Joe Biden, el candidato demócrata que disputa las intenciones reeleccionistas de Donald Trump, calificó la decisión de “inconcebible”. (Foto: SAUL LOEB / AFP)
Joe Biden, el candidato demócrata que disputa las intenciones reeleccionistas de Donald Trump, calificó la decisión de “inconcebible”. (Foto: SAUL LOEB / AFP)
Redacción EC

Washington [AFP]. La Suprema Corte de permitió este jueves a mantener una ley local que obliga a los presos liberados a pagar las multas impuestas por la justicia antes de recuperar su derecho a voto.

El fallo, que se produce a cuatro meses de las elecciones del 3 de noviembre, afecta a centenares de miles de personas en un estado donde los resultados electorales suelen ser apretados y donde una victoria es clave para alzarse con la Casa Blanca.

Un juez de distrito había fallado en contra de Florida en mayo, alegando que la ley -aprobada el año pasado por legisladores republicanos- implicaba “pagar por el voto” a casi un millón de personas.

Una corte de apelaciones bloqueó ese fallo y la Suprema Corte se negó a revertir esa decisión.

Los tres magistrados liberales del alto tribunal expresaron su disenso, y en su argumentación la jueza Sonia Sotomayor dijo que la Suprema Corte “sigue una tendencia de inacción para condonar la inhabilitación de derechos”.

La argumentación de la minoría, a la que adhirieron Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan, agrega que la decisión “impide” a miles de personas ejercer su derecho a voto en Florida “simplemente porque son pobres”.

Joe Biden, el candidato demócrata que disputa las intenciones reeleccionistas de Donald Trump, calificó la decisión de “inconcebible”.

“Llamemos a esto por su nombre: un impuesto moderno al voto”, tuiteó el aspirante presidencial, que llamó a “asegurar que todos puedan hacer oír su voz en las urnas”.

Aquellos que cumplieron sus penas de cárcel ganaron su derecho al voto sin condiciones en un referendum de 2018 sobre una ley denominada Enmienda 4, que buscó reformar una antigua norma que privaba a los exreos de esa posibilidad.

La Enmienda 4 restauró el derecho al sufragio a casi un millón de personas, salvo para aquellos que habían cometido asesinatos o delitos sexuales.

Pero luego el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley que obliga a los excovictos a pagar todas sus multas ante la justicia para poder votar.

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