La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París pidió este miércoles una pena de siete años de cárcel para el expresidente francés Nicolas Sarkozy, dos más de los que fue condenado en primera instancia, por haber recibido financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para la campaña que le llevó al Elíseo en 2007, o al menos haberlo intentado.
El fiscal Rodolphe Juy-Birmann también pidió para el que fuera el jefe del Estado francés de 2007 a 2012 su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años y una multa de 300.000 euros.
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Juy-Birmann subrayó que requería para Sarkozy la mayor pena de las solicitadas para los diez procesados que comparecen en esta causa porque él fue el “instigador de los hechos” pero también “el principal y el único beneficiario”, y todo ello con el objetivo de ser elegido presidente de Francia.
En una primera reacción ante la prensa, el abogado de Sarkozy Christophe Ingrain, se mostró convencido de que en los próximos 15 días durante los alegatos de la defensa demostrarán “la perfecta inocencia de Nicolas Sarkozy”.
Ingrain insistió en que “no hubo dinero libio en su campaña, no hubo dinero libio en su patrimonio” y en que “su elección no estuvo sesgada”.
El representante del Ministerio Público pidió al tribunal que a la hora de dictar sentencia tenga en cuenta que los hechos que tiene que juzgar “no son un escenario cualquiera” sino que hubo “un pacto de corruptela al más alto nivel” establecido antes de ser elegido jefe del Estado por el que se comprometió a sacar al régimen de Gadafi del ostracismo internacional en el que había estado durante años.
El Ministerio Público reclamó que Sarkozy sea condenado por los cuatro delitos por los que está encausado y no sólo por uno de ellos, el de asociación de malhechores, que fue el único que se consideró demostrado en el juicio en primera instancia el pasado año.
En ese proceso, en el que la Fiscalía también requería una pena de siete años por los mismos cuatro cargos, fue sentenciado por el tribunal a cinco años de cárcel, con ejecución provisional, lo que le condujo a su ingreso en prisión durante veinte días el pasado otoño hasta que pudo salir en libertad bajo control judicial.
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Los jueces también le impusieron en primera instancia un periodo de cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 100.000 euros.
El Ministerio Público quiere que esta vez los jueces vayan más lejos y lo justifica porque a su parecer está demostrado que hubo un acuerdo entre Muamar Gadafi y Nicolas Sarkozy por el que este último y quien era su brazo derecho, Claude Guéant, se comprometían a actuar en favor del régimen libio, a cambio de fondos para la campaña electoral.
En particular, se trataba de actuar para levantar la orden internacional de detención que pesaba sobre Abdallah Senoussi, lugarteniente y cuñado de Gadafi, por haber sido condenado en Francia a cadena perpetua por un atentado contra un avión que estalló en pleno vuelo en Níger, lo que provocó la muerte de sus 170 ocupantes, entre los que había 54 franceses.
La tensión crece en Francia tras el fallecimiento del joven ultra Quentin Deranque, por el que siete personas, miembros de grupos de extrema izquierda, fueron procesados este jueves 19 de febrero, mientras que el presidente, Emmanuel Macron, intervino a distancia para calmar los ánimos. (EFE) SOBRE EL AUTOR
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