El arzobispo de San Antonio (Texas), una diócesis que incluye parte de la frontera entre EE.UU. y México, dijo este jueves estar seguro de que el recién electo papa León XIV abogará por la dignidad de los migrantes y refugiados en el país.
Gustavo García-Siller, pastor católico y también migrante originario de San Luis Potosí (México), coincidió con el ahora pontífice en Chicago -la ciudad natal de Robert Prevost- en 2012, durante la visita ‘ad limina’ de los obispos estadounidenses al Vaticano.
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De sus conversaciones con el entonces prior general de los Agustinos en Chicago, García-Siller pudo ver el compromiso que León XIV tiene con los migrantes “en todo el mundo”, indicó el arzobispo en declaraciones a EFE.
Ahora, como el primer papa estadounidense, tiene una “gran responsabilidad, en medio de un recrudecimiento de las políticas anti-migrantes por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump”, opinó el arzobispo.
“Es un rol importante porque es uno de nosotros. Su mensaje va a caer diferente, va a ser retador, pero va a tener mucho que ver y Dios lo va a inspirar”, agregó García-Siller.
El arzobispo de San Antonio ha sido una de las voces más críticas desde la iglesia católica en EE.UU. con el giro migratorio de Trump, llegando a tildar de “tirano” al actual presidente.
El antecesor de León XIV, el papa Francisco (2013-2025), el primer pontífice del continente americano, también rechazó desde el Vaticano las políticas del republicano y llamó a los católicos en EE.UU. a resistir contra ellas.
En una carta publicada en febrero de este año, dirigida a los obispos de EE.UU., Francisco se refirió a la campaña de deportaciones masivas de Trump como una “crisis” y se declaró en contra de la criminalización de la migración.
“El acto de deportar personas (...) lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión”, escribió el difunto pontífice.
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En su impulso por acelerar las deportaciones, el presidente Trump se ha enfrentado con el poder judicial en lo que expertos califican de una “crisis constitucional”.
Varios ciudadanos, decenas de residentes permanentes y personas que han solicitado asilo en el país han sido detenidas y expulsadas por las autoridades migratorias desde que Trump regresó al poder el pasado 20 de enero.
La Administración Trump también ha sometido a más de 200 migrantes enviándolos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin comunicación con sus familiares o abogados ni posibilidad de apelar sus casos, lo que organizaciones de defensa de los derechos humanos califican como “desaparición forzosa”.
