Robert F. Kennedy Jr. demandado por asociaciones médicas en EE.UU.: ¿Qué implicancias tendrá y cuál será su futuro en la corte?

Seis organizaciones sanitarias presentaron este lunes 7 una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y su secretario, Robert F. Kennedy Jr., acusándolo de incumplir la ley al cambiar las recomendaciones de vacunación contra el COVID-19.

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El funcionario, una controvertida figura en la comunidad médica por sus políticas antivacunas, anunció a fines de mayo que las autoridades federales dejarían de recomendar las vacunas contra el COVID-19 para los niños y mujeres embarazadas, desestimando evidencia de que las mujeres embarazadas que contraen esta enfermedad sufren mayores riesgos de abortos espontáneos y muerte fetal.

Cabe señalar que las recomendaciones de vacunación del HHS tienen amplias implicancias en el sector salud a nivel general, ya que estas determinan en muchos casos qué tipos de inoculaciones son cubiertas por las aseguradoras y los hospitales, posiblemente creando vulnerabilidades en la salud de la población estadounidense.

La denuncia, interpuesta ante un tribunal federal del estado de Massachusetts, reúne a organizaciones médicas como la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), el Colegio Estadounidense de Médicos (ACP), la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA), la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA), la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) y la Alianza de Salud Pública de Massachusetts (MPHA).

Pero la principal demandante en la querella es una doctora con cinco meses de embarazo solo identificada bajo el seudónimo de Jane Doe, quien asegura que fue privada del acceso a una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a pesar de desempeñar su labor en un ambiente de alta exposición a enfermedades infecciosas.

La demanda acusa al órgano del gobierno y su cabeza de actuar de manera “arbitraria y caprichosa” al alterar las directrices oficiales sobre inmunización sin buscar el respaldo científico ni el consenso profesional, citando como muestra de esto la cancelación de reuniones de paneles científicos, el bloqueo de comunicaciones oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la promoción de estudios que relacionan las vacunas con el autismo.

El recurso legal solicita la anulación inmediata de los cambios impulsados por Kennedy y una declaración judicial que los declare ilegales.

Una pugna política, no médica

Para la politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, la situación es una clara consecuencia de poner al frente de la cartera de Salud a una persona como Robert F. Kennedy Jr., quien “no es médico, sino un abogado ambientalista sin ninguna formación académica” en materias médicas.

“Intelectualmente hablando, es un personaje interesante porque a pesar de ser un abogado ambientalista, años de su trayectoria han sido destinados en cuestionar la eficacia de las vacunas y se ha sumado a teorías conspirativas como que estas causan el autismo”, señala en conversación con El Comercio. “Entonces lo que vemos ahora es un reflejo de lo que es su visión sobre la salud”.

Se trata de una opinión similar a la expresada por el analista político Octavio Pescador, quien considera a Kennedy Jr. como un representante de una creciente corriente ideológica en Estados Unidos que se muestra escéptica del sistema tradicional del sector salud y, las restricciones de política pública -categoría en la que caen las vacunas- que Donald Trump supo aprovechar durante su carrera política. “Kennedy ha estado a la vanguardia de este movimiento durante décadas y cuando se deslindó de los demócratas para unirse al grupo de Trump, lo que se asume es que también estas políticas pasaron a formar parte de la agenda del hoy presidente”, puntualiza.

Sobre la demanda recién impuesta, Pescador considera que su resultado dependerá mucho de la percepción de los tribunales, ya que se trata de un argumento técnico-administrativo que cuestiona la potestad del Ejecutivo de cambiar reglamentos.

Agrega que si bien el Ejecutivo tiene la potestad de cambiar reglamentos, hay excepciones en casos en los que existe un proceso definido desde el origen de la ley para llevarlo a cabo. Y es ahí de donde se agarran los demandantes, que argumentan que cuando Robert Kennedy Jr. eliminó a la junta supervisora de vacunas y la reemplazó por personas más cercanas a su pensamiento terminó por invalidar el proceso.

“Es como si tú en un partido de fútbol despidieras al árbitro para meter a un amigo tuyo. De la misma manera hay médicos, empresas de seguros y otros profesionales que consideran que la eliminación de embarazadas y niños del listado de quienes recomiendan vacunarse por COVID-19 es incorrecta porque no se siguió el debido proceso preestablecido bajo la ley y el reglamento”, afirma. “Y el juzgante puede decir que hubo árbitro vendido y que se tiene que revisar nuevamente”.

Por su parte, Puerta Riera también se muestra incierta sobre cuál será el resultado final de la demanda, que posicionó como parte de un mayor proceso de revisión institucional y pugna entre poderes que comenzó durante el segundo mandato de Trump “donde todas las premisas que creíamos que estaban validadas y definidas, basadas en principios básicos y fundamentales de la sociedad, han dejado de estar garantizados”, por lo que no dudó que esta demanda podría llegar a la más alta corte del país y posiblemente marcar un precedente.

“La verdad no lo sabemos, porque ese también es otro problema que estamos viendo aquí con relación al Poder Judicial”, señala la experta. “Lo que nosotros en este momento creemos que es algo responsable desde el punto de vista de la salud pública puede que difiera de lo que los tribunales, en especial la Corte Suprema con su supermayoría conservadora, dictaminen y no sería extraño que fallen a favor de Robert Kennedy Jr.”

Lo que sí está más claro es que, al menos por ahora en la Administración Trump, es difícil que los cambios de políticas de salud regresen como golpes políticos para el titular de Salud, quien actualmente se encuentra en buena posición para el mandatario.

Es así que Pescador asemeja el actual apoyo de Trump a Kennedy Jr. con el que le otorgó a su entonces gran aliado Elon Musk respecto a su causa del ‘genocidio blanco’ que supuestamente tenía lugar en Sudáfrica. Sostiene que se trata de una confluencia de intereses, entre el propio escepticismo de Trump sobre las vacunas y su enemistad con (el exjefe del Instituto Nacional de Salud) Anthony Fauci, así como un intento de recompensar a su aliado Kennedy Jr. y cortejar a la corriente de vanguardia alternativa que representa.

“Trump, desde el punto de vista político, aboga por la decisión que ha tomado Kennedy. Primero, porque los grupos a los que él habla hacen eco a estas creencias. Segundo, porque no es él el que tomó la decisión, sino un subalterno, entonces si en algún momento tiene que revertirse, puede deslindarse fácilmente de ella”, enfatiza.

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