¿Trump abusó de su poder al enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles? Esto opina una experta

El lunes, Trump duplicó el número de soldados de la Guardia Nacional desplegados en California hasta 4.000 y ordenó la movilización de un batallón de 700 marines a Los Ángeles.

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MIRA: ¿Por qué hay protestas en Los Ángeles y cómo son las redadas del ICE que provocan el levantamiento de los inmigrantes?

El estado de California presentó el lunes una demanda contra el gobierno de Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. El gobernador Newsom dijo que también presentaría una demanda para impedir el despliegue de los infantes de marina.

Las manifestaciones comenzaron el viernes, después de que agentes del ICE hicieran redadas en el distrito textil de Los Ángeles en busca de personas sospechosas de ser migrantes indocumentados, como parte de la nueva estrategia del gobierno de Trump de hacer operaciones en los lugares de trabajo y lograr así su meta de 3.000 detenciones por día en todo el país.

La Guardia Nacional de Estados Unidos es una fuerza militar de reserva compuesta por ciudadanos entrenados que sirven tanto bajo la autoridad de los estados como del gobierno federal. Sus miembros pueden ser movilizados para misiones en el país, como desastres naturales, disturbios civiles o emergencias, y también para operaciones militares en el extranjero. En cuanto a armamento, utilizan equipo militar estándar, incluyendo fusiles M4, ametralladoras, pistolas y vehículos blindados ligeros.

De acuerdo con el diario The New York Times, los agentes fueron recibidos por manifestantes que gritaban lemas como ¡Fuera ICE! y arrojaron huevos antes de ser dispersados por las fuerzas del orden, que usaron aerosoles de gas pimienta y munición no letal.

Las manifestaciones continuaron el sábado, tanto en el centro como en el área metropolitana de Los Ángeles, incluida la ciudad de Paramount, de mayoría latina. Las fuerzas del orden hicieron detenciones y, en algunos casos, utilizaron municiones antidisturbios, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes, que incendiaron algunos vehículos.

A las 6 de la tarde de ese sábado, Trump firmó la orden para el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Dijo que era para proteger a los oficiales federales que llevan a cabo operaciones migratorias, y también para resguardar los edificios federales. Era la primera vez desde 1965 que un presidente activaba a la Guardia Nacional de un estado sin una petición del gobernador de ese estado.

¿Pero está justificado el uso de militares contra las protestas en Los Ángeles? El Comercio conversó sobre el tema con Kira Romero-Craft, abogada del Brennan Center for Justice y especialista en derechos civiles.

-¿Desde el punto de vista legal, en qué circunstancias puede el presidente desplegar tropas federales en un estado? ¿Se está cumpliendo con los requisitos en el caso de Los Angeles?

Como ya sabemos, el presidente Trump envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles para sofocar las manifestaciones. Realmente se debe de utilizar este tipo de nivel militar solo en casos de emergencia. Lo que vemos es que las personas que están protestando están siendo controladas por las fuerzas policiales civiles. No se ha dado algo que es clave: el estado, en este caso el gobernador de California, no ha pedido la asistencia federal porque la policía tiene la situación bajo control. Bajo las leyes estadounidenses, sí hay la posibilidad de que el presidente pueda tomar acción, pero Trump lo ha hecho bajo una ley que no se utiliza de manera ordinaria, una norma que es para cuando hay rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos. Para casos como el de Los Ángeles se invoca otra norma. Lo que ha hecho el presidente es escalar la situación sin que sea necesario, porque lo que estamos viendo son simplemente manifestantes.

-¿Hay una diferencia legal entre el uso de la Guardia Nacional y el despliegue de Marines en lugares donde hay protestas?

Sí, porque en el caso de la Guardia Nacional hay más oportunidad de que el presidente pueda llamarlos, a diferencia de militares como los marines. Sin embargo, ahora la Guardia Nacional se está pareciendo más a una fuerza militar. Entonces, igual pensamos que es un abuso del poder del presidente utilizar de esta forma tanto a la Guardia Nacional como a los militares, en una situación que ya está bajo control policial y que, más importante, el gobernador no ha pedido este tipo de asistencia.

-¿Qué riesgos representa esta militarización para los derechos civiles de los manifestantes y de los residentes en general?

Eso es la clave, porque existe una ley antigua, la Ley Posse Comitatus, que prohíbe en gran medida el uso de las fuerzas armadas dentro de Estados Unidos. Prohíbe utilizarlos en la forma en la que se está haciendo porque siempre se quiso proteger los derechos civiles de las personas en este país contra la fuerza armada. Se supone que los militares no están entrenados para trabajar en la función del policía. Los militares están entrenados para pelear y derrotar a un enemigo y, ciertamente, enemigos extranjeros. Hay un peligro grave no solo por este hecho, lo que está pasando en Los Ángeles, pues en el memorándum del sábado el presidente dijo que lo haría en cualquier lugar de Estados Unidos donde haya protestas contra ICE. Él básicamente está diciendo que piensa utilizar esta fuerza contra cualquier manifestante que está protegido bajo la Constitución de los Estados Unidos y la ley

-¿Qué protección tienen los ciudadanos frente a posibles abusos de poder o uso excesivo de la fuerza por parte de tropas federales? ¿Qué pueden hacer si sienten que sus derechos han sido violados?

Hay muchas herramientas diferentes que pueden utilizar. Primero, deben estar afiliados o coordinados con las organizaciones que conocen las leyes sobre cómo se pueden realizar protestas. Muchas veces las personas que están organizando protestas trabajan con los policías. Si se necesita un permiso, ellos averiguan las leyes. Deben tener en cuenta que en el momento de una protesta, las cosas pueden cambiar minuto a minuto. Obviamente, hay personas que van con unas intenciones diferentes, pero lo que hemos visto bastante hasta ahora es que son protestas pacíficas. Los abogados también pueden hacer las funciones de observadores en las protestas, y hay reporteros que registran todo. Uno debe instruirse antes de ir a una protesta, tener mucho cuidado, pero la protesta está protegida por la ley y la Constitución de este país.

-Desde una perspectiva de los derechos civiles, ¿qué precedentes está dejando esta decisión del presidente para futuras protestas en Estados Unidos?

Lo que estamos viendo es un abuso del poder, es lo que pensamos que, desafortunadamente, está pasando en este país; ese es el mensaje que se está transmitiendo, es una comunicación muy clara. El gobernador de California ya presentó una demanda contra el despliegue de la Guardia Nacional. Igual las personas que están protestando creo que van a utilizar las cortes si pasa algo.

-¿Es legal que agentes del ICE realicen operativos vestidos de civil, enmascarados y muchas veces sin identificarse?

Está fuera de la norma que se ha venido utilizando en Estados Unidos. La norma no dice que ICE no deba identificarse en las redadas que está haciendo. También es cuestionable la forma en la que están deteniendo a las personas, no solo a indocumentados, porque también hemos visto arrestos de personas que están con permiso, que están completamente legales en este país. Entonces, en la medida en la que están escalando estas operaciones contra la comunidad, obviamente hay un efecto en estas, una reacción. Este problema de inmigración lleva décadas, y en todos estos años no ha habido un cambio de ley para ajustar la situación a la realidad que estamos viviendo en este país. Y la realidad es que hay millones de personas indocumentadas que ya son parte de las comunidades. No están aquí ni un año, ni dos años, aunque sí hay personas que recién llegaron, pero hay personas que han estado ya por décadas. Lo que está utilizando ahora la administración son herramientas para detener y deportar a personas que ya son parte de la comunidad.

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