Deportados venezolanos por EE.UU. en El Salvador: ¿Qué gana Nayib Bukele por albergarlos?

MIRA: ¿Qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros que Trump invocó para deportar a venezolanos a la prisión de Bukele en El Salvador?

Su llegada a suelo salvadoreño fue celebrada por su mandatario, quien el domingo 16 compartió un elaborado video -complementado por técnicas cinematográficas como paneos, planos aéreos y música de acción- en el que se veía a las fuerzas de seguridad procesando a sus nuevos prisioneros, rapada de cabeza y cambio de atuendo incluidos.

Solo 23 de los pasajeros del vuelo eran presuntos miembros de la pandilla M-13. El resto eran migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, removidos por una controversial interpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma estadounidense que permite al gobierno detener y deportar a ciudadanos de países con los que Estados Unidos esté en guerra sin necesidad de un proceso judicial.

En desuso desde la Segunda Guerra Mundial, donde se esgrimió contra ciudadanos de países del bando enemigo como italianos, alemanes y japoneses, la ley ha adquirido nuevamente relevancia gracias a una creativa reinterpretación por la Administración Trump. Y es que, si bien la normativa requiere una votación en el Congreso para ser invocada en el caso de una guerra declarada, da una excepción si se trata de “invasión o incursión predatoria”.

Y esta es justamente el asa por la que el actual gobierno estadounidense se ha agarrado, declarando a grupos criminales como el Tren de Aragua como organizaciones terroristas que están librando una guerra dentro de territorio norteamericano.

Una decisión que no ha convencido a todos, entre ellos el juez federal de Washington D.C. James Boasberg, quien el domingo 16 ordenó la suspensión por 14 días de la expulsión de migrantes bajo la base de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Boasberg concretamente exigió a la Casa Blanca que frenara el vuelo a El Salvador, aunque el gobierno siguió adelante con las deportaciones alegando que los aviones ya habían partido cuando el juez emitió por escrito su orden y que el magistrado carecía de jurisdicción una vez que los transportes habían salido del espacio aéreo estadounidense.

“Ups... demasiado tarde”, escribió en X Nayib Bukele junto a un emoticon que representaba a alguien llorando de risa.

Un desacato que ha puesto a dos poderes del Estado en EE.UU., el Judicial y Ejecutivo, en colisión directa, con Boasberg exigiendo al gobierno una respuesta sobre los hechos y al propio Trump exigiendo la destitución del letrado.

“Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!”, escribió el presidente en su plataforma Truth Social, argumentando que solo está siguiendo la voluntad de los votantes que lo llevaron a la Casa Blanca.

Un llamado que le valió una inusitada llamada de atención por el jefe de la Corte Suprema, John Roberts, quien mediante un comunicado recordó al jefe de Estado que “desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

En El Salvador, la llegada de migrantes extranjeros tampoco ha sido recibida con brazos abiertos por la población, con algunos sectores y varias ONG cuestionando la legalidad de mantener cautivos a ciudadanos venezolanos que no han cometido delito en el país.

“La Constitución del Salvador dice todo lo contrario”, indica en conversación con El Comercio el periodista independiente Fernando Romero. “No puedes estar preso indefinidamente en una cárcel sin haber sido vencido en juicio. Y en todo caso, quien tiene que ordenar que estés en prisión es un juez, no un presidente. Te lo digo con seguridad, en El Salvador no existe ninguna ley que faculte al presidente a negociar presos”

Cristosal, la principal organización de derechos humanos en el país centroamericano señala que el acuerdo entre Trump y Bukele ha roto toda aspiración democrática, acusando a Estados Unidos de “normalizar” el sistema carcelario salvadoreño, el cual sostienen es escenario de torturas y violaciones del debido proceso.

“Se trata de dos presidentes que se apropian del poder de decidir quiénes son terroristas y quiénes tienen derechos y quiénes no”, afirmó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, en conversación con el diario español “El País”.

Con esta lluvia de críticas y ante tales vacíos legales, queda preguntar qué motiva a Nayib Bukele a ofrecer a la administración de Donald Trump al CECOT como una especie de ‘Guantánamo 2.0′ para albergar a aquellos indocumentados con presuntos lazos criminales.

El propio Bukele ha enfatizado los réditos económicos que le traerá este trato: el país salvadoreño recibirá 6 millones de dólares anuales por albergar a dos centenares de prisioneros.

“Hoy día, los primeros 238 miembros de la organización criminal Tren de Aragua llegaron a nuestro país. Fueron inmediatamente transferidos a CECOT por un periodo de un año (renovable)”, escribió el jefe de Estado centroamericano por su cuenta de X. “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja para ellos, pero una tarifa alta para nosotros”.

“Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan los más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y trabajos en el marco del programa Ociosidad Cero, contribuirán a que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible. Hoy en día, cuesta 200 millones de dólares al año”, agregó.

Pero no es el único provecho que ha conseguido el mandatario salvadoreño, quien con un solo viaje – y un video bastante editado - ha logrado reforzar su imagen de “duro contra el crimen” mientras que también estrecha los lazos con su par estadounidense, quien recientemente agradeció su apoyo.

Para el periodista salvadoreño Fernando Romero, el mayor beneficio que saca Bukele es uno que ha pasado desapercibido: de los 23 pandilleros salvadoreños deportados en este vuelo, dos son jefes nacionales de la MS-13, entre ellos uno identificado como César Antonio López Larios, ‘El Greñas’.

Un personaje notable porque fue él, junto a Élmer Canales Rivera, alias ‘Crook’, con quien se sospecha que Nayib Bukele hizo su supuesto pacto para reducir la violencia de las pandillas en el 2019. Una tregua que duró hasta marzo del 2022, cuando tras un sangriento fin de semana el gobierno pidió al Congreso del país declarar un régimen de excepción – aún vigente - que suspendía garantías constitucionales como el derecho a la defensa, a la libertad de reunión y asociación y la inviolabilidad de la correspondencia, entre otros.

Ambos líderes desaparecieron en el 2021 de una prisión de máxima seguridad en Zacatecoluca, para luego aparecer en Ciudad de México, donde poco después fueron capturados y extraditados a Nueva York para ser enjuiciados, una situación que según el periodista habría causado pánico en el gobierno salvadoreño.

“Bukele ha estado buscando desvanecer cualquier vestigio que haya quedado de este pacto. Y en Nueva York, durante el gobierno de Joe Biden, había un fiscal llamado John J. Durham que no solo armó un caso por los delitos cometidos por los pandilleros, sino que también tenía abierta una investigación sobre el pacto en el que ambos iban a servir como testigos”, señala, considerando esta la verdadera motivación de Bukele.

Queda todavía en custodia estadounidense ‘Crook’, aunque si esto significará que se realizarán más vuelos entre EE.UU. y El Salvador con más deportados – y más jefes del MS-13 -, queda en duda.