Rusia ha sometido al menos a 314 niños de Ucrania a un programa de adopción o acogida forzada desde que comenzó la guerra con el país en febrero de 2022 para su “rusificación”, según una investigación publicada este martes por la Universidad de Yale (Estados Unidos).
La investigación, del Humanitarian Research Lab de la Escuela de Salud Pública de Yale, supone “el análisis de alta confianza más amplio y detallado hasta la fecha sobre el emplazamiento de niños de Ucrania con ciudadanos de Rusia o alistados en las bases de datos (de adopciones) de Rusia”.
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La institución ha identificado a 166 niños ya emplazados con ciudadanos rusos y 148 alistados en bases de datos que están operadas, afiliadas o dirigidas directamente por el Gobierno ruso o que se coordinan con este como parte de una operación “sistemática, intencional y extendida”.
Esa operación, documentada en un informe de 86 páginas que aborda la custodia de los niños ucranianos por Rusia, su transporte de un país a otro y su naturalización, “fue iniciada por (el presidente ruso, Vladímir) Putin y sus subordinados con la intención de rusificar” a los pequeños, indica.
Los 314 niños ucranianos identificados en la investigación fueron tomados de las provincias de Donetsk y Lugansk -declaradas unilateralmente rusas- transportados a puntos temporales y distribuidos a 21 regiones del país; de ellos han sido naturalizados 67 y están emplazados 42.
También se concluye que Rusia está utilizando psicólogos para legitimizar este programa de adopciones como una “necesidad médica” y que los niños fueron sometidos a una “reeducación prorrusa” tras entrar en custodia rusa.
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Los investigadores indican en el informe que las adopciones y acogidas forzadas que documentan pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad, y que junto a otras pruebas pueden incluso reforzar los argumentos de que Rusia está cometiendo genocidio contra Ucrania.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó en marzo órdenes de arresto contra Putin y su comisionada para la protección de la infancia, María Lvova-Belova, por la deportación masiva de menores ucranianos desde las zonas ocupadas en Ucrania a territorio de Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
Además de Putin y Lvova-Belova, el informe de Yale acusa a otros funcionarios rusos por su responsabilidad en el programa de adopciones forzadas: Anna Kuznetsova, vicepresidenta de la Duma o cámara de diputados rusa; Sergei Kravtsov, ministro de Educación; y los jefes de las administraciones prorrusas de Donetsk y Lugansk.
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