El acuerdo de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes que ha desatado protestas en España

Entre banderas españolas y gritos de “paremos la traición” y “España no se vende”, miles de personas se han ido sumando en las últimas semanas a protestas frente a las sedes del (Partido Socialista Obrero Español) PSOE en varias ciudades del país ibérico. La razón del descontento es el proyecto para otorgar amnistía a los independentistas catalanes que impulsa el jefe de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a cambio de los votos necesarios para mantener su cargo.

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El PSOE, liderado por Sánchez, terminó en segundo lugar en las elecciones legislativas del 23 de julio, por detrás del conservador Partido Popular, que no logró los apoyos parlamentarios necesarios para llegar al poder. Ahora, los socialistas están negociando con los partidos separatistas catalanes para que apoyen sus esfuerzos de formar un nuevo gobierno y mantener a su coalición de centroizquierda en el poder. Su respaldo es indispensable para lograrlo.

Por ello, Sánchez aceptó la exigencia de los independentistas de preparar una ley de amnistía para los separatistas procesados por la justicia española, entre ellos los líderes que huyeron de España tras su intento fallido de secesión en el 2017. El acuerdo provocó la indignación de varios sectores, entre ellos losprincipales partidos de oposición y grupos derechistas.

Las protestas derivaron la noche del lunes en incidentes ante la sede del PSOE en Madrid, con tres detenidos y el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía antidisturbios. Santiago Abascal, líder del grupo de derecha radical Vox, la tercera formación más grande en el Congreso de los Diputados, asistió a la marcha y ha pedido una “movilización permanente, constante y creciente”.

El conservador Partido Popular (PP) ha convocado concentraciones en toda España. “No voy a consentir que en nombre de mi país (...) se pida perdón a quien agredía y a quien atacaba a las instituciones”, dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Mientras la tensión política aumenta, las negociaciones entre socialistas e independentistas aún continúan. Sánchez consiguió el apoyo de los siete diputados de Izquierda Republicana de Cataluña (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), pero aún debe garantizarse los de los siete de Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya, JxCat), el partido de Carles Puigdemont, líder de la intentona del 2017 y quien dirige las conversaciones de los acuerdos desde Brusela.

Sánchez tiene hasta el 27 de noviembre para formar gobierno o el parlamento se disolverá de forma automática y se convocarán nuevas elecciones para enero.

Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, destaca que Sánchez necesita de los catalanes para ser gobierno y, por ello, está negociando y cediendo en varios puntos.

Además del proyecto de ley de amnistía, que tendría que ser votado por el Parlamento, “otro punto del acuero es la cesión de competencias al gobierno catalán, a quien le acaban entregar la competencia de los ferrocarriles de cercanías. Lo otro que está en el aire es el tema del reconocimiento de la nación catalana y el referéndum, porque Cataluña está reconocida como nacionalidad, no como nación”, explica a El Comercio.

El experto considera que la estrategia de Sánchez con los catalanes ha sido dejar pasar el tiempo, con la creencia de que cuanto más se acerca la fecha límite será más fácil no tener que ceder en todo. El problema es que los catalanes tienen la misma estrategia. Los catalanes son dos grupos diferentes. Puigdemont está desarrollando una estrategia interesante, que es llegar a un acuerdo y luego buscar añadir más peticiones para volver a negociar y así sucesivamente.

“En cuanto a las amnistías, Pedro Sánchez terminará cediendo en todo. Ya ha cedido mucho y seguirá haciéndolo porque no tiene más remedio. Sánchez está negociando a la baja un acuerdo que le permita gobernar y para muchas personas el problema no es la gobernabilidad, sino que él gobierne por encima de una serie de principios fundamentales. Esto lo está aprovechando muy bien sobre todo Puigdemont, que es un personaje muy hábil”, dice Banús.

No solo las protestas que se realizan en distintas partes de España aumentan la presión sobre Sánchez, sino que, a la vez, prosigue la ofensiva de la Justicia contra líderes independentistas como Puigdemont.

La justicia española, que ya reclama a Puigdemont por su papel en los hechos del 2017, anunció el lunes 6 que lo investiga también por los disturbios ocurridos en Cataluña en el 2019 en protesta por las condenas a penas de cárcel de otros líderes independentistas.

Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano colegiado que nombra a los jueces, aprobó una declaración con el voto a favor de los miembros conservadores en la que denunciaron que el proyecto de amnistía podría “degradar” y “convertir el Estado de derecho en objeto de mercadeo”.

Para Banús es claro que con el acuerdo Puigdemont podrá regresar a España y todos los personajes inhabilitados podrán volver a presentarse a cargos y participar en la vida política “como si nada hubiera pasado”.

“Mientras eso pase el enojo continuará. Los votantes del PP y de Vox no están para nada de acuerdo con esta medida y una parte de los socialistas tampoco porque deja ver que son negociables muchas cosas que para muchos no parecen tan negociables. Los juristas también están divididos. Todo esto lo que está haciendo es profundizar la división que ya lleva ya un tiempo agudizándose y que es un legado de Pedro Sánchez. Hoy hay mucha crispación, los tonos son muy agrios y virulentos y eso no favorece a nadie”, señala el analista.

Por lo pronto ya se han convocado manifestaciones para el domingo en las capitales provinciales del país, y el sábado 18 de noviembre una gran protesta en Madrid.