Así fue el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por el que EE.UU. acusó a Raúl Castro por asesinato 30 años después

El departamento de Justicia presentó los cargos contra Castro, de 94 años, en la corte federal del Distrito del Sur de Florida. Lo acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo de las dos avionetas en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de EE.UU.

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Si es declarado culpable en un juicio, la condena máxima que podría recibir Castro es la pena de muerte o la cadena perpetua.

El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate fueron interceptadas y derribadas por cazas MiG cubanos.

Los cargos fueron leídos el miércoles por el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo del exilio cubano.

Blanche indicó que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de: “si matas estadounidenses, te perseguiremos”.

“Tampoco olvidamos a las familias, a los seres queridos y a los amigos que han cargado con el dolor y la pena durante 30 años”, añadió.

La acusación también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

El fiscal general Blanche sostuvo que Raúl Castro afrontará la justicia en Estados Unidos “por su voluntad propia o cualquier otra forma”, al afirmar que existe una orden de arresto en su contra y que la imputación por asesinato “no es solo por espectáculo”.

La imputación contra Raúl Castro trasciende el ámbito estrictamente judicial y forma parte de una estrategia más amplia de presión de la administración de Trump sobre Cuba. Washington ha endurecido de manera simultánea la presión económica, militar y diplomática sobre la isla.

Los mensajes y medidas adoptadas el los últimos meses por Estados Unidos sobre la isla apuntan a un objetivo amplio: forzar cambios profundos en el modelo político, económico y de seguridad cubano y debilitar el poder del aparato gobernante actual.

Washington también ha dicho públicamente que quiere la liberación de presos políticos y reducir o terminar la influencia de Rusia y China en la isla.

Además, quiere debilitar el papel de GAESA, el conglomerado militar que Washington considera que es un centro de poder económico dentro del sistema cubano.

Lo más cercano a una definición política pública llegó por boca del secretario de Estado Marco Rubio el miércoles, al afirmar que el gobierno Trump quiere una “nueva relación” con Cuba, pero no con el actual gobierno ni con las estructuras que controlan la economía cubana.

Juan Álvarez Vita, quien fue embajador del Perú en Cuba, dijo a El Comercio que la imputación contra Raúl Castro no debe interpretarse únicamente como una decisión judicial, sino como una pieza dentro de una estrategia más amplia de presión de Estados Unidos sobre Cuba.

“Yo creo que no ha cambiado nada sustancial respecto del hecho ocurrido hace casi 30 años. Lo que Estados Unidos está buscando es algún argumento que le permita justificar una actividad especial hacia Cuba, similar quizás a la estrategia que aplicó con Venezuela y Nicolás Maduro”, sostuvo.

El diplomático señaló además que el momento escogido tiene una carga política y simbólica, pues coincide con la conmemoración del 20 de mayo, que marca el nacimiento de la República de Cuba, fecha que ha sido reivindicada por sectores del exilio en Miami. “Hay una conjunción de factores políticos y simbólicos alrededor de esta decisión”, afirmó.

Para Álvarez Vita, la iniciativa debe leerse dentro de un tablero internacional más amplio. “Lo de hoy tiene una dimensión geopolítica evidente. Se produce en un contexto de tensiones internacionales, de la relación entre Estados Unidos con China y Rusia y de preocupaciones por la presencia e influencia de ambos países en Cuba”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de una operación similar a la aplicada contra Maduro, que fue extraído de Venezuela por Estados Unidos el 3 de enero y llevado a una cárcel en Nueva York, Álvarez Vita consideró que una acusación formal funcionaría principalmente como una señal de presión más que como un paso previo a una acción inmediata.

“Si se actuara con cierta lógica, esto podría ser tomado como una medida amenazante. Cuba atraviesa una situación muy difícil y este tipo de acciones podrían buscar aumentar la presión interna”, afirmó.

No obstante, evitó asegurar que pudiera producirse una operación de extracción. “Es un escenario que podría plantearse dentro de determinadas hipótesis, pero en este momento resulta difícil afirmarlo”, añadió.

Álvarez Vita sostuvo que una acusación contra una figura histórica como Raúl Castro enviaría una señal importante a la región. A su juicio, varios gobiernos ya han reducido su nivel de relación con La Habana, aunque señaló que países como Brasil podrían mantener posiciones distintas por afinidades políticas.

Asimismo, opinó que un eventual avance de Washington sobre el caso cubano podría tener repercusiones internas para Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre. “En un contexto internacional complejo, lograr algún resultado respecto a Cuba podría representar un triunfo político importante para el presidente estadounidense”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de que La Habana finalmente acepte una nueva relación con Washington, el embajador estimó que el Gobierno Cubano podría verse obligado a realizar ajustes graduales. “Creo que a Cuba no le quedaría otra alternativa que ir cediendo, aunque probablemente no de manera inmediata. Intentaría hacerlo de una forma que le permita presentarlo internamente como una decisión propia y no como una derrota”, señaló.

También advirtió que la isla enfrenta un escenario económico delicado, marcado por problemas de abastecimiento, energía y servicios básicos. “La situación actual es extremadamente difícil y limita el margen de maniobra del gobierno”, concluyó.

El 24 de febrero de 1996, tres avionetas civiles Cessna 337 Skymaster de la organización Hermanos al Rescate despegaron desde el aeropuerto de Opa-locka, en Miami, hacia el estrecho de Florida.

Su misión oficial era realizar operaciones de búsqueda de balseros cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos y alertar a los servicios de rescate. Sin embargo, el grupo ya mantenía una fuerte tensión con el Gobierno Cubano porque en meses antes había realizado vuelos cerca de la isla y algunos de sus integrantes habían lanzado panfletos contra el régimen sobre La Habana.

El fatídico día, aviones de combate MiG-29 y MiG-23 de la Fuerza Aérea cubana interceptaron las aeronaves. Dos de las tres avionetas fueron destruidas con misiles aire-aire y una tercera, pilotada por José Basulto —fundador de Hermanos al Rescate—, logró escapar y regresar a Florida. Murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

¿Dónde ocurrió el derribo? Ese dato clave es el centro de una disputa. Cuba sostuvo que las aeronaves habían penetrado de manera reiterada su espacio aéreo y que actuó para proteger su soberanía. Estados Unidos y posteriormente la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyeron que las dos avionetas derribadas estaban en espacio aéreo internacional, al norte del paralelo 24 y fuera de las aguas territoriales cubanas, cuando fueron atacadas.

Como consecuencia del hecho, no hubo una acusación judicial inmediata contra altos dirigentes cubanos. Pero el caso sí produjo investigaciones internacionales y una reacción política enorme en Estados Unidos. El presidente Bill Clinton condenó el derribo y poco después firmó la ley Helms-Burton, que endureció significativamente las sanciones contra Cuba.

Posteriormente, en el 2003, fiscales estadounidenses presentaron cargos contra tres oficiales militares cubanos vinculados con el derribo: los pilotos de guerra que ejecutaron los disparos, los hermanos Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez; y su jefe militar, el general Rubén Martínez Puente. Sin embargo, ninguno fue extraditado ni compareció ante la justicia estadounidense, por lo que el caso no avanzó.