóvenes trans en “peones políticos”.
“Ningún político debería poder interferir en las decisiones que mejor toman las familias y los médicos, pero eso es exactamente lo que permiten estas prohibiciones discriminatorias”, se queja Robinson.
“Casi todas las principales organizaciones médicas están de acuerdo” en que la afirmación de género “no es una declaración política, es atención médica que puede prevenir la depresión, reducir el riesgo de suicidio y ayudar a los niños a prosperar”, explica.
Es “atención médica, simple y llanamente”, añade.
Los derechos de estas personas, en particular si se debe permitir a las mujeres transgénero usar baños de mujeres y participar en deportes femeninos, forman parte de las “guerras culturales” entre republicanos y demócratas.
