El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pudo haber actuado de “mala fe” y quebrantado una orden judicial al deportar a mediados de marzo a presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, afirmó este jueves un juez.
El juez de distrito James Boasberg ha emitido una orden que prohíbe temporalmente a la administración Trump utilizar una ley de 1798, aplicada hasta ahora en tiempos de guerra, para llevar a cabo deportaciones rápidas.
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Este jueves el magistrado federal celebró una vista judicial en Washington para determinar si el gobierno ha cumplido sus órdenes o es culpable de desacato.
El gobierno ha pedido a la Corte Suprema que anule la orden del tribunal inferior y permita reanudar los vuelos de expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, que antes solo se usó durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
Trump firmó un decreto para poder usar la ley contra bandas transnacionales que ha declarado organizaciones terroristas extranjeras, como la venezolana Tren de Aragua.
Pero los abogados de varios de los venezolanos expulsados sostienen que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, no han cometido delitos y se les persigue por sus tatuajes.
El 15 de marzo, Boasberg ordenó parar los vuelos de deportación en virtud de la ley de 1798 y pidió que dos aviones que se dirigían a El Salvador dieran media vuelta. No lo hicieron.
La Ley de enemigos extranjeros se invocó el 14 de marzo, pero no se hizo pública hasta el día siguiente (cuando las deportaciones ya estaban muy avanzadas).
Para Boasberg es un indicio de que la administración podría haber “actuado de mala fe”.
“Si realmente creyeran que todo lo que hicieron ese día era legal y que sobreviviría a un desafío judicial, no habrían actuado como lo hicieron”, dijo al abogado del Departamento de Justicia Drew Ensign.
Boasberg acribilló a preguntas a Ensign para determinar si hubo desacato.
En su opinión el Departamento de Justicia era consciente de que había una vista judicial para las 17H00 horas del 15 de marzo para examinar una demanda presentada por grupos de defensa de los derechos humanos con el fin de intentar bloquear las expulsiones.
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“¿Por qué lo prudente no habría sido decir: ‘Vamos a frenar aquí y ver lo que el juez tiene que decir?”, preguntó Boasberg.
Ensign respondió que no estaba al tanto de los “detalles operativos” de las deportaciones.
Desde el comienzo del litigio el Departamento de Justicia alega que los aviones ya estaban en ruta hacia El Salvador y en el espacio aéreo internacional cuando el juez emitió su orden por escrito pidiendo que dieran la vuelta.
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