¿Por qué aumentan las muertes en operativos del ICE? La presión por detener a 2.000 migrantes al día bajo la lupa

Las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, ambos abatidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con apenas seis días de diferencia, reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza en los operativos migratorios en Estados Unidos. A estos casos se sumó la muerte de otro inmigrante mexicano en Florida, quien fue atropellado mientras huía de un operativo de la agencia. Estos trágicos hechos coinciden con la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump para elevar las detenciones hasta un objetivo de 2.000 arrestos diarios, una estrategia que ha despertado interrogantes sobre si la presión por cumplir esas metas está incrementando los riesgos durante las intervenciones y derivando en más episodios de violencia. ¿Existe una relación entre ambas situaciones?

A inicios de julio, el diario The New York Times reveló que el ICE recibió instrucciones de destinar más agentes a realizar arrestos y considerar 2.000 detenciones diarias como el nuevo objetivo, el doble de los que se realizaban cada día a principios de este año.

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Ese medio explicó que los agentes del ICE estaban deteniendo a personas durante controles de tráfico y en la calle. Precisó que la campaña estaba dando resultados, pues en solo cinco días 10.000 personas habían sido detenidas.

Tres funcionarios que conversaron con el New York Times confirmaron que a los oficiales del ICE se les comunicó que la Casa Blanca quería un aumento de las detenciones.

El incremento de las detenciones refleja la determinación del presidente Trump de cumplir una de las principales promesas que hizo durante su campaña presidencial y que ha convertido en uno de los pilares de su segundo mandato: llevar a cabo la mayor operación de deportaciones masivas de inmigrantes en la historia de Estados Unidos.

Esa estrategia, respaldada por buena parte de su base conservadora, ha venido acompañada de operativos más agresivos y de un endurecimiento de la política migratoria, lo que también ha desatado fuertes críticas por el uso de tácticas de la mano dura.

Las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero ocurrieron tras recibir disparos de agentes del ICE durante operativos de control de tráfico. A estos casos se sumó la muerte de un tercer migrante mexicano, que fue atropellado mientras huía de un operativo de la agencia en Florida.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, al menos 52 migrantes han muerto bajo custodia del ICE, mientras que ocho personas han fallecido por disparos de agentes de la agencia durante operativos migratorios, según organizaciones de derechos humanos y registros independientes.

El martes, el ICE informó que suspendió de manera temporal los controles de tráfico a consecuencia de las muertes en Texas y Maine, una decisión con la que el presidente Tump no está de acuerdo.

El miércoles, en un mensaje en Truth Social, Trump defendió los controles de tránsito del ICE y dijo que eran una herramienta “esencial” para combatir el crimen. También elogió la labor de los agentes y afirmó que su Gobierno no renunciará a esa estrategia.

¿Quiénes eran las víctimas y cómo fueron asesinadas?

El mexicano Lorenzo Salgado Araujo vivía desde hace 35 años en Estados Unidos. Trabajaba en la construcción, era padre de tres hijos y, según su familia, se encontraba en proceso de regularizar su situación migratoria.

La mañana del 7 de julio, el hombre de 52 años se dirigía a su trabajo en Houston, Texas, acompañado de su hermano y dos compañeros de labores, cuando agentes del ICE interceptaron la camioneta blanca en la que viajaban.

La versión oficial del ICE sostiene que los agentes vigilaban una vivienda relacionada con una investigación migratoria y decidieron detener la camioneta porque era similar a otros vehículos relacionados con el caso y porque uno de sus ocupantes se parecía al sospechoso que buscaban. Según la agencia, Salgado desobedeció las órdenes de los agentes, chocó contra un vehículo oficial e intentó atropellar a uno de ellos, por lo que un agente abrió fuego y lo mató en defensa propia.

Sin embargo, los tres hombres que viajaban con Salgado rechazan esa versión. A través de su abogado, Hugo Balderas, aseguraron que el mexicano nunca intentó arrollar a los agentes y que los disparos impactaron en los costados de la camioneta, lo que, según sostienen, pone en duda la versión de que el vehículo se dirigía contra los oficiales. Los tres fueron detenidos y llevados a un centro de inmigración. Son los únicos testigos directos conocidos del hecho. Hasta ahora no se ha encontrado una cámara de seguridad que haya grabado el hecho.

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que los agentes del ICE que participaron en el operativo no llevaban cámaras corporales porque no les habían sido asignadas.

Además, la congresista Sylvia García reveló que tampoco existían grabaciones de cámaras instaladas en los vehículos (dashcams), según la información que le proporcionó el director interino del ICE.

Entonces, no existe un registro audiovisual que permita corroborar la versión de los agentes sobre la presunta defensa propia.

Otro dato clave del caso es que el DHS confirmó que Salgado no era la persona que buscaban los agentes federales.

17 ciudadanos mexicanos han muerto bajo custodia o en operativos del ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero del 2025, según la Cancillería de México.

Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, era un ciudadano colombiano nacido en Bucaramanga que residía en Maine junto a su esposa y su hija de tres años. En cuanto a su estatus, su familia en Colombia ha dicho que contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos, tenía número de Seguro Social y que tenía dos empleos: por las mañanas trabajaba en una clínica veterinaria y por las tardes realizaba entregas a domicilio para complementar los ingresos familiares.

Durán murió el 13 de julio en la ciudad de Biddeford, durante un operativo del ICE. Según la versión oficial, agentes de la agencia intentaron detener el vehículo que conducía y, cuando este trató de escapar, un agente abrió fuego al considerar que el automóvil representaba una amenaza para la seguridad pública y que estaba siendo utilizado como un arma contra los oficiales.

Un video del hecho muestra que, después de los disparos, Durán no salió por sus propios medios del vehículo. En las imágenes grabadas a distancia se observa a un agente abrir la puerta del conductor y, acto seguido, el colombiano se desploma hacia el pavimento, aparentemente malherido. Mientras su esposa y su hija permanecían dentro del automóvil, los agentes lo esposaron en el suelo.

Al igual que con el caso de Salgado, posteriormente el senador independiente por Maine Angus King reveló que el secretario de Seguridad Nacional le confirmó que Durán no era la persona que buscaban los agentes federales.

A diferencia del caso de Salgado, hasta el momento no se conocen testigos civiles que hayan ofrecido una versión distinta de lo ocurrido, por lo que la reconstrucción de los hechos se basa principalmente en la información proporcionada por las autoridades.

Las autoridades han confirmado que los agentes del ICE involucrados en la muerte de Durán tampoco llevaban cámaras corporales.

El martes, un inmigrante murió atropellado por un camión en San Agustín, en el noreste de Florida, mientras intentaba huir del ICE durante un operativo. Al día siguiente el DHS confirmó que la persona era de nacionalidad mexicana.

“El 14 de julio, agentes de la ley del DHS realizaron un operativo cerca de St. Johns, Florida. La Patrulla de Caminos de Florida (FHP) y HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) están investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano”, señaló el vocero en un correo electrónico publicado por la agencia EFE.

El DHS no informó sobre su identidad ni de su estatus migratorio.

La abogada de inmigración Ysabel Lonazco, de Lonazco Law, considera que todavía es prematuro afirmar que las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero constituyen un patrón de actuación del ICE. Sin embargo, advierte que ambos casos ocurrieron en un contexto de fuerte intensificación de los operativos migratorios y, por ello, requieren investigaciones independientes que permitan determinar si existe un problema estructural.

"Son dos familias que perdieron a un padre y un esposo en menos de una semana, y cualquier análisis debe empezar por ahí“, señaló a El Comercio. Recordó que ambos hechos se produjeron mientras la administración de Trump endurecía su política migratoria y elevaba el ritmo de arrestos. “Lo que sí es objetivamente cierto es que ambos ocurrieron en el contexto de una intensificación operativa. Esa coincidencia temporal amerita que las investigaciones determinen si hay o no un problema sistémico”, afirmó.

Lonazco sostuvo que, aunque la meta fijada por la Casa Blanca de realizar unas 2.000 detenciones diarias no modifica el marco legal que regula el uso de la fuerza, sí puede incrementar la presión sobre los agentes que participan en los operativos. “Ninguna meta numérica cambia el estándar legal para el uso de la fuerza. Sin embargo, desde una perspectiva operativa, es razonable pensar que un ritmo de trabajo más acelerado puede generar más presión sobre quienes toman decisiones difíciles en cuestión de segundos”, explicó.

Respecto a que las autoridades reconocieran posteriormente que ni Salgado ni Durán eran las personas que buscaban los agentes federales, la especialista precisó que ese hecho, por sí solo, no determina una responsabilidad legal. “Lo relevante es si, en el momento del disparo, existía una creencia razonable de que esa persona representaba un peligro inminente. Que después se confirme que no era el objetivo inicial no basta para establecer responsabilidad, pero sí es un elemento que debe ser examinado dentro de una investigación independiente”, indicó.

La abogada recordó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, los agentes solo pueden recurrir a la fuerza letal cuando sea estrictamente necesaria y exista una amenaza objetiva e inminente. "Que una persona intente alejarse del agente no es, por sí solo, motivo suficiente para usar fuerza letal“, enfatizó. Agregó que, cuando el incidente involucra un vehículo, los agentes deben valorar si realmente existe un riesgo de muerte o lesiones graves para ellos o para terceros antes de abrir fuego.

De mantenerse el actual ritmo de operativos, Lonazco prevé un incremento de las demandas civiles contra el Gobierno federal, investigaciones por posibles violaciones de derechos civiles y un mayor escrutinio sobre los procedimientos del ICE.

Consideró positiva la decisión inicial del Departamento de Seguridad Nacional de suspender temporalmente la mayoría de los controles de tráfico y ampliar el uso de cámaras corporales, aunque lamentó que esa medida fuera revertida en menos de 24 horas tras la oposición del presidente Trump.

Finalmente, advirtió que el impacto de esta política va más allá de los tribunales. "El escenario que veo es que nuestra comunidad inmigrante está muy temerosa de salir a las calles y seguir con sus vidas con normalidad“, señaló. Por ello, recomendó a los inmigrantes, especialmente a quienes se encuentran en situación irregular, buscar asesoría legal e informarse sobre sus derechos constitucionales. ”Sea cual sea su estatus migratorio, la Constitución de este país los protege“, concluyó.