El Gobierno de Colombia extraditó este jueves a Estados Unidos a Álvaro Córdoba, hermano de la senadora oficialista Piedad Córdoba, quien estaba solicitado por una corte de ese país por delitos relacionados con narcotráfico.
La operación de extradición comenzó en la cárcel La Picota, de Bogotá, de donde el hermano de Córdoba salió escoltado por miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) hasta la base militar de Catam, anexa al aeropuerto El Dorado.
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Allí los paramédicos evaluaron el estado de salud de Córdoba y de otras cinco personas que también fueron extraditadas a diferentes partes de Estados Unidos.
“Soy inocente y lo demostraré en Estados Unidos”, gritó Córdoba segundos antes de subir a un avión de la agencia estadounidense antidrogas (DEA).
Álvaro Córdoba intentó evitar su extradición, pero los recursos jurídicos fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno.
La senadora Piedad Córdoba forma parte del Pacto Histórico, partido que llevó al poder al presidente colombiano, Gustavo Petro.
Cuando su hermano fue detenido, la senadora aseguró que ninguno de los dos tiene “relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados”, por lo que pidió que se acabe con “la persecución política” contra ella y su familia.
La senadora es señalada de tener vínculos con el empresario colombiano Álex Saab, preso en Estados Unidos, que lo acusa de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El Gobierno colombiano aprobó la extradición de Córdoba, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York “por el cargo de concierto para importar narcóticos”, dijo en septiembre pasado el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
La decisión se conoció un mes después de la posesiónn de Petro, quien ya ha autorizado decenas de extradiciones por diferentes delitos, principalmente a Estados Unidos.
El Gobierno colombiano dio ese paso luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición de Córdoba, quien fue detenido el 2 de febrero del año pasado en Medellín.
Inicialmente, Álvaro Córdoba, quien también es político, fue pedido por los delitos de tráfico de drogas ilícitas, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia solo avaló el cargo por narcotráfico, pues Córdoba está acusado de aliarse con carteles mexicanos y con emisarios del disidente de las FARC alias “Gentil Duarte”, asesinado el año pasado en Venezuela, para exportar cocaína a Estados Unidos.
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