El Gobierno de Javier Milei y sus aliados en el Parlamento argentino buscarán este martes alcanzar un consenso en comisiones para avanzar con una reforma del Régimen Penal Juvenil que, entre otras modificaciones, incluye la reducción de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad y establece un sistema integral para abordar los delitos cometidos por adolescentes.
Las comisiones de Legislación Penal, Familias y Juventudes, Presupuesto y Justicia de la Cámara de Diputados abordarán mañana 14 proyectos presentados por distintas fuerzas políticas, en su mayoría ligadas al Gobierno de Milei, con el objetivo de reemplazar una ley vigente desde 1980, en plena dictadura militar argentina (1976-1983).
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Si bien la propuesta del oficialismo y sus aliados de reducir la edad de imputabilidad generó resistencia en sectores del kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica, también cosechó importantes apoyos tras más de ocho sesiones informativas iniciadas en agosto de 2023.
La propuesta original promovida por el Gobierno fijaba la edad mínima de punibilidad en los 13 años, una modificación que fue defendida en varias oportunidades por el propio Milei, que argumentó que los delitos de adultos merecían penas de adultos.
No obstante, los proyectos que se presentarán mañana abordarían una reforma consensuada para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.
En el plenario de comisiones se discutirán también otros aspectos, como las penas máximas que se le pueden imponer a los menores (oscilan entre 10 y 20 años), las sanciones alternativas a la privación de la libertad y distintos enfoques orientados a los servicios socioeducativos dentro de los centros cerrados de menores.
Se buscará también consensuar criterios para evitar que los menores condenados cumplan penas en cárceles comunes o junto a adultos, y prever modalidades atenuadas, como la prisión domiciliaria o institutos cerrados especializados.
De lograrse un consenso en comisiones, los parlamentarios firmarán un dictamen que habilitará su tratamiento en el recinto.
Uno de los factores que impulsó este debate fue el asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años arrastrada por un vehículo robado por dos adolescentes de 14 y 17 años, un caso que generó conmoción pública y presiones para reformar la ley vigente.
La Iglesia Católica manifestó este domingo su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, advirtió en entrevista con medios locales el obispo Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social.
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