Los cientos de familias que luchan por no perder sus casas en plena burbuja inmobiliaria en Miami

Están registradas como casas rodantes, casas móviles o trailers, pero la mayoría tienen el aspecto, la estructura y las comodidades de cualquier vivienda de un barrio residencial.

Asentada sobre cemento, con 5 habitaciones, 3 baños, un generoso patio y doble garaje techado, el hogar que Ricardo Muñiz comparte desde hace 15 años con su esposa, su hijo y su suegra es uno de los más acomodados del parque de casas móviles Li’l Abner.

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Ahora teme quedarse en la calle: “Lo invertimos todo aquí y no nos dan las cuentas para pagar un alquiler con los precios actuales”, explica a BBC Mundo.

Este barrio de 800.000 metros cuadrados en el oeste de Miami acogía hasta hace unos meses a unas 900 familias, más de 3.000 personas en total, la mayoría latinoamericanos asentados desde hace décadas en Estados Unidos.

El pasado noviembre todos ellos recibieron la primera de varias cartas para comunicarles la orden de desalojo: deben abandonar Li’l Abner antes del 19 de mayo de 2025.

El propietario del terreno ofreció una compensación de US$14.000 a quienes evacuaran antes de febrero, US$7.000 hasta abril y US$3.000 hasta mayo.

Con el alquiler por las nubes en Miami, muchas familias que temen quedarse en la calle tras dejarse sus ahorros en esas viviendas respondieron con una demanda que ha abierto un proceso judicial.

Aunque la mayoría se han ido ya, unos 200 núcleos familiares decidieron resistir y permanecen en sus domicilios, pagando el alquiler hasta el final.

En los últimos meses ha habido protestas, una demanda judicial, demoliciones con posibles residuos tóxicos, saqueos, dos incendios e incluso muertes que los vecinos atribuyen al desalojo.

BBC Mundo recorrió el parque de casas rodantes Li’l Abner para saber qué hay detrás de esta tensa disputa.

Li’l Abner y la burbuja en Miami

Fundado en 1968 en Sweetwater -uno de los municipios que componen el condado de Miami-Dade- Li’l Abner fue durante décadas una opción asequible para familias de ingresos bajos y medios.

El parque de casas móviles es propiedad de los Rodríguez, una familia estadounidense de origen latinoamericano que gestiona el terreno a través de la empresa CREI Holdings.

Los vecinos, que pagan unos US$1.200 al mes por el alquiler de cada parcela, aseguran que el propietario original siempre les animó a invertir en mejoras en sus hogares bajo la promesa de que se podrían quedar allí de forma indefinida.

Por eso, con los años sus inquilinos las reformaron y ampliaron hasta convertirlas en verdaderas casas asentadas sobre bases de cemento con sistemas de aire acondicionado, tejados y ventanas a prueba de huracanes, cocinas modernas, patios y garajes.

“Pero primero murió el propietario original y hace dos años falleció su esposa. Ahora ha quedado el hijo al frente, y parece que tiene otras ambiciones”, explica Luis de la Paz, un jubilado de 68 años que vive aquí desde hace seis.

En noviembre de 2024, CREI Holdings anunció que todo el barrio debía desalojarse y fijó la fecha límite para abandonarlo el 19 de mayo de 2025.

La empresa encargada del proceso, The Urban Group, defiende que el nuevo desarrollo ofrecerá “una comunidad segura y sostenible para las poblaciones más vulnerables” y asegura que el paquete de reubicación “supera lo exigido por la ley estatal”.

Pero en Li’l Abner la oferta no convence: “Nos desalojan para construir algo que llaman asequible, pero que nadie de aquí podrá pagar. Es un fraude”, denuncia Luis de la Paz.

Señala que edificios anteriores del mismo desarrollador, como el adyacente Li’l Abner II, se construyeron con fondos públicos pero piden hasta US$2.600 por el alquiler de un apartamento de dos habitaciones.

Miami es la ciudad del mundo donde más se ha encarecido la vivienda, un 50% desde finales de 2019 hasta 2024, según el Global Real Estate Bubble Index 2024 del banco de inversión suizo UBS.

“Los precios han subido mucho más que los ingresos, lo que ha provocado grandes desequilibrios en el mercado inmobiliario residencial y un alto riesgo de burbuja”, advirtió UBS.

Otro estudio reciente de las universidades FAI y FIU también apunta a una burbuja en Miami al concluir que los precios de la vivienda están sobrevalorados en un 35%.

Esto se refleja en unos alquileres disparatados, de más de US$2.500 mensuales por un apartamento familiar en los barrios más humildes del condado, mientras en el segmento de renta media y alta la cifra se puede disparar hasta los cinco dígitos.

Así, conseguir un nuevo techo es algo casi inaccesible para muchas familias de ingresos medios y bajos que invirtieron todo en sus viviendas de Li’l Abner.

Luis De la Paz también denuncia una complicidad institucional: “Sin el aval del gobierno de la ciudad, no podrían echarnos. El alcalde dice que no puede hacer nada, pero si no cambiara la zonificación esto no estaría ocurriendo”.

Los vecinos, que consideran ilegal el desalojo del parque, han interpuesto una demanda colectiva contra la empresa, el municipio y el condado de Miami-Dade.

BBC Mundo envió varias solicitudes de contacto a la oficina del alcalde de Sweetwater, José Díaz, y al condado de Miami-Dade, pero no obtuvo respuesta.

La casa de Vivian

“Al llegar a casa vi un papel pegado con cinta scotch. No podía imaginarme que lo que estaba leyendo era real, que me estaban desalojando”, recuerda Vivian Hernández, que vive aquí desde 2008.

Esta mujer cubana forma parte de los 200 hogares que siguen viviendo en Li’l Abner y se resisten al desahucio a menos de un mes de la fecha límite; el resto aceptaron los pagos y se fueron, si bien muchos de ellos siguen participando en la demanda judicial en curso.

Vivian abrió a BBC Mundo las puertas de lo que llama su “tráiler”, una casa de más de 100 metros cuadrados con dos habitaciones, dos baños completos, cocina remodelada y un amplio salón, flanqueada por un porche que cubre parte del patio lateral.

La sexagenaria cubana nos cuenta que llegó hace 25 años a Estados Unidos, donde trabajó como auditora financiera hasta que una larga enfermedad la llevó a perder el empleo y se vio al borde de la indigencia, durmiendo en su automóvil o en apartamentos de amigos.

Con el tiempo logró remontar y en 2008 juntó US$25.000 para comprar esta vivienda móvil e instalarla en el parque de Li’l Abner.

Con los años fue haciendo mejoras, desde cambiar las ventanas hasta instalar un tejado nuevo, aire acondicionado, cocina moderna o electrodomésticos: “cuando dejé de llevar la cuenta, hace como cuatro años, ya había gastado US$230.000 para convertir este trailer en el hogar que es hoy en día”, asegura.

Explica que, debido al peligro de huracanes e inundaciones en la zona, casi todos los vecinos del barrio “han ido arreglando sus viviendas móviles como yo y las han convertido en casa siguiendo los códigos de construcción de la ciudad”

“Quieren que me eche al hombro el tráiler y me lo lleve, pero es imposible: aquí todas las casas son móviles en concepto de papeles, pero en realidad están ancladas al piso”, protesta.

Para pagar los US$1.180 mensuales que cuesta el alquiler del terreno, Vivian gasta su pensión de discapacidad de US$900 y cubre el resto alquilando ocasionalmente la segunda habitación de la vivienda.

Desde que comenzó la cuenta atrás hacia el desalojo vive con estrés permanente y sufre frecuentes ataques de pánico.

“Mi mayor miedo es volver a 2008: vivir en mi carro, dormir aterrada en un sofá, lavarme en un baño público… No sé si tendré fuerzas esta vez”, solloza.

El miedo a perderlo todo

El caso de la abogada venezolana Milagro Pérez es, si cabe, más flagrante: compró su casa en Li’l Abner por US$100.000 dos meses antes del aviso de desalojo.

“Lo vimos como una oportunidad porque antes pagábamos US$3.000 mensuales en renta, así que reunimos todos nuestros ahorros, vaciamos las tarjetas de crédito y lo invertimos todo en esta casa móvil que ya estaba aquí”, relata a BBC Mundo.

Milagro vive en el barrio con su madre, su marido y tres hijos, uno de ellos con síndrome de asperger. Él fue quien recibió la notificación de desahucio.

“Le entregaron la carta directamente en sus manos, la leyó y empezó a gritar: ‘¡Nos están sacando de aquí. Tenemos que irnos en enero!’. Se imaginó durmiendo en la calle”, recuerda.

Cuando firmó el contrato, tanto los dueños anteriores de la vivienda como los propietarios de Li’l Abner le aseguraron que no había planes de cambiar el uso del terreno a corto y medio plazo.

El abogado David Winker, representante legal de los vecinos, confirma que muchos de ellos, en especial quienes compraron sus casas móviles en 2024, recibieron promesas de estabilidad.

“Cuando estos compradores preguntaron cuál era el plan a largo plazo, [los propietarios] les aseguraron que no iban a modificar nada, pero mientras tanto estaban solicitando un cambio en la calificación del terreno”, asegura.

Remarca que quienes, como Milagro, adquirieron su hogar poco antes del desalojo “no son personas ingenuas. Son personas que invirtieron aquí porque les dijeron que todo seguiría igual”.

Agrega que cada año los vecinos recibían un prospecto para asegurarles que nada iba a cambiar. “La gente confió en esas promesas de la familia”, indica.

“Lo que nos están haciendo es humillante”, protesta Ricardo Muñiz, técnico en estudios del sueño, durante el recorrido que ofrece a BBC Mundo por la casa en la que desde hace 15 años vive su familia.

En una de las 5 habitaciones su suegra, en fase terminal, requiere atención constante: “Ella no sabe nada, pero no tenemos adónde llevarla”, lamenta.

A apenas unos metros de distancia, Luis Meza también resiste. Llegó de Cuba en 1994 y lleva tres décadas invirtiendo en su casa, equipada con todas las comodidades y materiales de alta calidad.

El día que recibió la carta de desalojo, a su esposa le bajó la presión y tuvieron que llamar a los servicios de emergencia.

“¿Empezar de cero ahora, con estos precios? Es imposible”, sentencia.

Otros no lo resistieron. En nuestro recorrido por el barrio, un vecino nos muestra la fotografía de un anciano que vivía frente a él en Li’l Abner.

“Este señor que está aquí en la foto era un veterano de guerra. El día después de recibir la notificación de este desalojo arbitrario, se dio un tiro en la cabeza. Esa fue la solución que encontró”, describe.

Otra vecina, Marisol Sánchez, esposa de Diego Valdés, relató al diario The Miami Herald que el hombre de 76 años entregó las llaves de su casa para recibir los US$14.000 del incentivo el 31 de enero. Murió de un infarto al día siguiente, que ella atribuye al impacto emocional del desahucio.

Los vecinos contraatacan

Los vecinos han interpuesto una demanda colectiva contra la empresa, el municipio de Sweetwater y el condado de Miami-Dade.

Alegan que el proceso viola leyes específicas de protección a residentes de casas móviles, quienes por norma deben ser notificados con antelación, contar con derecho preferente de compra del terreno y recibir garantías de reubicación, especialmente si el cambio de uso requiere una recalificación del terreno.

“Estamos impugnando la validez del desalojo porque no se cumplieron los requisitos que marca la ley de la Florida. Estos no son simples inquilinos: son propietarios de viviendas que no se pueden mover. El Estado prevé protecciones especiales para ellos”, indica a BBC Mundo el abogado de los vecinos, David Winker.

Entre las supuestas irregularidades también figura un aumento del alquiler emitido dentro del plazo prohibido por ley y la omisión de estudios obligatorios sobre reubicación.

La querella también señala al Ayuntamiento de Sweetwater y al condado de Miami-Dade por, según los demandantes, haber facilitado la recalificación del terreno sin cumplir con su responsabilidad legal de garantizar el realojo de las cerca de 5.000 personas afectadas.

The Urban Group rechazó hacer comentarios a BBC Mundo sobre el proceso judicial en curso, aunque alegó haber ofrecido uno de los paquetes de reubicación “más generosos de la historia del condado” con compensaciones de hasta US$14.000 para quienes salieron antes de febrero.

También aseguró que los antiguos residentes tendrán prioridad para alquilar unidades en los futuros edificios de vivienda “asequible”, aunque varios vecinos nos aseguraron no haber recibido ofertas de alojamiento realistas.

Desde que se anunció su cierre definitivo para el 19 de mayo han sido continuas las protestas de los vecinos con carteles, cánticos y marchas pacíficas desde Li’l Abner hasta la cercana sede del gobierno local.

En los últimos meses, además, el área ha experimentado un acelerado deterioro: muchas casas han sido saqueadas y vandalizadas, con puertas forzadas y ventanas rotas, y se han producido al menos dos incendios en parcelas por motivos desconocidos.

Además, tras la salida de las primeras familias, las autoridades iniciaron la demolición de las viviendas desocupadas, lo que ha generado un nuevo peligro para los últimos residentes: el amianto, también llamado asbesto.

“Hay vecinos enfermos por el polvo y nadie ha hecho el estudio que exige la ley”, denuncia el abogado David Winker, tras afirmar que una parte del parque fue demolida sin respetar protocolos ambientales y que las autoridades multaron al proyecto con US$108.000 por presencia de amianto.

Además de este material tóxico, en Li’l Abner se respira una tensa incertidumbre a medida que se acerca la fecha límite del 19 de mayo.

Los residentes que aún resisten podrían ser desalojados por la fuerza si un juez emite la orden, algo que según su abogado no debería producirse.

Así, el futuro de este barrio con casi 60 años de historia se decidirá en un litigio que no ha hecho más que comenzar.

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