Las brutales imágenes de cuerpos esparcidos en una calle de la ciudad ucraniana de Bucha hacen pensar en crímenes de guerra, pero aportar una prueba jurídica y más aún juzgar a los culpables es un ejercicio complicado, advirtió un experto internacional.
Philip Grant, director de la oenegé Trial, especializada en la lucha contra la impunidad en materia de crímenes contra la humanidad, advierte en una entrevista con la AFP: “Las imágenes en sí raramente valen como pruebas determinantes”.
“Pueden revelar elementos importantes, pero no revelarán toda la historia”, agrega Grant, que recomienda permanecer “prudente” y recuerda las manipulaciones del pasado y las interpretaciones erróneas.
El recuerdo de la falsa masacre de Timisoara en Rumanía en 1989 permanece vivo. Al igual que el de Katyn en 1940, perpetrado por la Unión Soviética que acusó a los nazis.
La difusión en los medios internacionales de fotos y videos realizados en Bucha que muestran cuerpos en la calle, algunos con las manos atadas en la espalda o parcialmente quemados, así como fosas comunes, provocaron la indignación internacional.
Las autoridades ucranianas afirman que los soldados rusos masacraron civiles, algo que Moscú niega, acusando a su vez a Ucrania de haber montado un escenario.
En el caso preciso de Bucha “parece bastante claro que se cometieron crímenes de guerra”, dice Grant.
La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU estimó el martes que toda apunta a que “las víctimas fueron un objetivo deliberado”, lo que constituye de facto un crimen de guerra.
Pero Philip Grant insiste: las imágenes solas no permiten “atribuir esta responsabilidad a una persona o a un grupo preciso”.
Incluso si se determina que “lo hicieron los rusos”, explica Grant, “tenemos que saber quién ordenó esto”. “¿Fue [el presidente ruso] Vladimir Putin? ¿Fue el comandante en el terreno? ¿Fue una unidad de inescrupulosos?”.
“En términos de responsabilidad penal es demasiado pronto para decir quién tendría que encontrarse ante un tribunal por esos crímenes”, subraya.
El Tribunal Penal Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y un creciente número de países quieren investigar sobre crímenes de guerra en Ucrania desde la invasión por parte de Rusia el 24 de febrero, pero Grant advierte que tendrán “mucho trabajo por delante”.
El primer paso en toda investigación de este tipo es “asegurarse de que se cometió un crimen”. “Esto puede parecer evidente, pero no siempre lo es”, recuerda Grant, sobre todo en un contexto de conflicto.
En tiempos de guerra matar gente puede ser legal: la muerte de un soldado en combate no es considerada como un crimen, pero sí lo es si se lo mata luego de que haya resultado herido o hecho prisionero.
Si los soldados mueren en combate y son enterrado en una fosa común no hay un crimen. Pero “si se encuentra en la fosa una familia, civiles, entonces probablemente es un crimen”, explica el especialista.
Una vez que se ha determinado que se cometió un crimen, llega la tarea a menudo mucho más compleja de resolver quién es responsable. Los crímenes de guerra implican “muchos estratos” de responsabilidad en toda la cadena de mando y “hasta la cumbre”, agrega.
En estos últimos casos, lo más difícil es “tener acceso a los sospechosos”, continúa.
Si los investigadores ucranianos “indican la responsabilidad penal de Putin, hay que atrapar a la persona”. “Eso no va a ser fácil”, pero “es posible”, estima.
No hay plazo de prescripción para los crímenes de guerra. Además del propio Putin, “hay probablemente cientos de personas en el aparato de seguridad que podrían en un determinado momento ser consideradas responsables, sin hablar siquiera de los soldados en el terreno”, según Grant.
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