Juan Orlando Hernández: “Indultar a un condenado por narcotráfico desarma el discurso antidrogas de Trump”

Trump apuntala su actual estrategia militar en el Caribe, hasta donde ha desplazado buques de guerra, un portaaviones, un submarino y miles de marines, en la lucha contra las drogas. En ese contexto, ha declarado organización terrorista al denominado Cártel de los Soles y ha señalado al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el cabecilla de esa organización. Por su cabeza ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. Actualmente, el líder chavista tiene una acusación formal en un tribunal de Nueva York.

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Hernández fue extraditado a Estados Unidos en el 2022, juzgado en Nueva York y condenado en el 2024 a 45 años de prisión por su participación directa en una estructura que utilizó al Estado Hondureño como plataforma para el tráfico de cocaína. Durante su mandato, según la acusación fiscal, las instituciones no combatieron el crimen: lo protegieron.

El caso se convirtió en un símbolo de la corrupción política vinculada al narcotráfico en América Central y fue presentado como una victoria de la justicia estadounidense sobre la impunidad.

Trump empezó a hablar del indulto a Hernández en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales en Honduras del domingo 30 de noviembre. El exmandatario fue puesto en libertad el 1 de diciembre.

El presidente de Estados Unidos trató de influir en las elecciones al pedir abiertamente el voto por el candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, el mismo movimiento político de Juan Orlando Hernández.

Para defender el indulto, Trump ha dicho que Hernández fue víctima de una “cacería de brujas”, que la administración del ex presidente Joe Biden le tendió una trampa y que no hubo una justicia imparcial.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes que la condena a Hernández fue el resultado de un juicio politizado.

Leavitt afirmó que Hernández destacó durante el juicio que “prácticamente no se presentó ninguna prueba independiente, y que gran parte de su condena se basó en el testimonio de muchos delincuentes confesos que esperaban que cooperar reduciría sus propias penas”.

“Así que el presidente (Trump) escuchó las preocupaciones de muchas personas, como siempre hace, y, desde luego, está dentro de su autoridad constitucional firmar el indulto para aquellos que son merecedor de el”, concluyó la portavoz.

Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian, la decisión de Trump de indultar a Hernández ha abierto una grieta profunda en el discurso de “mano dura” que su propia administración dice sostener contra el crimen organizado. Agrega que resulta imposible conciliar ambas posturas sin caer en una contradicción evidente: “Con un mínimo de coherencia, se habría esperado que nunca indultara a una persona condenada por un tribunal estadounidense”, subraya. Recuerda que la sentencia no fue obra de una fiscalía, sino resultado del veredicto de un gran jurado.

El entrevistado pone en duda el argumento de la defensa de Hernández y de la misma administración Trump, que sostienen que el proceso fue una “trampa” de los demócratas. “¿Se supone que las 12 personas del jurado también fueron manipuladas?”, cuestiona, al calificar de absurdo ese planteamiento.

En su lectura, el mensaje implícito del indulto es peligroso: se relativiza el delito cuando hay conveniencia política. “Es como decir: sí, es un narco, pero es nuestro narco”, resume con dureza, aludiendo a una vieja lógica de tolerancia selectiva en la geopolítica estadounidense.

Más allá del caso individual, Belaunde advierte que el indulto envía una señal inquietante a otros líderes y funcionarios de la región que han estado vinculados a redes de corrupción o narcotráfico. A su juicio, lo que se transmite es que la cercanía ideológica con Trump podría convertirse en una suerte de salvoconducto político y judicial. “Hazte su amigo, comparte su discurso y no te pasará nada”, ironizó, señalando que esto podría alentar a otros actores cuestionados a buscar protección política en lugar de rendir cuentas.

Belaunde sostiene que la decisión también puede erosionar la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y América Latina, especialmente en materia de extradiciones y uso de testigos colaboradores. Washington ha basado decenas de condenas —incluidas algunas de cadena perpetua— en testimonios de narcotraficantes que negocian penas menores a cambio de información. Descalificar ahora ese mecanismo, solo cuando afecta a un aliado político, debilita toda su arquitectura judicial. “Con ese mismo argumento, mañana podrían pedir la anulación de otros juicios emblemáticos, como el de ‘El Chapo’ Guzmán”, advirtió.

Finalmente, el caso pone en entredicho la legitimidad del actual despliegue militar de EE.UU. en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Para el entrevistado, Trump pierde autoridad moral y política para presentarlo como una operación antidrogas, cuando ha perdonado precisamente a un expresidente condenado por esos delitos. “Es una contradicción enorme que le quita peso a todo lo que dice”, concluyó.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó tres cargos contra Juan Orlando Hernández: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico.

Según la tesis de los fiscales estadounidenses, Hernández, junto a otros coacusados, incluidos miembros de su familia y colaboradores cercanos, participó por años en “una conspiración de narcotráfico corrupta y violenta para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia sostuvo que Hernández presuntamente recibió millones de dólares en sobornos para “utilizar su cargo público, las fuerzas del orden y el ejército para apoyar a organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.

“Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras desde 2014 hasta 2022 para operar el país como un narcoestado”, dijo el entonces secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, cuando se dio a conocer la acusación.

En este punto, cabe precisar que Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, hermano del exmandatario, fue sentenciado en el 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el manejo de armas.

La única prueba física contra Hernández, y una de las más llamativas, son las denominadas ‘narcolibretas’ de contabilidad que fueron recuperadas por la policía militar hondureña en el 2018, junto con armas de fuego, granadas y dinero en efectivo, en un automóvil donde viajaba como pasajero un narcotraficante identificado como Nery Orlando López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza.

Miguel Reynoso, uno de los detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Honduras que participó en el operativo, confirmó en el juicio que las ‘narcolibretas’ aparecieron en un compartimento oculto de un vehículo.

En las ‘narcolibretas’, Magdaleno Meza apuntaba cada pago que hacía a políticos.

Entre los receptores de dinero estaban los nombres de Tony Hernández y JOH, el acrónimo por el que es conocido el expresidente de Honduras.

“Me llamó la atención el nombre y lo que se encontró”, dijo el exdetective, cuya pericia para el manejo y la seguridad de los documentos fue cuestionada por la defensa de Hernández, cuya estrategia fue poner en duda la fiabilidad de colaboradores con la justicia estadounidense, reportó la agencia AFP.

“Revisamos las libretas e hicimos fotocopias”, dijo Reynoso.

Al ser consultado sobre el proceso para proteger esas presuntas evidencias, Reynoso dijo que empacaron las libretas en bolsas plásticas y que volvió a verlas en el 2019, al ser entregadas a la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, donde se realizó el juicio. Según respondió, no tenían señales de haber sido adulteradas.

Esas mismas ‘narcolibretas’ fueron usadas como prueba para condenar a Tony Hernández y a su colaborador Geovanny Fuentes. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua por el juez Kevin Castel, el mismo que condujo el proceso contra Juan Orlando Hernández.

Los fiscales también usaron a testigos que apuntaron directamente al exmandatario de Honduras.

Por ejemplo, el narcotraficante hondureño Alexander Ardón, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años de prisión, testificó en el juicio contra Hernández y habló en detalle sobre los vínculos del exmandatario con el narcotráfico y el esquema de sobornos que ayudaron a este último a crecer en su carrera política.

Ardón manifestó que Hernández tenía vínculos con los líderes del mexicano Cártel de Sinaloa. Agregó que esta relación le daba confianza a la mafia para traficar toneladas de droga entre Honduras y Guatemala, reseñó la agencia EFE.

Este testigo de la fiscalía era el hombre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en Honduras. Ardón asegura que le daba “seguridad” y que también le compraba la droga al hermano de Juan Orlando Hernández, ‘Tony’ Hernández.

Alexander Ardón sostuvo que ‘El Chapo’ Guzmán presuntamente pagó a ‘Tony’ Hernández un millón de dólares para la campaña presidencial de su hermano a cambio de protección para una ruta usada para enviar cocaína.

En el contrainterrogatorio, los abogados de Hernández consiguieron que Ardón admitiera que no podía confirmar si el dinero que supuestamente recibió ‘Tony’ Hernández de parte de Guzmán, en nombre de su hermano, finalmente llegó a manos de Juan Orlando Hernández y su campaña electoral.

Ardón, que era alcalde de El Paraíso, en el Departamento de Copán, dijo que en una reunión que sostuvo con Juan Orlando Hernández en casa de éste en el 2013, previo a las elecciones de noviembre ese año, JHO le pidió que no buscara la reelección “porque los medios hablaban de que era narcotraficante (Ardón), y que financiaba parte de su campaña”.

El hondureño indicó que aceptó el pedido de Hernández, quien le dijo además que esos vínculos con el narcotráfico no eran buenos para su campaña.

Ardón aseguró que a cambio Hernández le prometió que no sería extraditado a Estados Unidos bajo su presidencia.

El testigo también señaló que él mismo entregó dinero procedente del narcotráfico a los alcaldes del departamento de Copán para que compraran votos que ayudaran a la campaña presidencial de Hernández.

De acuerdo con Ardón, luego de que Hernández ganara la presidencia en el 2013, los narcotraficantes hermanos Valle fueron deportados a EE.UU. pese a supuestas garantías de que no entrarían presos.

El encarcelamiento de los Valle fue cuestionado por los líderes del Cártel de Sinaloa. A estos, Ardón les aseguró que hablaría con Juan Orlando Hernández, lo que posteriormente hizo, pero éste le dijo que “los habían extraditado porque trataron de matarlo”.

Otro testigo identificado como José Sánchez, un contador de la empresa Graneros Nacionales, sitio de reunión de narcotraficantes, vinculó a Hernández con el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, sentenciado en el 2022 a cadena perpetua en Estados Unidos.

Sánchez dijo que estuvo presente en dos reuniones entre Fuentes y Hernández, y sostuvo que escuchó a Juan Orlando Hernández decir que “vamos a meterles la droga en las narices a los gringos y no se van a dar cuenta”.

También dijo que estuvo presente cuando Geovanny Fuentes Ramírez supuestamente le entregó dinero a Hernández, quien entonces era candidato a la presidencia, y agregó que aun cuando existe una grabación del momento él no cuenta con las pruebas del presunto hecho.

Durante su intervención, el abogado defensor Renato Stabile insistió en que la Fiscalía no dispone “ni de videos, ni de grabaciones, ni de correos o mensajes de texto” que prueben sus señalamientos contra Hernández.

También descalificó el valor de las fotografías de Hernández con narcotraficantes con el argumento de que era un presidente muy popular y que todo el mundo se fotografiaba con él allá donde iba.

Stabile aseguró que su cliente hizo que el narcotráfico se redujera en un 18 % en Honduras, y que colaboró con numerosos departamentos del Gobierno de Estados Unidos, como la DEA y el Departamento de Justicia, en su labor antidrogas.

Fruto de esa cooperación, Stabile dijo que debían considerarse los casos de los 21 narcotraficantes capturados y extraditados a Estados Unidos durante el Gobierno de Hernández.

El abogado argumento ante los miembros del jurado que su cliente era víctima de complots de venganza por parte de “gente depravada” que traficaba con drogas, asesinaba en masa y quería clemencia por parte de Estados Unidos. “Son auténticos psicópatas”, añadió.

El propio Juan Orlando Hernández rechazó los dichos de los testigos de la Fiscalía, pues aseguró que se trataba de narcos que querían vengarse de él por haberlos perseguido, y que solo buscaban reducir sus propias condenas en Estados Unidos.