Las universidades públicas de Florida han comenzado a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), lo que permitirá a la policía escolar interrogar a los estudiantes sobre su estatus migratorio y detenerlos si sospechan que están ilegalmente en Estados Unidos.
La decisión de los decanos de los centros de estudios superiores del estado, los únicos de todo el país en hacerlo, ha generado preocupación entre estudiantes y defensores de los derechos civiles, por los efectos que puede causar entre los alumnos.
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La Universidad Internacional de Florida (FIU), ubicada en Miami y con una población estudiantil mayoritariamente hispana, confirmó que su departamento de policía recibirá capacitación para desempeñar funciones migratorias bajo supervisión federal como parte del programa 287(g).
“Tenemos que asegurarnos de tener suficiente capacidad y suficientes asientos para nuestros residentes legales del estado de Florida”, dijo en una declaración la presidenta de la FIU, Jeanette Núñez, quien fue vicegobernadora de Florida hasta febrero pasado.
La decisión de las universidades obedece al mandado proferido por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en febrero pasado que permite a las policías locales y estatales preguntar por el estatus migratorio de las personas y hacer detenciones.
No está claro si la colaboración entre las universidades y las autoridades de inmigración afectará a personas amparadas por programas migratorios como el programa de Acción Diferida para lo Llegados en la Infancia (DACA).
La FIU cuenta con aproximadamente 600 estudiantes beneficiarios del programa de DACA, que ahora enfrentan una mayor incertidumbre.
Los estudiantes internacionales también se pueden ver afectados. Entre el 25 de marzo y el 10 de abril, la Universidad Internacional de Florida (FIU) confirmó que 18 de sus estudiantes y graduados recientes perdieron sus visas F-1, lo que los obligó a abandonar sus estudios.
Según la portavoz de la FIU, Dianne Fernández, “la universidad está brindando asesoría legal a los afectados” y ha expresado preocupación por el impacto de estas medidas en la comunidad estudiantil.
En respuesta a estas revocaciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la política de cancelar visas a estudiantes extranjeros que participen en actividades que, según él, atenten contra los intereses de Estados Unidos.
“Si nos mientes, consigues una visa y entras a Estados Unidos, y con ella participas en ese tipo de actividades, te la retiraremos”, dijo Rubio, nacido y criado en la ciudad de Miami.
En Boca Ratón, una ciudad situada a 70 kilómetros al norte de Miami, la Universidad Atlántica de Florida (FAU) también ha iniciado el proceso para que su policía colabore con el ICE.
Por su parte, la Universidad del Sur de Florida (USF), en Tampa, y la Universidad Central de Florida (UCF), en Orlando, han confirmado su intención de unirse al programa 287(g), aunque aún están en proceso de formalizar los acuerdos.
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El programa 287(g), establecido en 1996, permite que el ICE delegue funciones específicas de inmigración a agencias locales y estatales. En el contexto universitario, esto significa que los departamentos de policía de los campus pueden interrogar y detener a personas sospechosas de estar en situación migratoria irregular.
Los críticos de esta medida advierten que la presencia de agentes de inmigración en las universidades podría crear un ambiente de temor y desconfianza, que disuadiría a los estudiantes de acceder a recursos esenciales y participar plenamente en la vida académica.
Hasta la fecha, la Universidad de Miami (UM), institución privada ubicada en Coral Gables, no ha suscrito acuerdos de colaboración con el ICE bajo el programa 287(g).
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