El gobierno de Donald Trump decidió poner fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS) para nicaragüenses y hondureños debido a la mejora de las condiciones en sus respectivos países, anunció este lunes la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.
Tanto en Nicaragua como en Honduras, la situación que propició la concesión de este permiso en 1999 tras los estragos económicos y sociales que causó el huracán Mitch en octubre del año anterior, uno de los más devastadores en la historia de la región, ha mejorado, según el DHS.
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“El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser solo eso: temporal”, explicó Noem.
Cerca de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses están acogidos al TPS, según datos oficiales.
La supresión entrará en vigor el 6 de septiembre, 60 días después de la publicación de la orden en el Registro Federal.
Renovado por última vez durante el gobierno de Joe Biden por 18 meses, el TPS para estos dos países venció el pasado 5 de julio.
El TPS protege contra la deportación y confiere el derecho a trabajar. Se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición “extraordinaria”.
El centro latinoamericano de investigación y defensa de los derechos humanos basado en Washington, WOLA, exhortó al departamento que dirige Noem a que dé marcha atrás en esta decisión.
“Además de las múltiples catástrofes naturales, Honduras y Nicaragua han sufrido décadas de impunidad estructural, violencia y pobreza y falta de acceso a los servicios públicos fundamentales”, dice la ONG en un comunicado.
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“Los nicaragüenses viven asimismo bajo un gobierno autoritario que les niega sus libertades cívicas, entre ellas la libertad de expresión, asociación y derechos humanos”, agrega.
“Los impactos de un desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999 ya no existen”, asegura el departamento, que obvia la situación política y la persecución de la oposición del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
“La situación medioambiental ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro para los ciudadanos nicaragüenses regresar a casa”, señala DHS.
En el caso de Honduras, el gobierno de este país “ha hecho enormes progresos” y “es seguro para sus nacionales regresar a casa”, sostiene.
“Está claro que el gobierno de Honduras ha tomado todas las medidas necesarias para superar los impactos del huracán Mitch, hace casi 27 años. Los ciudadanos hondureños pueden regresar a casa con seguridad, y el DHS está aquí para ayudar a facilitar su retorno voluntario”.
El canciller hondureño, Javier Bu, “lamentó” en su cuenta de X la decisión del gobierno estadounidense de cancelar el TPS.
Durante una reciente visita de Noem a Tegucigalpa, el gobierno de Xiomara Castro le había pedido una extensión de este programa.
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Noem no escatima elogios con Honduras, que “ha sido un socio maravilloso de la administración Trump, ayudándonos a cumplir promesas clave al pueblo estadounidense. Esperamos continuar nuestro trabajo con ellos”, dijo.
Tanto en el caso de Honduras como de Nicaragua, el DHS está dispuesto a “ayudar para facilitar el retorno voluntario” de los beneficiados de esta protección migratoria y les ofrece la autodeportación que conlleva una ayuda de 1.000 dólares.
Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Trump ordenó una revisión del programa y ha eliminado la protección especial para venezolanos, haitianos, afganos, nepalíes y cameruneses, como parte de su campaña para expulsar a los inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos a los que considera “invasores”.
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