Fiscal de la CPI acusa a Duterte de haber autorizado “asesinatos” en Filipinas

Un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) acusó el lunes al expresidente filipino Rodrigo Duterte de haber autorizado “asesinatos” y seleccionado a algunas de las víctimas de su “guerra contra las drogas”, en el comienzo de las audiencias para decidir si debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

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Es el primero de cuatro días de audiencias, conocidas como “confirmación de cargos”, que permitirán determinar a este tribunal con sede en La Haya si Duterte debe ser juzgado en un proceso formal.

Duterte enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad. Los fiscales le acusan de estar implicado en al menos 76 muertes entre 2013 y 2018.

Según el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niangm, el exmandatario (2016-2022) desempeñó un papel “fundamental” en los asesinatos extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores de drogas.

Rodrigo Duterte “autorizó asesinatos y seleccionó personalmente a algunas de las víctimas”, afirmó Niang al inicio de las audiencias.

Los asesinatos imputados en este procedimiento judicial representan “solo una fracción” del número real de víctimas mortales, añadió.

El antiguo dirigente niega categóricamente estas acusaciones, declaró su abogado Nicholas Kaufman, quien sostuvo que las pruebas contra Duterte son “totalmente insuficientes” y que los cargos están “motivados por consideraciones políticas”.

Kaufman añadió que Duterte “defiende con firmeza su legado y mantiene rotundamente su inocencia”.

Los grupos de derechos humanos calculan que la campaña antidrogas de Duterte dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría personas pobres abatidas por policías o grupos de autodefensa, muchas veces sin pruebas de que estuvieran vinculadas al narcotráfico.

Una vez concluidas las audiencias, los jueces dispondrán de 60 días para emitir por escrito su decisión sobre si Duterte debe enfrentarse a un juicio completo.

“Momento histórico”

Grupos de manifestantes rivales acamparon frente al tribunal desde primeras horas del lunes.

Patricia Enriquez, investigadora de 36 años, lo considera un “momento histórico” para las víctimas de los presuntos crímenes de Duterte.

“Espero que todos los filipinos y todas las personas del mundo estén con nosotros, con la verdad, con la justicia y con la rendición de cuentas”, dijo a la AFP.

Aldo Villarta, un chef de 35 años, afirmó en cambio que era una “bofetada” para Filipinas que un tribunal internacional juzgara al antiguo líder del país.

“Ya hemos sufrido demasiado por la colonización”, dijo Villarta, quien también argumentó que los derechos humanos de Duterte estaban siendo vulnerados por su encarcelamiento.

Duterte fue detenido en Manila en marzo del año pasado y trasladado a La Haya. Desde entonces permanece recluido en la unidad de detención de la CPI en la prisión de Scheveningen.

En Manila, unas 60 familias de víctimas de la represión antidrogas siguieron la audiencia desde un centro comunitario.

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El grupo, compuesto en su mayoría por mujeres cuyos maridos o hijos fueron abatidos en operaciones policiales, dijo a la AFP que estaba profundamente decepcionado de que no se hubiera obligado a Duterte a comparecer.

“Quizá no quiere asumir sus pecados”, afirmó Gloria Sarmiento, cuyo novio apareció muerto en las últimas semanas de la presidencia de Duterte.

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Agencia AFP

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