El polémico plan de Arizona para convertir en delito estatal cruzar ilegalmente su frontera con México

El mismo día en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una acción ejecutiva para prohibir la solicitud de asilo a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera, el martes el Congreso de Arizona, controlado por los republicanos, aprobó una medida para tipificar como delito estatal el cruce de su frontera con México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada. Ahora, la decisión final la tendrán los ciudadanos, pues la propuesta será sometida a referéndum el 5 de noviembre, el mismo día de las elecciones presidenciales, para que se convierta en ley o sea rechazada.

La propuesta, conocida como Ley de Seguridad de la Frontera, fue aprobada con 31 votos a favor y 29 en contra por la Cámara de Representantes de Arizona.

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Si es respaldada en el referéndum, la ley permitirá a la policía estatal y local arrestar a las personas que cruzan la frontera sin permiso y autorizará a los jueces estatales a ordenar que estas sean declaradas culpables por ese delito y devueltas a su país de origen.

Según la propuesta, una primera condena por cruce de fronteras sería un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel. Los jueces estatales podrían ordenar el regreso de las personas a sus países de origen una vez cumplida la pena de encarcelamiento, aunque los tribunales estarían facultados para desestimar los casos si los detenidos aceptan regresar a sus hogares.

La iniciativa también otorga completa inmunidad a los departamentos policíacos al momento de su implementación.

Con la ley aprobada, se podrá verificar el estatus migratorio y los documentos que presentan los migrantes para solicitar beneficios públicos.

La agencia AP remarca que aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes en Estados Unidos, los defensores de la medida dicen que es necesaria porque el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que la gente cruce ilegalmente por la vasta y porosa frontera de Arizona con México.

Los defensores de la norma manifiestan que la medida frenaría la inmigración indocumentada y reduciría el crimen perpetrado por inmigrantes, ya que intervendría donde el gobierno federal ha fallado. También aseguran que estos se aprovechan de las ayudas públicas. Pero los críticos argumentan que la propuesta resultaría en perfiles raciales y vigilancia ilegal, sería costosa para el estado y sobrecargaría los recursos policiales, de acuerdo con CNN.

En este punto, se debe tener en cuenta que Arizona será un estado clave para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre donde Biden competirá contra el republicano Donald Trump. Además, habrá una votación por el Senado, anota CNN.

La inmigración ha sido un tema central en la campaña de Trump y los republicanos en Arizona.

Y de acuerdo con la encuesta nacional de abril de NBC News, la inmigración está prácticamente empatada con la inflación y el costo de la vida como los principales temas que preocupan a los estadounidenses.

El senador estatal demócrata Flavio Bravo, que representa a uno de los distritos con mayor diversidad racial de Arizona, criticó las intenciones de los republicanos al presentar la ley.

“Esta nueva lista de republicanos sólo sabe que los va a ayudar en sus encuestas”, dijo Bravo en una entrevista con NBC News.

“No creo que sean antiinmigrantes, no creo que les importe mucho esto. Sólo quieren terminar la sesión rápidamente, hacer algo y rezar para ganar en noviembre”, dijo Bravo, nieto de un minero de cobre mexicano.

“Vamos a llamar a las puertas de la comunidad, recordándoles que voten, haciéndoles saber quién está con nosotros y quién no”, dijo a la agencia AP Alejandra Gómez, directora ejecutiva de la organización de derechos civiles Living United For Change In Arizona, más conocida como LUCHA.

Los partidarios de la medida minimizaron las preocupaciones sobre los perfiles raciales, al aseverar que los agentes locales todavía tendrían que desarrollar una causa probable para detener a las personas que entran en el estado, indicó AP.

El representante estatal republicano Alex Kolodin, defensor de la medida, dijo que la inmigración es “algo que apasiona mucho a mis electores... Creo que mis electores probablemente acudirán de todos modos a las urnas”.

Los partidarios también afirman que la medida se centra sólo en la región fronteriza del estado y no se dirige a las personas en todo el estado. Los opositores señalan que la propuesta no contiene ninguna limitación geográfica sobre dónde se puede aplicar dentro del territorio estatal, anotó AP.

• Florida. El gobernador republicano Ron DeSantis promulgó una ley para aumentar las penas de prisión para los migrantes que están en el estado sin autorización si son declarados culpables de delitos graves o por conducir sin licencia. La ley de Florida también castiga a quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país con penas de hasta cinco años de prisión o una multa de US$ 5.000 por persona. Además, exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado inmigratorio de los trabajadores en una base de datos federal llamada E-Verify, y crea sanciones para los empleadores que a sabiendas den trabajo a “extranjeros no autorizados”.
• Ley SB4. La propuesta de Arizona es similar a la controvertida ley de inmigración de Texas, cuya entrada en vigor fue bloqueada mientras se discute en los tribunales. Había sido promulgada en diciembre del año pasado por el gobernador Greg Abbott. La estricta norma convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio y permite a las autoridades locales arrestar y deportar a migrantes. Destina US$ 1.500 millones para que Texas construya su propio muro fronterizo. Además, se asignarán entre US$ 20 y US$ 30 millones de los impuestos que pagan los residentes de Texas por 1,6 km para construir el muro.

• Oklahoma. En abril, el Congreso de Oklahoma aprobó un proyecto de ley que crea el nuevo delito de “ocupación inadmisible”, que conlleva penas de cárcel por estar en el estado en forma irregular. Una primera infracción sería considerada un delito menor y podría ser castigada con hasta un año de cárcel. Se pedirá a los infractores que salgan del estado dentro de las 72 horas posteriores a su liberación. Una segunda infracción y las subsecuentes serían un delito grave que se castigaría hasta con dos años de prisión.
• Tennessee. El gobernador Bill Lee promulgó una ley que exige a las agencias policiales comunicarse con las autoridades federales de inmigración si hallan a personas que están en el país sin permiso, y las obliga a cooperar en el proceso de identificarlas, detenerlas y deportarlas. Este proyecto de ley entrará en vigor el 1 de julio. Otra propuesta permitiría aumentar las sentencias de prisión hasta cadena perpetua para quienes se encuentren en Estados Unidos de forma irregular y cometan un delito violento.
• Iowa. La gobernadora republicana Kim Reynolds promulgó en abril un proyecto de ley que tiene partes similares a la ley de Texas.
• Luisiana. En el estado avanza un proyecto de ley similar a la de Texas.
• Georgia. Los legisladores aprobaron un proyecto de ley que busca obligar a los carceleros a verificar el estatus migratorio de los reclusos, ello como respuesta al asesinato de una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia, presuntamente cometido por un venezolano.

El martes, el presidente Biden anunció que suspenderá el procesamiento de asilo en la frontera de Estados Unidos con México cuando las entradas de indocumentados lleguen a 2.500. La medida entró en vigor de inmediato, pues los cruces están en alrededor de 4.000 personas. La medida será revertida cuando el promedio de arrestos diarios por cruces ilegales caiga por debajo de 1.500 durante una semana.

Bajo la nueva orden ejecutiva de Biden, a los inmigrantes se les emitirán órdenes de deportación incluso si se les niega la oportunidad de solicitar asilo. Si intentan cruzar nuevamente la frontera, serán procesados penalmente y se les prohibirá durante varios años ingresar legalmente al país.

Los casos de inmigrantes que expresen temor por su seguridad si son deportados serán examinados por funcionarios de asilo de Estados Unidos, pero bajo un estándar más alto que el vigente. Si pasan, pueden quedarse para buscar otras formas de protección humanitaria, incluidas las establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Los niños no acompañados están exentos de ser deportados.