La Casa Blanca insistió este jueves en que el presidente estadounidense, Joe Biden, no utilizará su poder para indultar a su hijo Hunter en caso de ser condenado por un caso de presunta evasión fiscal del que este se ha ofrecido a declararse culpable.
“Sigue siendo un rotundo ‘no’ a las preguntas que he recibido sobre si el presidente va a indultar” a Hunter Biden, afirmó la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa.
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El hijo del mandatario estadounidense ofreció este jueves por la mañana ante un tribunal de California presentar una declaración en la que aceptaría un veredicto de culpabilidad, aunque se considera inocente, según informó el canal CNN.
La decisión se tomó poco antes de que comenzara la selección del jurado en el segundo caso que afronta este año Hunter Biden, de 54 años.
Está acusado de no haber pagado aproximadamente 1,4 millones de dólares en impuestos federales durante un periodo de cuatro años, desde 2016 hasta 2019.
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De acuerdo con la acusación, “gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en vez de pagar sus impuestos”.
El hijo del presidente enfrenta una imputación de nueve cargos, entre ellos la falta de declaración y pago de impuestos y declaración de impuestos falsa o fraudulenta.
Hunter Biden se declaró no culpable en una primera audiencia del caso celebrada el pasado 11 de enero, y alegó que, aunque tarde, pagó todas sus cuentas pendientes en 2019, una vez recuperado de sus adicciones.
La imputación está liderada por el fiscal especial David Weiss, el mismo que ya presentó una primera imputación al hijo del presidente demócrata a mediados de este año por tres cargos por haber ocultado sus adicciones al adquirir un arma en 2018.
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Esta es la segunda vez que se le cita en el banquillo después de que el pasado 2 de junio fuese declarado culpable por un tribunal de en Delaware de los tres cargos que afrontaba por compra y posesión ilegal de un arma.
Por ese caso, que sentó un precedente en la historia de Estados Unidos al ser la primera vez que un hijo de un mandatario en activo era condenado, podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel.
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