Un juez federal estadounidense permitió este miércoles al Gobierno de Donald Trump seguir adelante con su plan de ofrecer indemnizaciones a los empleados federales para que renuncien, que había sido impulsado para reducir el tamaño del Ejecutivo.
El magistrado de distrito George O’Toole rechazó continuar la restricción a ese programa que había impuesto la semana pasada, alegando, según el diario The Washington Post, que la demanda presentada por sindicatos no puede prosperar porque no tienen legitimidad para denunciar y porque su tribunal carece de la jurisdicción necesaria.
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Según datos de la Casa Blanca citados por los medios locales, había 2,3 millones de empleados que podían acogerse a esa opción y unos 65.000 ya habían aceptado el acuerdo.
La Oficina de Administración de Personal (OPM) anunció a finales de enero que indemnizaría a esos trabajadores si renunciaban antes del 6 de febrero.
La oferta se aplicaba a todos los empleados federales de tiempo completo, excepto al personal militar, a los miembros del Servicio Postal y a quienes trabajan en la aplicación de la ley de inmigración o en la seguridad nacional.
Un grupo de sindicatos que representan a los trabajadores federales había demandado a la OPM por el programa, alegando que faltaba “información básica” en la propuesta y que esta violaba la ley federal, además de poner en duda que el Congreso tenga los fondos necesarios para hacer el pago.
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Los actuales presupuestos federales expiran de hecho en marzo, según la ley firmada el pasado de diciembre por el anterior mandatario, el demócrata Joe Biden (2021-2025), que los extendió hasta entonces.
La decisión de O’Toole se produce un día después de que Trump firmara una orden ejecutiva para reducir “significativamente” la plantilla de la Administración pública y otorgar más poder al nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), que está bajo la supervisión de Elon Musk y se encarga de recortar el gasto público.
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