Por qué el Reino Unido enviará a los migrantes ilegales a Ruanda “pase lo que pase”

Luego de una maratónica sesión, el Parlamento británico aprobó en las últimas horas el controvertido plan del gobierno para deportar a los migrantes en situación irregular a Ruanda. La decisión que llega luego de dos años de intensos debates y vaivenes judiciales se produce poco después de que el primer ministro Rishi Sunak anunciara que se llevaría a cabo “pase lo que pase”.

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Este plan concebido en el 2020 y anunciado en abril del 2022, durante el gobierno de Boris Johnson, para atajar el alarmante aumento de cruces a través del Canal de la Mancha y lo continuó Sunak al asumir el cargo en octubre del mismo año, como parte de su bandera contra la migración irregular.

En noviembre del 2023 una decisión unánime del Tribunal Supremo del Reino Unido parecía enterrar la propuesta al considerarla ilegal, pero el gobierno insistió en la medida y “en cuestión de semanas” alcanzó un nuevo tratado con Ruanda. Un año antes otro fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos había frustrado un vuelo de deportación hacia el país africano.

Tras ello, el denominado Proyecto de Ley sobre la Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración) pasó por meses de intensos debates entre la Cámara de los Lores (cámara alta) y la de los Comunes (cámara baja).

Durante este periodo los lores plantearon una serie de enmiendas que fueron rechazadas por los comunes, entre las que destacaban una exención de la deportación para las personas que trabajaron con el ejército del Reino Unido en el extranjero, como los intérpretes afganos, además de nombrar a un supervisor independiente para determinar si Ruanda es realmente un país seguro.

A falta de un acuerdo parlamentario, prevaleció la decisión de la cámara baja pues sus miembros son electos en las urnas. Tras ello, el gobierno de Sunak estima que la medida comenzará a ejecutarse en las próximas 10 o 12 semanas.

“Son lamentables las declaraciones del gobierno que considera esta medida como un ejemplo para no atraer a más refugiados, lo cual es totalmente contrario a los derechos humanos y a cualquier signo de humanidad hacia personas que huyen de situaciones muy complejas. Además, sabemos que por muchas barreras que se estén poniendo, mientras no se solucionen los problemas de origen es muy difícil que este fenómeno se frene”, comenta a El Comercio Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

El acuerdo original fue firmado por los gobiernos de Gran Bretaña y Ruanda a mediados del 2022 y en él la nación europea se comprometía a pagar US$150 millones a cambio de que el país africano recibiera a los migrantes irregulares que llegaran a partir del 1 de enero del 2022 a través del Canal de la Mancha.

Una vez ahí se estudiaría el pedido de asilo y habría dos opciones. De ser aceptados podrían permanecer en la nación africana en calidad de refugiados. De ser rechazados podrían volver a solicitarlo pero esta vez al gobierno ruandés. Bajo ningún concepto los solicitantes tendrían opción de volver a Reino Unido como refugiados.

Desde el primer momento el plan llamó la atención y levantó reclamos de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, además de las Naciones Unidas, al considerar que Ruanda no reunía las condiciones necesarias para proteger a los solicitantes. El propio gobierno británico había alertado en el 2021 que Ruanda era un país donde se habían registrado “asesinatos extrajudiciales, muertes en custodia, desapariciones forzadas y torturas”.

Aunque el país africano parece haber dejado atrás aquel oscuro capítulo del genocidio en el que murieron 800.000 personas, y actualmente se erige como una nación próspera y ordenada, muchos ciudadanos en el exilio han denunciado que en Ruanda no se respetan los derechos humanos.

Una pequeña muestra de ello es que un grupo de youtubers que criticaron al gobierno hoy purgan penas de cárcel, mismo destino que sigue Paul Rusesabagina, gerente del hotel que salvó la vida de más de 1.000 personas durante el genocidio y en quien se basó la película de Hollywood Hotel Rwanda, quien cumple 25 años de cárcel acusado de apoyar a un grupo rebelde.

Los críticos al plan, además, alertan que en Ruanda se incrementa peligrosamente el riesgo de que los solicitantes sean extraditados a sus países de origen, contraviniendo uno de los principios básicos del derecho internacional al refugio.

“Se debe utilizar el principio de que estas personas deben tener asilo en el país donde lo solicitan, ese es un principio clave en el derecho de los refugiados. En segundo lugar se pone en duda que Ruanda pueda tener la capacidad de acoger a todas estas personas que solicitan refugio. Es un país donde vemos que se incrementa el conflicto fronterizo con la República Democrática del Congo. Se está considerando como un tercer país seguro a uno donde está aumentando la violencia, eso es lamentable”, señala Navarro.

Tras el fallo judicial del 2023, los ministros del Interior de Reino Unido, James Cleverly, y de Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, firmaron en tiempo récord un nuevo acuerdo que “aborda todas las preocupaciones de los jueces del Tribunal Supremo”.

En pocas palabras, el gobierno de Sunak se encargó de blindar el acuerdo al declarar a Ruanda como un país “seguro”, eludiendo así el eje central sobre el que se sostenía el fallo judicial.

Con esta nueva ley aprobada, los jueces no solo están obligados a considerar a la nación del este de África como un país seguro para los expulsados sino que también otorga a los ministros el poder de ignorar secciones del derecho internacional y británico de derechos humanos.

“Se tuvo que cambiar el acuerdo original, se tuvo que generar una nueva legislación contraria a los derechos humanos y lo que dicen sus propios tribunales. Se ha limitado las capacidades de control que tienen los tribunales del Reino Unido, lo cual hace mucho más compleja esta situación que vulnerará los derechos humanos de muchas personas”, alerta Navarro.

La aprobación de la ley tomó por sorpresa a miles de migrantes que ahora se ven ante el riesgo de ser extraditados al país africano. Se estima que 52 mil de los 100.000 migrantes en situación irregular podrían ser procesados bajo esta modalidad ahora que se aprobó la legislación.

“No me lo tomaba en serio. Pensaba que la humanidad le importaba a esta gente”, dijo a la agencia AFP Sultan, joven afgano de 20 años que huyó de su país tras el regreso de los talibanes al poder.

“Yo solo quiero ser libre y ¿quieren enviarme a Ruanda? ¡Ruanda no es mejor que mi país!”, lamentaba al mismo medio Sagvan Khalid Ibrahim, un kurdo iraquí de 29 años.

El gobierno de Sunak asegura que el principal objetivo de esta ley es desalentar el peligroso cruce que miles de migrantes realizan cada año a través del Canal de la Mancha. En el 2022, las costas inglesas registraron el récord de 45.000 migrantes llegados a través de esa vía.

En el 2023 la cifra descendió a casi 30 mil y en lo que va del 2024 se ha confirmado un aumento del 20% respecto al año anterior.

Pocas horas después de aprobada la ley se registró la muerte de cinco migrantes en el Canal, lo que aumenta a 14 la cifra mortal de quienes intentaron cruzar por dicha vía desde que inició el año.

“Lo que se pide es un mínimo de humanidad para recibir a todas estas personas que huyen de los conflictos armados que aquejan a su país”, señala Navarro.