Tras anunciar en enero un plan de regularización masiva de inmigrantes irregulares, el Gobierno español de izquierda indicó el martes que ampliará el acceso a la atención sanitaria para las personas en esa situación, en línea con su talante promigración, a contracorriente de sus vecinos europeos.
El texto “regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y atención sanitaria a personas extranjeras que no tienen su residencia legal aquí”, explicó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa tras un consejo de ministros.
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La medida también beneficia a españoles que siguen teniendo residencia en el extranjero “durante los desplazamientos temporales al territorio español y también a familiares que los acompañen”, abundó Saiz, también ministra de Migraciones.
Para facilitar su aplicación, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobó un real decreto, que le permite prescindir de un voto en el Parlamento, donde no cuenta con mayoría.
Desde su llegada al frente del Ejecutivo en 2018, Sánchez defiende una política de apertura en materia de inmigración, a contracorriente de muchos de sus vecinos europeos e incluso occidentales.
A finales de enero, su gobierno presentó un plan masivo de regularización de migrantes en situación irregular que podría beneficiar a unas 500.000 personas, en su gran mayoría latinoamericanas, una medida que busca sostener el crecimiento económico del país y combatir el envejecimiento de la población.
En noviembre de 2024, el gobierno había adoptado otra reforma que debía permitir la regularización de 300.000 personas al año durante los tres años siguientes.
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La derecha y la extrema derecha están tajantemente en contra de estas medidas.
España es una de las tres principales puertas de entrada de los migrantes en Europa, junto con Italia y Grecia.
Casi 37.000 migrantes en situación irregular entraron en el país en 2025, una cifra casi 43% inferior a la de 2024, según el Ministerio del Interior español.
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