Khalid Sheikh Mohammed, el “cerebro” del 11S, será juzgado en 2028: ¿por qué lleva 23 años detenido sin juicio?

La fiscalía había solicitado que el juicio se llevara a cabo en enero del 2027. Sin embargo, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael A. Schrama dijo en un escrito que los 18 meses adicionales son necesarios para resolver disputas previas al proceso, incluidos desacuerdos sobre qué pruebas pueden presentarse.

Los otros dos acusados son Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi. El primero es un ciudadano saudí-yemení y miembro de Al Qaeda que está acusado de participar en la planificación de los atentados y de realizar tareas de inteligencia para preparar la operación. Mientras que el segundo es de nacionalidad saudí y está señalado de haber sido facilitador financiero y logístico que ayudó a algunos de los terroristas autores del 11S.

Mohammed fue detenido el 1 de marzo de 2003 en Pakistán y trasladado a una red instalaciones secretas de la CIA, entre ellos una ubicada en Polonia, donde permaneció bajo custodia clandestina tres años antes de ser enviado a Guantánamo en el 2006. Durante su cautiverio inicial fue sometido a tortura, mediante técnicas de interrogatorio como el ahogamiento simulado o submarino.

Esas prácticas están entre las razones por las que la admisibilidad de las pruebas se convirtió en uno de los principales obstáculos para el inicio del juicio, señala a El Comercio Francesco Tucci, director de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

“Los acusados pasaron por centros secretos de la CIA antes de ser trasladados a Guantánamo y fueron sometidos a métodos de interrogatorio que han sido denunciados como tortura. Esto generó una contaminación de pruebas y abrió durante años una batalla legal para establecer cuáles podían ser admitidas y cuáles debían descartarse por vulnerar la legislación estadounidense”, señala.

Tucci agrega que a ello se suma el particular sistema creado para juzgar a los detenidos de Guantánamo. En lugar de llevarlos ante tribunales federales ordinarios, Estados Unidos estableció comisiones militares.

Para Tucci, las sucesivas modificaciones de las normas sobres las comisiones militares por parte del Congreso, y las decisiones de la Corte Suprema que declararon inconstitucionales algunas disposiciones, terminaron generando un complejo escenario jurídico.

“Hubo un enredo relacionado con el sistema para juzgar a estos terroristas y supuestos terroristas”, resume el analista.

Otro factor que ha complicado el proceso fueron las negociaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad. En el 2024, Mohammed y otros acusados aceptaron declararse culpables a cambio de evitar la pena de muerte y recibir cadena perpetua. Sin embargo, el acuerdo fue posteriormente revocado por el entonces presidente Joe Biden, por lo que la posibilidad de una condena a muerte sigue sobre la mesa.

Tucci indica que la dimensión logística del proceso será un enorme desafío, pues se requiere de abogados civiles y militares, fiscales, jueces, traductores y testigos, factores que dificultan organizar las audiencias en Guantánamo.

Agrega que existe otro obstáculo menos visible: la enorme cantidad de información clasificada relacionada con el caso. “Hay millones de páginas de documentos secretos que deben ser revisados, lo que ha ralentizado el intercambio de información entre la acusación y la defensa”.

Tucci sostiene que trasladar a los acusados a territorio continental estadounidense para someterlos a un tribunal federal habría generado un complejo problema jurídico. La decisión de mantenerlos en Guantánamo respondió a la intención de crear un espacio distinto al de los tribunales federales, que podrían no avalar ciertas prácticas.

¿El motivo? “La detención de ellos estuvo en una zona gris. Pasaron años encarcelados sin cargos”, precisa.

El analista enfatiza que Guantánamo es un “agujero negro del derecho”, tanto desde la perspectiva estadounidense como internacional, y considera que esa condición fue buscada de manera deliberada desde el establecimiento del centro de detención durante el gobierno de George W. Bush.

“Nadie ha cerrado Guantánamo, ni Barack Obama, que lo prometió, ni Joe Biden”, afirma Tucci.

El especialista también cuestiona la contradicción entre el papel de Estados Unidos como crítico de las violaciones a los derechos humanos en otros países y la existencia de Guantánamo. “Se llama doble rasero”, dice.

El analista sostiene que no se trata de un fenómeno nuevo y recuerda que durante la Guerra Fría Washington respaldó o toleró a gobiernos aliados acusados de graves violaciones de derechos humanos. Para Tucci, la política exterior estadounidense suele estar condicionada por sus intereses estratégicos.

“Cuando a Estados Unidos le conviene, los derechos humanos no están en el top tres de las prioridades”, afirma.

Refiere que el caso de Guantánamo es, precisamente, una muestra de esa tensión entre el discurso estadounidense de defensa de los derechos humanos y las decisiones adoptadas cuando están en juego intereses de seguridad y su política de potencia.

En la mañana del 11 de setiembre del 2001, dos aviones de pasajeros secuestrados por terroristas de Al Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, lo que marcó el inicio de una serie de ataques coordinados ese día contra Estados Unidos. Luego, otra nave fue dirigida contra el Pentágono y la cuarta terminó estrellada en un campo de Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron ese día y miles más resultaron heridas.

Inicialmente, la autoría intelectual de los atentados fue adjudicada a Osama Bin Laden, el terrorista saudí cabecilla de Al Qaeda. Sin embargo, luego se supo que este fue el financista de la operación y quien autorizó los ataques, pero el cerebro fue realmente Khalid Sheikh Mohammed.

El informe de la Comisión del 11S, un órgano independiente y bipartidista creado por ley del Congreso de Estados Unidos, dice que Mohammed era un “terrorista contratista” que tenía la motivación y las ideas para los atentados, pero no la financiación ni la logística necesarios para llevarlos a cabo.

Khalid Sheikh Mohammed nació el 1 de marzo de 1964 en Kuwait. Es de origen baluchi y sus padres procedían de Pakistán.

Pasó buena parte de su infancia en su país y posteriormente estudió en Estados Unidos: en 1986 obtuvo una licenciatura en ingeniería mecánica en la North Carolina Agricultural and Technical State University (NC A&T), en Greensboro, Carolina del Norte.

Según la Comisión del 11-S, Mohammed y Bin Laden se conocieron en Afganistán durante la guerra contra la Unión Soviética, en la década de 1980.

Se volvieron a encontrar a mediados de 1996 en Tora Bora, Afganistán. Mohammed había regresado a ese país después de huir de Qatar.

A través de Mohammed Atef, entonces jefe militar de Al Qaeda, consiguió reunirse con Bin Laden. Allí le presentó varias propuestas de atentados contra intereses de Estados Unidos, entre ellas estaba la idea de secuestrar 12 aviones estadounidenses que partirían del Medio Oriente para hacerlos estallar.

Esa idea evolucionaría hasta convertirse en el plan del 11S, que fue utilizar aviones como armas para atacar edificios en territorio estadounidense.

Tras ser capturado en Rawalpindi, Pakistán, en el 2003, Mohammed fue llevado por la CIA a prisiones secretas en Polonia para ser interrogado. En un período de un mes, fue fue sometido al ahogamiento simulado 183 veces.

También fue torturado mediante la privación de sueño y posiciones dolorosas.

Según una investigación del Senado de Estados Unidos, todas sus confesiones bajo tortura resultaron ser falsas.

Sin embargo, luego de su traslado a Guantánamo en setiembre del 2006, confesó a un tribunal militar que él era “responsable de la operación del 11 de setiembre de la A a la Z”, de acuerdo con un reporte de la agencia AFP.

También dijo haber estado detrás de otra treintena de operaciones relacionadas con Al Qaeda en Bali y Kenia, así como con el secuestro y muerte del periodista estadounidense Daniel Pearl, ocurrida en febrero del 2002 en Pakistán.