La nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada este jueves por el Congreso de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Donald Trump.
La mayoría republicana en ambas Cámaras apoyó un mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad, que se destinará, por amplio margen, al manejo de la inmigración.
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Las voces críticas de esta legislación han calificado el gasto de “inédito” y alertan que acelerará la agenda de deportaciones masivas de la Administración, con consecuencias “caóticas” para la población migrante de EE.UU. y la economía del país.
La votación de este jueves en la Cámara de Representantes dio el último visto bueno al proyecto, que pasará ahora al escritorio de Trump, quien planea firmarlo en un acto en la Casa Blanca este viernes 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense.
Con un gasto de casi 170.000 millones de dólares en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20.000 nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley contempla más de 46.500 millones para la construcción del muro fronterizo y más de 45.000 millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.
Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.
Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un informe, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país.
El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116.000 arrestos diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
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Esta escalada en la expulsión de personas y la presión sobre las comunidades traería también consecuencias negativas para la economía del país, según detalló un análisis del Economic Policy Institute.
Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3,3 millones de migrantes y 2,6 millones de trabajadores nacidos en EE.UU., de acuerdo con este informe.
La ley también busca aumentar los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 100 dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países.
El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares, y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.
Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110), y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).
La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la economía de los migrantes en EE.UU.: un gravamen del 1 % a las remesas enviadas al extranjero.
Estados Unidos es el principal país emisor de remesas del mundo, según datos del Banco Mundial, con más de 85.800 millones de dólares enviados en 2023, según el centro Migration Policy Institute.
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La ley también incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, restringiendo su ya limitado acceso a beneficios fiscales.
Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán acceder al programa de crédito fiscal por hijos, que reduce el importe de los impuestos a pagar.
A su vez, se reducirán los fondos federales del programa Medicaid para los estados que ofrecen servicios de salud a migrantes sin estatus legal, y se prohibirá que algunos migrantes con estatus legal —incluyendo quienes tienen visas de trabajo o TPS— puedan acceder a seguros de salud con costos reducidos.
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