Claves sobre el regreso a prisión de Kilmar Ábrego García y su posible deportación a Uganda

Kilmar Ábrego García, quien se ha convertido en el rostro de las represiones migratorias del presidente Donald Trump, se encuentra detenido en una instalación en Virginia y enfrenta una posible deportación a Uganda, en África Oriental.

El salvadoreño de 30 años y residente de Maryland fue detenido el lunes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) en Baltimore después de salir de una cárcel en Tennessee el viernes. Funcionarios federales han dicho que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, una acusación que él rechaza.

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Los abogados de Ábrego García, un trabajador en la industria de la construcción, combaten los esfuerzos de deportación en los tribunales, argumentando que tiene derecho a expresar su temor a ser perseguido y torturado en Uganda. El salvadoreño también ha dicho a las autoridades de inmigración que, si debe ser expulsado de Estados Unidos, preferiría ser enviado a Costa Rica.

Se trata del más reciente giro en una larga y complicada saga legal en torno a las estrictas políticas de deportación de la Casa Blanca.

Aquí lo que hay que saber sobre el caso a medida que avanza el proceso de deportación y una demanda relacionada:

¿Por qué lo quieren deportar?

Ábrego García ingresó a Estados Unidos sin documentación cuando tenía 16 años. Se estableció en Maryland, trabajó en la construcción, se casó y formó una familia.

Un juez federal de inmigración lo consideró elegible para ser deportado en 2019, pero no hacia su natal El Salvador, donde enfrenta amenazas creíbles de violencia por parte de las pandillas locales.

El gobierno de Trump deportó a Ábrego García a El Salvador en marzo, en violación de la orden de 2019. Su esposa, una ciudadana estadounidense, interpuso con éxito una demanda en junio para traerlo de regreso al país. A su llegada fue acusado de tráfico de personas en Tennessee, cargos que sus abogados han calificado de absurdos y vengativos.

El gobierno federal intenta deportarlo nuevamente —antes de su juicio— asegurando que es un peligro para la comunidad. Las negociaciones confidenciales sobre una declaración de culpabilidad en su caso penal se han convertido en una oportunidad para que ambas partes intercambien acusaciones.

Abogados: Uganda es un castigo

Después de que el gobierno federal se vio obligado a traer de regreso a Ábrego García en junio, funcionarios del ICE prometieron deportarlo hacia un país no especificado. Minutos después de que fue liberado de su custodia penal en Tennessee el viernes, el ICE señaló que sería enviado a Uganda.

Ábrego García notificó el sábado al gobierno de Estados Unidos que tiene miedo de ser deportado a Uganda, donde cree que podría ser objeto de torturas. Añadió que también le preocupa que Uganda lo envíe de regreso a El Salvador, donde afirmó que ha sido torturado en ocasiones anteriores.

En un aviso por separado, señaló que preferiría ser deportado a Costa Rica.

Los avisos se incluyeron en la demanda presentada el lunes, en la que se argumenta que Estados Unidos está castigando a Ábrego García por haber impugnado con éxito su deportación a El Salvador, negarse a declararse culpable de los cargos de contrabando y por buscar su liberación de la cárcel en Tennessee.

Mientras tanto, figuras de oposición en Uganda han criticado el acuerdo con Estados Unidos para recibir a migrantes deportados, cuestionando la falta de aprobación parlamentaria y asegurando que el acuerdo alivia la presión política sobre el presidente del país.

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Sin supervisión parlamentaria, “todo el esquema apesta”, declaró Mathias Mpuuga, hasta hace poco líder de la oposición en la asamblea nacional de Uganda.

Afirmó que Uganda ya pasa problemas para cuidar de los refugiados que huyen de la violencia en países vecinos. De momento se desconoce lo que las autoridades ugandesas reciben a cambio de aceptar deportados.

Costa Rica y los acuerdos de culpabilidad

La idea de deportar a Ábrego García hacia Costa Rica surgió durante las prolongadas negociaciones entre fiscales y abogados en su caso de tráfico de personas.

Ábrego García está acusado de aceptar dinero para transportar a personas que estaban en el país sin autorización legal. Se ha declarado inocente y le ha solicitado a un juez que desestime el caso, asegurando que las acusaciones se presentaron únicamente para castigarlo por impugnar su deportación. El inicio del juicio está programado para enero.

Los cargos se derivan de una parada de tránsito por exceso de velocidad en Tennessee en 2022. Había nueve pasajeros en la camioneta y Ábrego García portaba 1.400 dólares en efectivo. Mientras los agentes discutían sus sospechas de contrabando se le permitió seguir su camino y recibió únicamente una advertencia.

Un agente de Seguridad Nacional testificó que no comenzó a investigar el caso hasta abril, cuando el gobierno enfrentaba una creciente presión para traer a Ábrego García de regreso a Estados Unidos.

Fiscales y abogados defensores comenzaron discusiones confidenciales sobre un posible acuerdo de culpabilidad a mediados de julio, según documentos judiciales. Ábrego García sólo estaba interesado en un acuerdo en el que “sea deportado a un tercer país de habla hispana en América del Norte o Central —como México— donde pueda vivir libre y seguro” después de cumplir su condena en Estados Unidos.

En conjunto con el Departamento de Estado, la fiscalía federal pudo alcanzar un acuerdo con Costa Rica para que Ábrego García sea recibido en ese país como inmigrante legal, sin que sea detenido ni deportado nuevamente hacia El Salvador. Los fiscales creían que las dos partes estaban muy cerca de un acuerdo la semana pasada.

Pero minutos después de que Ábrego García salió de la cárcel el viernes, el ICE informó a sus abogados que tenía la intención de deportarlo a Uganda.

Los abogados defensores publicaron el sábado detalles de las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad en un documento judicial. Aseguraron que la amenaza de deportación a Uganda era una prueba más de la naturaleza vengativa del caso penal y otro motivo para desestimarlo.

La fiscalía respondió el lunes, defendiendo su manejo de las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad y acusando a los abogados defensores de “torcer los esfuerzos de buena fe del gobierno en algo siniestro”.

Temor razonable

En su demanda, los abogados de Ábrego García pidieron al tribunal que garantice que su cliente pueda ejercer sus derechos constitucionales, incluidos los procedimientos y apelaciones ante un tribunal de inmigración.

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Simon Sandoval-Moshenberg, abogado principal de inmigración de Ábrego García, dijo el lunes a los periodistas que tiene derecho a una entrevista de temor razonable, en la que puede expresar su miedo a ser perseguido o torturado en Uganda.

Si las autoridades determinan que Ábrego García carece de temor razonable, debería poder solicitar a un juez federal de inmigración que revise esa decisión, dijo su abogado. De ratificarse el fallo, Ábrego García debería poder llevarlo ante un tribunal federal de apelaciones.

El gobierno federal podría simplemente enviar a Ábrego García a Costa Rica, que ya dijo que lo aceptaría, según la demanda. Pero el gobierno eligió a Uganda “para castigarlo”.

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Agencia AP

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