El Gobierno de Javier Milei denunció este martes ante la Justicia a la expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015) por cobrar pensiones como residente de la Patagonia -donde el pago por jubilación es mayor- y no como vecina de la capital del país.
La denuncia por “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo que administra el sistema estatal de jubilaciones.
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La Anses denunció a Cristina Kirchner por el posible “cobro indebido” de la denominada Bonificación por Zona Austral, un pago adicional que reciben los jubilados que residen en las provincias de la Patagonia argentina.
Según el Ejecutivo de Milei, la expresidenta, con domicilio declarado en la sureña provincia de Santa Cruz, ha cobrado dos pensiones -la suya propia como exjefa de Estado y la que le corresponde como viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)- con ese beneficio, cuando es de “público conocimiento su residencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
“Esto habría generado un perjuicio fiscal a la Anses, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa”, señaló el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.
En un mensaje en la red social X, Kirchner rechazó la denuncia en su contra y acusó a Milei de perseguirla judicialmente.
Señaló que desde 1976 tiene su domicilio fijado en Río Gallegos (capital de Santa Cruz) y que desde 1995 ha ejercido cargos públicos nacionales por lo que estuvo “gran parte del tiempo” en la ciudad de Buenos Aires.
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La disputa en torno a las pensiones que ha cobrado Fernández -quien también se desempeñó como vicepresidenta argentina entre 2019 y 2023- viene desde noviembre pasado, cuando el Gobierno de Milei revocó los beneficios de pensiones vitalicias que cobraba la exmandataria.
La Anses tomó esa decisión días después de que un tribunal de alzada confirmara una condena para Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante su Gobierno y el de Néstor Kirchner.
Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social alegó en ese momento que las pensiones vitalicias para expresidentes “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.
Tras hacerse efectiva esa medida, Cristina Fernández apeló la decisión administrativa de la Anses bajo el argumento de que las pensiones para expresidentes no se conceden por buen desempeño, sino por el “mérito” de haber sido elegidos como jefes de Estado por el voto popular.
Alegó, además, que el supuesto “mal desempeño” de un presidente sólo lo puede juzgar el Parlamento argentino a través del proceso constitucional de juicio político durante el ejercicio del mandato.
Este lunes, la Anses rechazó el recurso presentado por la expresidenta, por lo que la baja de las pensiones se mantiene.
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