Las donaciones de campaña, y los intereses detrás de ellas, siguen siendo un tema polémico cada que se acercan las elecciones. (AFP)
Las donaciones de campaña, y los intereses detrás de ellas, siguen siendo un tema polémico cada que se acercan las elecciones. (AFP)
Farid Kahhat

Analista internacional

fkahhat@comercio.com.pe

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En el 2010 la Corte Suprema de emitió un fallo crucial en torno al financiamiento de las campañas electorales. De un lado, decidió que limitar el monto de los aportes de campaña vulneraba el derecho a la libertad de expresión consagrado por la primera enmienda de la Constitución. De otro, decidió que, para efectos de los aportes de campaña, no debía hacerse distinciones entre personas naturales y personas jurídicas. O, en buen romance, que en casos como el de los denominados Super PAC (sigla en inglés de Comités de Acción Política), individuos y corporaciones privadas podían realizar aportes ilimitados de campaña.

Quienes criticaban el fallo sostenían que este iba a conceder una influencia indebida a grupos de interés en las decisiones gubernamentales. Una década después, hay suficiente evidencia para sostener que los críticos tenían razón. Existen investigaciones como la del diario “The New York Times” (NYT) según la cual, hasta octubre del 2015, cerca de la mitad de los aportes a las campañas tanto demócrata como republicana provenía de 158 familias y los negocios que estas controlaban.

El diario cita un estudio según el cual el 80% de los aportes a los Super PAC provenía de solo 200 donantes. A su vez, una elevada proporción de esos donantes tenía al sector financiero de la economía como fuente principal de sus ingresos. Es decir, provenían del sector que, junto con el de seguros, más invierte en contratar empresas de cabildeo (los llamados ‘lobbies’). En otras palabras, empresas cuyo único fin es influir sobre la legislación y la regulación pública.

El millonario Sheldon Adelson es uno de los principales donantes republicanos. Acá, en una foto de febrero de este año en un evento de campaña de Donald Trump. (AP)
El millonario Sheldon Adelson es uno de los principales donantes republicanos. Acá, en una foto de febrero de este año en un evento de campaña de Donald Trump. (AP)

¿Y los impuestos?

Ahora bien, que esos grupos de interés destinen grandes recursos a intentar influir en el proceso político no prueba en sí mismo que consigan ese objetivo. Pero existen otras investigaciones que sugieren que, en efecto, eso ocurre. Por ejemplo, según el libro “Afluencia e influencia”, del profesor de Princeton Martin Gilens, cuando las preferencias de política pública de los sectores de mayores ingresos en EE.UU. difieren de las de la gran mayoría de la población (cosa que muestra a través de encuestas hechas a lo largo de décadas), las políticas públicas solo responden a las preferencias de los sectores de mayores ingresos.

Si desea saber qué implica ello en términos prácticos, recuerde el dato que hiciera pública otra investigación del NYT: en el 2017 el presidente Trump solo habría pagado 750 dólares por concepto de impuesto federal sobre el ingreso. Antes de escandalizarse, le convendría conocer el caso del propietario de un diario que fustiga con ahínco a Trump, como “The Washington Post” (es decir, Jeff Bezos): según un reporte del diario “Financial Times”, su empresa nodriza (Amazon) obtuvo utilidades por unos US$11.200 millones en el 2018, pero no pagó ni un centavo por concepto de impuestos sobre las utilidades.

El barniz legal

Todo ello, según parece, de acuerdo a ley. Es decir, de acuerdo a leyes que aprobaron legisladores que recibieron fondos de campaña de aquellos magnates que no pagan impuestos. Tal vez sea una mera coincidencia, pero cometeré la osadía de sugerir que podría no serlo. Por cierto, tampoco fueron delitos los aportes de campaña de empresas como Odebrecht o de personas como Dionisio Romero en el Perú. Recuerde que Odebrecht está siendo juzgada por sobornar a políticos cuyas campañas, en forma coincidente, contribuyó a financiar. Pero no está siendo juzgada por el mero hecho de realizar aportes de campaña.

Añada a lo dicho lo mencionado la semana pasada sobre el sistema electoral y tendrá una idea sobre cuán representativa es la democracia estadounidense. Ello sin mencionar las campañas de supresión del voto. Por ejemplo, pese al crecimiento de la población, entre el 2012 y el 2018 se cerraron 1.688 centros de votación en condados en que las minorías étnicas representan una gran proporción de la población.

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