Las diez monjas clarisas españolas que declararon haberse “separado voluntariamente” de la Iglesia católica y se pusieron bajo la tutela de un falso obispo no reconocido por la Iglesia fueron excomuldadas por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que fue nombrado comisario pontificio para este asunto.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación este sábado, el Arzobispado de Burgos, diócesis a la que pertenece el monasterio de Belorado, en el norte de España y donde están las monjas, informó de que Iceta ha comunicado el decreto de excomunión y la expulsión ipso facto de la vida consagrada a todas y cada una de las diez hermanas que incurrieron en cisma.
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Las monjas habían enviado ayer viernes un burofax al arzobispado en el que rechazaban comparecer ante el Tribula Eclesíastico, como se les había pedido, al no reconocer su autoridad, y comunicaron su “unánime e irreversible posición” de abandonar la Iglesia católica, a la vez que aseguraban que cualquier sanción canónica como la excomunión será nula.
El pasado 13 de mayo estas diez religiosas comunicaron, con un manifiesto y una carta pública, su salida de la Iglesia católica para ponerse bajo la tutela de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, fundada por el falso obispo Pablo de Rojas, excomulgado en 2009.
El Arzobispado ha indicado que, pese a la excomunión de las diez religiosas, “sigue existiendo comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión, al no haber secundado el cisma”; se trata de las cinco hermanas mayores y de otras tres que, aunque en este momento no están en el monasterio, pertenecen a la comunidad.
La excomunión de las diez religiosas supone que deben abandonar el monasterio de Belorado, si bien los servicios jurídicos del Arzobispado los que, en una reunión el próximo lunes, analizarán los pasos a dar ante la nueva situación.
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También estudiarán la documentación remitida por los abogados de las exmonjas, que se pusieron este viernes en contacto con Mario Iceta, también mediante un burofax, para comunicarle que las clarisas habían nombrado una comisión negociadora para negociar una solución “pacífica y extrajudicial”.
El origen de todo este conflicto está en la negativa por parte de las autoridades eclesiásticas a que las monjas pudieran vender un convento que tienen en propiedad y que está vacío, operación con la que pretenden hacer frente a la compra de otro monasterio.
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