Acompañado de cuatro agentes, Juan Pablo baja la montaña, dándole la espalada a una estatua de Jesús con los brazos abiertos que corona la cima. En la base, dentro de una ambulancia, está su esposa. La Patrulla Fronteriza ubicó a la pareja después de que cruzaron hacia Estados Unidos desde México en una zona desértica al este de El Paso (Texas).
Ambos tienen 25 años y vienen de Honduras. Su intención era pasar sin ser detectados, pero tras horas intentando esconderse de las autoridades, a más de 40 grados centígrados, el cuerpo de Kensy no dio más y colapsó.
“Tiene sus iniciales adentro”, dice Juan Pablo, mostrando sus anillo de matrimonio. Los paramédicos pasan un paño húmedo a su pareja por todo el cuerpo. Ella respira, tenuemente. Sus pies descalzos, inmóviles, contrastan con el blanco de la camilla.
Cada vez más personas son atendidas de emergencia o mueren en la zona fronteriza. Las altas temperaturas que han superado récords históricos y las nuevas restricciones al asilo promulgadas por la Administración de Joe Biden podrían agravar esta situación.
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Cuando la Patrulla Fronteriza necesita el apoyo de emergencia con un migrante, suena una alarma en la estación de bomberos de Sunland Park, un pequeño poblado rodeado de desierto y con montañas que hacen de frontera natural con México.
El cerro Cristo Rey, adornado por la estatua religiosa de más de 8 metros, es popular entre los católicos de la región porque está marcado con las estaciones del viacrusis.
El área también es un conocido paso de migrantes, que como Juan Pablo y Kensy intentan atravesar este hostil terreno para poder pasar a Estados Unidos.
“El verano es la temporada en la que estamos más ocupados”, señala a EFE Daniel Medrano, jefe del Departamento de Bomberos. “Esto no para y aún quedan cuatro meses”, agrega.
La mayoría de las personas que atienden están en “muy malas condiciones”. En otros casos, se encuentran ya con un cadáver.
El problema se extiende más allá de esta región. Desde hace cuatro años, el número de migrantes que mueren o que son atendidos de emergencia en toda la frontera sur no para de aumentar.
En 2022, el último año para el que se tienen datos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) reportó haber encontrado 895 cuerpos de migrantes fallecidos en la zona fronteriza.
Es el número más alto de muertes en la frontera desde 1998 y supone un aumento de más del 200 % en comparación con 2020, cuando las autoridades encontraron 254 muertos, según datos de CBP recopilados por la organización WOLA.
Del mismo modo, en 2022 se registraron más de 7.112 emergencias relacionadas con migrantes en la frontera, mientras que en 2020, esta cifra fue de 1.196.
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Las autoridades responsabilizan a los traficantes de migrantes, conocidos como coyotes, de poner en riesgo a las personas, llevándolas por rutas agrestes con la promesa de alcanzar suelo estadounidense.
“La realidad es que no es un paso seguro, sino que se puede convertir en una pesadilla”, explica a EFE Claudio Herrera, agente de la Patrulla Fronteriza
Los coyotes cruzan a los migrantes en grupos de hasta diez personas y si uno de ellos no puede seguir caminando “lo dejan atrás”, relata.
“Necesita haber un cambio de mentalidad en la comunidad migrante; que se lo piensen dos veces antes de cruzar”, subraya el agente.
No obstante, activistas y expertos consultados por EFE opinan que son las políticas de Estados Unidos las que fuerzan a los migrantes a tomar estos caminos arriesgados y a depender de los traficantes.
Las nuevas restricciones migratorias, que prohíben que la mayoría de personas que sean detenidas cruzando de manera irregular puedan pedir asilo, son un ejemplo de ello, señala Edith Tapia, experta de International Rescue Comitte.
Hasta ahora, las personas de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua cruzaban la frontera para entregarse a las autoridades y solicitar asilo.
Los cambios introducidos la semana pasada pueden provocar que los migrantes de estas nacionalidades, intenten “escabullirse” tomando caminos más remotos donde no hay agua y sufren el riesgo de insolación, agrega Fernando García, de la organización Border Network for Human Rights.
“Es una política fracasada, con un alto costo humano”, sentencia.
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