Tensión Venezuela–EE. UU.: ¿cuál es el vacío legal que permite a Trump sostener su ofensiva en el Caribe?

Una gran parte del Congreso considera que las embestidas de Trump en el Caribe están dentro de los márgenes de la Resolución de Poderes de Guerra. Esta ley implementada en 1973, tras la guerra de Vietnam, demanda que el presidente de Estados Unidos obtenga la aprobación del Congreso para operaciones de más de 60 días. Curiosamente, en el caso actual este período culmina el lunes 3 de noviembre.

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No obstante, de acuerdo con el diario “The Washigton Post”, la semana pasada la administración Trump dio a conocer al Congreso que este decreto no se emplea en la operación contra los supuestos cárteles de drogas. El jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Casa Blanca, T. Elliot Gaiser, señaló frente a un grupo de congresistas que los bombardeos con drones o misiles lanzados desde los buques de guerra en aguas internacionales no constituyen “hostilidades” de acuerdo con los Poderes de Guerra.

Es decir, el gobierno del magnate republicano justifica que el Ejército de Estados Unidos no está en peligro, por lo que la ley no se llega a aplicar. En cuanto al límite de los 60 días, la Casa Blanca no tiene planeado solicitar una prórroga ni espera una aprobación de parte del Poder Legislativo.

“La operación consiste en ataques de precisión realizados principalmente por vehículos aéreos no tripulados, lanzados desde buques de la Armada en aguas internacionales a gran distancia como para que las tripulaciones de las embarcaciones atacados pongan en peligro al personal estadounidense”, indicó un funcionario de la administración Trump a “The Washigton Post” a través de un correo electrónico. La persona, bajo condición de anonimato, agregó que “las operaciones militares en curso no constituyen ‘hostilidades’”.

De esta forma, se espera que los ataques continúen desarrollándose. Es más, el sábado por la noche, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comunicó en su cuenta de X que su país realizó un nuevo ataque contra una lancha presuntamente dedicada al narcotráfico en el que “tres narcoterroristas” resultaron muertos.

*La cronología de los ataques (Fuente: EFE)

Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian, la administración de Donald Trump ha encontrado un atajo legal para mantener su ofensiva en el Caribe. “Al decir que estos grupos son terroristas, les está dando la misma norma que se aplica a los terroristas islámicos”, explica. “Y esos ataques son llevados a cabo sin autorización del Congreso. Bajo ese argumento se agarra para hacer lo mismo ahora”, añade.

Sin embargo, el especialista aclara que no se puede comparar a los cárteles de la droga con organizaciones terroristas. “Los cárteles son delincuentes que deben ser capturados, juzgados y su mercancía confiscada. No se trata de grupos terroristas, y esos ataques más bien constituyen asesinatos”, advierte.

De acuerdo con Belaunde Matossian, esta reinterpretación de la ley busca dar cobertura política y militar a operaciones que, de otra manera, requerirían autorización legislativa. En ese sentido, recuerda que Trump declaró al Tren de Aragua y a otras bandas latinoamericanas como grupos terroristas, lo que permite a las Fuerzas Armadas intervenir contra ellas fuera del territorio estadounidense.

“Con esa clasificación, los militares pueden atacarlos en el extranjero, aunque no dentro de Estados Unidos”, señala el analista. “Eso es lo que ha permitido que se use poder bélico en aguas internacionales sin pasar por el Congreso”, agrega.

Francisco Belaunde considera que, más allá del discurso contra el narcotráfico, el despliegue tiene un objetivo geopolítico: ejercer presión directa sobre el régimen de Nicolás Maduro. “Todo esto implica un gasto enorme que no se entendería si solo fuera para destruir algunas narcolanchas. Todo apunta a que se viene un ataque a Venezuela”, advierte, aunque subraya que con Trump “todo es impredecible”.

En 1973, en medio de las secuelas del conflicto bélico en Vietnam, el Congreso estadounidense aprobó la Resolución de Poderes de Guerra. Su propósito fue restringir la habilidad del presidente para comprometer al país en guerras sin el control del Poder Legislativo. El Parlamento intentaba impedir que un presidente enviara tropas o emprendiera acciones militares duraderas de manera unilateral.

Según la norma, el presidente tiene autorización para desplegar fuerzas armadas en combate únicamente si hay una declaración formal de guerra, un permiso del Congreso de Estados Unidos o una emergencia causada por un ataque contra EE.UU. o sus tropas. En cualquiera de los escenarios, el presidente tiene que avisar al Parlamento en un plazo de 48 horas después de que comiencen las operaciones.

Una vez dado a conocer la acción militar, la Resolución de Poderes de Guerra concede un plazo máximo de 60 días para mantener las operaciones sin el aval legislativo, con una extensión adicional de 30 días de ser necesario para poder retirar al Ejército de forma más segura. Si el Congreso no aprueba una autorización formal después de ese periodo, el presidente estadounidense tiene la obligación de detener las operaciones militares.

En la práctica, no obstante, distintas administraciones estadounidenses, desde Ronald Reagan hasta Barack Obama o Joe Biden, han interpretado la ley de manera flexible o la han eludido mediante argumentos legales. Ahora, el gobierno de Donald Trump sostiene que sus ataques en el Caribe no constituyen “hostilidades”, lo que le permite actuar sin solicitar los Poderes de Guerra al Congreso.

Cabe destacar que la última vez que un presidente estadounidense solicitó formalmente los Poderes de Guerra al Congreso fue George W. Bush, antes de la invasión a Irak en el 2003, para derrocar al régimen de Saddam Hussein. “Se trataba de una invasión a gran escala, era una guerra a gran escala. Bush se reunió con las dos cámaras del Congreso y finalmente se le dio la autorización”, asegura el analista Belaude Matossian.

Mientras crece el debate legal en Washington, el Pentágono informó el sábado que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha realizado en Puerto Rico maniobras de desembarco e infiltración, en medio de un incremento del despliegue militar estadounidense en el Caribe y del temor de una ofensiva contra Venezuela.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, la vigesimosegunda Unidad Expedicionaria de Marines llevó a cabo “operaciones de entrenamiento en Puerto Rico”, las cuales se suman a los ejercicios con fuego real efectuados esta semana desde un buque de asalto en el mar Caribe.

La tensión se refleja también en la región. La noche del viernes, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago declararon la “alerta estatal uno”, la primera fase del plan de preparación para la defensa nacional, ante los movimientos de tropas estadounidenses cerca de sus fronteras marítimas con Venezuela.

En agosto pasado, Washington ordenó uno de los mayores despliegues militares en el Caribe en los últimos años, con la movilización de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y cazas F-35 estacionados en Puerto Rico. A ello se sumó, la semana pasada, el anuncio del traslado del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más moderno y poderoso de la flota estadounidense, junto con vuelos de bombarderos B-1B sobre el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela.

El portaaviones USS Gerald R. Ford ya se encuentra rumbo al Caribe y podría arribar a las cercanías de Venezuela en los próximos días. Antes de recibir la orden de desplazamiento, el portaaviones se encontraba en el Mediterráneo bajo el mando de la Sexta Flota de Estados Unidos, y ahora se suma a las operaciones dirigidas desde el Comando Sur.

El gobierno de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de encabezar el Cártel de los Soles, una presunta red de narcotráfico que, según Washington, habría introducido toneladas de droga en su territorio. Como parte de esa ofensiva judicial y política, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta 50 millones de dólares por la captura de Maduro.

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SOBRE EL AUTOR

Carlos Lázaro Odría

Licenciado en Comunicación y Multimedios por la Universidad Mayor de Chile. Periodista deportivo formado en ISIL. Inicié mi carrera en 2014, en Publimetro. He sido redactor en Zona Deportiva del Grupo El Comercio, Jefe Print Otras Marcas, Jefe de Contenido Calificado y editor en Depor. Hoy en Deporte Total, Mundo y Mesa Central de El Comercio.