La Fiscalía de Francia adelanta que pedirá inhabilitación sin precisar aún los años contra Marine Le Pen

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París adelantó este martes que pedirá “penas de inhabilitación” en el caso de desvío de fondos europeos en el que está condenada en primera instancia la líder ultraderechista Marine Le Pen y otras diez personas relacionados con su partido, la Agrupación Nacional, pero sin precisar los años de las mismas.

“Solicitaremos penas de inhabilitación (...) No hace falta disimular un falso suspense”, aseveró el fiscal Thierry Ramonatxo, el primero de los dos representantes del Ministerio público en intervenir ante el Tribunal de Apelación de París al inicio la requisitoria que se celebra esta tarde y que se espera que se prolongue más de cinco horas.

Marine Le Pen fue condenada en marzo de 2005 a una dura pena que incluía cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata para ejercer cargo público, lo que bloquearía por el momento su ambición de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales de 2027, para las que es favorita.

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Además de la inhabilitación, la líder nacionalpopulista fue castigada por el mismo caso a cuatro años de cárcel —dos exentos de cumplimiento— por malversación de fondos públicos de la Eurocámara.

“Ha llegado la hora de ajustar cuentas. No se trata en absoluto de trivializar las responsabilidades de nadie ante este tribunal, sin diluirlas ni disminuirlas”, dijo el fiscal Ramonatxo, justo antes de avanzar que él y su colega, Stéphane Madoz-Blanchet, solicitarán “que se confirme ampliamente la responsabilidad penal de todos los acusados y que se soliciten las penas de inhabilitación correspondientes”.

Ramonatxo reprochó a los miembros del Frente Nacional (hoy Agrupación Nacional liderado por Marine Le Pen) los “ataques mediatizados” en primera instancia a la institución judicial y citó las “amenazas explícitas de muerte” que sufrieron los magistrados que dictaron la condena en primera instancia.

En este sentido, el fiscal se congratuló de que, los debates de estas últimas tres semanas en el juicio en apelación se hayan desarrollado en un contexto más sereno. “Este es un cambio notable de tono y atmósfera”, enfatizó.

En primera instancia, los jueces consideraron probado que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiación ilegal de su partido, mediante el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016. El perjuicio estimado para la Eurocámara fue de más de 4 millones de euros.

En el juicio en apelación, Le Pen adoptó una estrategia de defensa basada en la involuntariedad y la buena fe. “Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho”, afirmó, subrayando que no existió intención de establecer un sistema para financiar ilegalmente su partido con fondos europeos.

Argumentó que todas sus actuaciones fueron públicas y que el Parlamento Europeo nunca les advirtió de posibles irregularidades.