La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen y otros once de los condenados hace diez días por desvío de fondos del Parlamento Europeo han recurrido la sentencia, mientras que otros doce han renunciado a hacerlo y asumen la pena impuesta, informaron este viernes fuentes judiciales.
El partido de Le Pen, condenado igualmente en el juicio, también ha apelado la condena, indicaron las fuentes, que señalaron que también la han recurrido la Eurocámara, como acusación particular, y la Fiscalía.
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El Tribunal de Apelación de París indicó que la causa será juzgada en segunda instancia en el primer semestre de 2026, para que haya una sentencia en verano de ese año y no interferir así en la campaña electoral para las presidenciales de 2027, en las que Le Pen es la favorita de los sondeos.
La líder ultraderechista fue condenada a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y dos en arresto domiciliario y, sobre todo, a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata, lo que implica que no queda en suspenso en espera del recurso.
Junto a ella, han apelado la sentencia Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, la mayor ciudad nunca regida por la extrema derecha francesa, el histórico Bruno Gollnisch, el ex abogado y tesorero del partido Wallerand de Saint-Just y el tránsfuga Nicolas Bay.
También lo han hecho la que fuera jefa de gabinete de Le Pen, Catherine Griset, actual diputada, y el ex asistente parlamentario Julien Odoul, hoy también en la Asamblea Nacional.
Todos ellos fueron condenados por la utilización irregular de asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo, pagados por la Eurocámara, que en realidad efectuaban labores para el partido.
El Tribunal Correccional de París consideró en su sentencia que Jean-Marie Le Pen, cofundador del partido y ahora ya fallecido, ideó un sistema para financiar así a su formación política, que su hija Marine retomó y afianzó cuando heredó la presidencia a partir de 2011.
Los jueces estimaron en 4 millones de euros el perjuicio causado a la Eurocámara por este sistema y dieron por probado que estuvo en funcionamiento entre 2004 y 2016.
La condena y, sobre todo, la inhabilitación de su líder con carácter inmediato, que pone en cuestión su posible candidatura a las presidenciales de 2027, han provocado que la extrema derecha cuestione una sentencia que califican de “política”.
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