Cómo serán las redadas de migrantes que ha anunciado Trump y a quiénes empezará a detener y deportar primero

Con la ampliación del alcance de las deportaciones expeditas, los inmigrantes no autorizados que estén en cualquier lugar de Estados Unidos, y que no puedan demostrar que llevan más de dos años en el país, serán sacados del territorio de inmediato.

MIRA: Trump firma orden para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento: ¿Qué cambiará en Estados Unidos?

Como explica Univisión, antes del cambio, los funcionarios federales de inmigración solo podían aplicar las deportaciones expeditas a los inmigrantes indocumentados que sean detenidos a menos de 100 millas (161 km) de una frontera internacional y que llevaran menos de dos semanas en Estados Unidos.

Bajo la deportación expedita, los funcionarios de inmigración pueden expulsar de manera sumaria a ciertos extranjeros sin una audiencia ante un juez de inmigración. Las personas tampoco tienen derecho a un abogado.

En 2019, durante su primera administración, Trump ya amplió el alcance de la deportación expedita, pero los tribunales federales la bloquearon.

Desde el martes, ya no hay lugar seguro para los migrantes. Ello luego de que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas Aduanas (ICE) informara que en sus operaciones de búsqueda de indocumentados ya no se respetarán las llamadas “zonas sensibles”, escuelas, iglesias y hospitales, que fueron establecidas en el 2011 y que se mantuvieron durante el primer gobierno de Trump y en la Administración del demócrata Joe Biden.

En octubre del 2021, Biden amplió la clasificación de “zonas sensibles” a las oficinas de servicios sociales, las funerarias, las paradas de buses escolares, los puntos de respuesta a emergencias naturales, entre otros.

Durante más de una década, los migrantes han estado fuera del alcance de las autoridades mientras estudiaban, acudían a realizarse chequeos médicos y a hacer otras gestiones en los hospitales, y cuando interactuaban en los templos religiosos.

Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian, con esta disposición el Gobierno republicano va a provocar que los inmigrantes ya no acudan a las escuelas y hospitales por miedo a ser detenidos.

“Es un indicativo también de que Trump va con todo”, sostuvo Belaunde a El Comercio.

La agencia AP informó el miércoles que varias escuelas dijeron que estaban recibiendo llamadas de padres preocupados por los rumores de que los agentes de inmigración intentarían ingresar a los centros educativos. Agregó que es muy pronto para saber si un gran número de familias están reteniendo a sus hijos en casa.

“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, advirtió en un comunicado el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman.

Mientras que en una entrevista con CNN, el designado “zar de la frontera”, Tom Homan, dijo que ya se estaban llevando a cabo operaciones de control específicas por parte del ICE, y aseguró que esta vez los agentes tienen mayor libertad.

El lunes, durante su discurso inaugural, Trump dijo que acabará con la “práctica de capturar y liberar”.

Desde entonces, se ha ordenado al ICE que mantenga a los inmigrantes bajo custodia y no los libere, incluso si eso significa que los mantendrán detenidos por más tiempo, dijo a CNN una fuente con conocimiento de la disposición. El objetivo del Gobierno es expulsar rápidamente a quienes no son elegibles para el asilo.

CNN también informó que el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le dijo a Catholic Charities de San Diego, una organización sin fines de lucro que brinda refugio, alimentos y servicios de inmigración a migrantes, que ya no entregará a los extranjeros a su cuidado. “La política ha cambiado a nivel federal”, fue lo único que le explicaron a su director, Appaswamy “Vino” Pajanor.

Catholic Charities precisó a CNN que atendía a diario a entre 200 y 300 migrantes.

“Tenemos muchos refugiados aquí y todos están en pánico. Tienen mucho miedo”, dijo Pajanor.

Para Belaunde, las medidas anunciadas por Trump no van a disuadir en gran medida a los migrantes en su propósito de ingresar a Estados Unidos, y cree que ahora que se ha eliminado el aplicativo CPB One para conseguir citas entre los solicitantes de asilo, las personas que están en la frontera con México, y las que lleguen después, van a optar por los cruces ilegales.

“Cuando la gente está desesperada, ya se ha visto que recurre a los cruces ilegales, incluso si esto pone en peligro sus vidas. Van a encontrar más obstáculos, es cierto, pero intentarán meterse a Estados Unidos de alguna forma”, manifestó Belaunde.

Univisión explicó que las prioridades del Gobierno son similares a las de la primera gestión de Trump: cualquier inmigrante que no haya sido admitido por funcionarios en un puerto de entrada, a quienes tienen órdenes de deportación vigentes y a aquellos sin un estatus migratorio (es decir, sin permiso legal para estar en un país).

El martes, Tom Homan dijo a FoxNews que el ICE está en las calles buscando a aquellas personas que representan una amenaza para la seguridad pública. “Son amenazas para la seguridad pública, aquellos que están en el país de forma ilegal y que han sido condenados, arrestados por delitos graves”, sostuvo.

Trump ha pedido al Departamento de Seguridad Nacional que tome todas las acciones necesarias para que el ICE pueda detallar qué inmigrantes son prioridad de deportación y quiénes tienen órdenes finales de deportación que deben ser ejecutadas de inmediato.

Mientras que al fiscal general y a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional les ha indicado que se priorice el procesamiento criminal de inmigrantes por entrada no autorizada al país o por presencia continua no autorizada en Estados Unidos.

De acuerdo con cálculos de la administración Trump, el Gobierno de Biden admitió a 1,5 millones de inmigrantes en un programa de libertad condicional humanitaria hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Ahora el nuevo Ejecutivo ha anunciado que revisará caso por caso.

Según el American Immigration Council (AIC), la cifra de deportaciones prometida por Trump podría abarcar a más de 13 millones de inmigrantes sin estatus legal permanente. Eso elevaba el costo de una operación de deportación a, por lo menos, 315.000 millones de dólares que el gobierno no tiene en su presupuesto, hizo notar Univisión. A ello se debe sumar la capacidad en los tribunales para procesarlos y la disponibilidad de espacios para albergarlos hasta que sean deportados.

Para el caso de los solicitantes de asilo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el martes que su nación acuerde con Estados Unidos ser un “tercer país seguro” para recibirlos mientras esperan una respuesta. Durante la gestión de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno Mexicano sí aceptó dicha figura, bajo el programa “Quédate en México”, que esta semana fue reactivado por Trump.

En cuanto a los migrantes indocumentados que serán deportados, Sheinbaum ha reiterado que no tiene planeado recibirlos y dijo que insistirá en que Estados Unidos los envíe de forma directa a sus países de origen en lugar de expulsarlos a territorio mexicano.

En este punto, Belaunde sostuvo que Trump deberá buscar acuerdos con cada país para que reciban a sus nacionales.

El analista también indicó que este tema puede ser aprovechado por regímenes como el venezolano de Nicolás Maduro para acercarse a Trump y procurar algún tipo de beneficio a cambio.

“Seguramente Maduro va a intentar negociar con ese tema. Puede aceptar recibir a sus nacionales a cambio de que, por ejemplo, no se le quite a Chevron la licencia para mantener su operación en Venezuela. También pedir que no se le impongan más sanciones al país; por el contrario, que estas sean flexibilizadas para que se permita a más empresas extranjeras trabajar en su industria petrolera”, dijo.

Belaunde agregó que en el caso de México, Trump podría presionar para que acepte recibir a deportados a cambio de no imponerle aranceles.