Una jueza federal en Maryland ordenó pausar temporalmente el requisito impuesto al Gobierno estadonidense para dar actualizaciones sobre el caso de Kilmar Ábrego García, un migrante enviado “por error” a una cárcel en El Salvador, tras un acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y su representación legal.
En una orden emitida en la noche del miércoles, la jueza Paula Xinis instruyó pausar la fase probatoria del caso hasta el 30 de abril, en respuesta a una petición del Gobierno estadounidense que fue presentaba bajo sello.
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Xinis, que ha criticado duramente a la Administración de Donald Trump por su falta de transparencia en el caso de Ábrego, ha presionado a los abogados del Gobierno a que entreguen documentos que prueben que están haciendo las gestiones necesarias para devolver al migrante, nacido en El Salvador y afincado en Maryland hace más de 10 años.
Este nuevo acuerdo llega después de que el Gobierno Trump asegurara en declaración jurada que están involucrados en “discusiones diplomáticas apropiadas” con El Salvador sobre Ábrego, pero que se negara a entregar públicamente información específica sobre estos acercamientos.
Ábrego, arrestado en un retén de tráfico en Maryland, fue trasladado hace más de un mes a El Salvador. El Gobierno Trump lo acusa de formar parte de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a pesar de que no tiene antecedentes penales y sin entregar pruebas que lo vinculen definitivamente con esta organización delictiva transnacional.
Ábrego García fue enviado inicialmente a la prisión de máxima seguridad salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos, y posteriormente fue trasladado a otra cárcel del país centroamericano, según confirmaron funcionarios estadounidenses.
El traslado de Ábrego al CECOT ha desatado una batalla jurídica en Estados Unidos, después de que la Casa Blanca admitiera en un primer momento que lo había deportado por “un error administrativo”.
El Gobierno Trump ha iniciado, en cambio, una campaña de descrédito en contra de Ábrego García, al que ha calificado de “terrorista” y al publicar decenas de documentos judiciales de las distintas interacciones que el migrante ha tenido con las autoridades, a pesar de que no ha sido acusado o condenado de algún crimen.
Una serie de legisladores demócratas han viajado a El Salvador para pedir la liberación del migrante y el senador Chris Van Hollen logró que el Gobierno de Nayib Bukele le permitiera conversar con él.
Ábrego es uno de los más de 200 extranjero -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados al CECOT sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.
Por su parte, el Gobierno Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las organizaciones delincuenciales transnacionales Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
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Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo que respalda la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a “facilitar” el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT y como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario salvadoreño.
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