La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen fue condenada este lunes a cuatro años de prisión, dos firmes que puede cumplir con brazalete electrónico, 100.000 euros de multa y a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.
Le Pen fue condenada tras ser declarada culpable por el Tribunal Correccional de París por esta al frente de un sistema organizado de desvío de fondos del Parlamento Europeo.
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La pena pone en jaque su futuro político y su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, para las que aparecía como la principal favorita de los sondeos.
Le Pen abandonó el Palacio de Justicia tras conocer la inhabilitación inmediata, sin esperar a que el tribunal anunciara todos los detalles de su pena.
Poco después llegó a la sede de su partido sin realizar declaraciones a la nube de periodistas que la esperaban.
Minutos más tarde llegó su número dos, Jordan Bardella, que anuló su desplazamiento a Estrasburgo para el pleno del Parlamento Europeo, y también sin hacer declaraciones.
El que está considerado como su delfín político publicó un mensaje en las redes sociales en el que consideró que con esa sentencia “la democracia francesa queda ejecutada”.
Los otros ocho antiguos eurodiputados de su partido recibieron también a distintas penas de prisión, multas y de inhabilitación.
Una de las figuras más destacadas del partido, Louis Aliot, alcalde de la ciudad de Perpiñán, la de mayor tamaño gobernada por la extrema derecha, fue condenado a tres años de inhabilitación pero sin aplicación inmediata debido a su condición de electo a nivel local.
La sentencia considera que Le Pen heredó en 2009 el “papel central” de su padre como instigador del sistema de financiación del partido con el dinero de los asistentes parlamentarios de la Eurocámara y lo ejerció “autoridad y determinación”, por lo que le impuso la mayor condena.
Aunque la parte que más dolió fue la aplicación inmediata, con carácter preventivo, de la inhabilitación, porque compromete sus opciones de presentarse por cuarta vez al Elíseo.
La presidenta del tribunal lo justificó por “la gravedad de los hechos”, por la necesidad de probidad de la vida pública y porque el sistema de financiación ilícita del partido atentó contra la neutralidad democrática, al permitirle concurrir en condiciones ventajosas a las elecciones.
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