Profesores, rectores y personal no docente de las universidades públicas de Argentina iniciaron este lunes una huelga de 48 horas en reclamo por un ajuste salarial y anunciaron, además, que se sumarán a las protestas de los jubilados el próximo miércoles.
La medida de fuerza fue presentada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que reúne a varios sindicatos de las casas de altos estudios con financiación estatal.
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Los reclamos responden a la falta de actualización de los presupuestos, a una pérdida acumulada en 2024 de los salarios frente a la inflación y a la pretensión del Gobierno de ajuste salarial del 1 % mensual (en el último mes la tasa ha sido del 2,4 %).
“No tenemos presupuesto universitario por la decisión política del Gobierno nacional de no debatirlo en el Congreso. Esto significa que se manejan con una prórroga del presupuesto del año anterior, lo cual no solamente implica consolidar la pérdida presupuestaria y salarial que teníamos sino la completa arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos”, dijo el viernes Federico Montero, secretario de Organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios.
Los reclamos no son solo salariales: la comunidad universitaria también denuncia un ajuste en los programas y becas para estudiantes y recortes en las áreas de investigación de ciencia y tecnología.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), conformado por rectores y rectoras de todas las universidades nacionales argentinas, aseguró en un comunicado que “los recursos que se destinan al funcionamiento apenas alcanzan un 50% para el 2025″.
Los sindicatos también anticiparon que se sumarán a la movilización de apoyo a los jubilados el próximo miércoles para apoyar sus reclamos ante la sede del Congreso.
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La marcha de los jubilados del pasado miércoles, a los que se sumaron sindicatos, movimientos sociales e hincas de los clubes de fútbol, fue reprimida por la policía, con casi cincuenta heridos -uno de gravedad- y más de un centenar de detenidos.
Las protestas de los profesores y el personal no docente de las universidades públicas de Argentina se remontan a inicios de 2024, poco después de que el Gobierno de Javier Milei pusiera en marcha un severo plan de ajuste fiscal en el país.
En Argentina, el acceso a la educación universitaria pública es gratuito para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado gozan de buena reputación académica.
La gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en Argentina, donde el peso de la pobreza es mayor a la media entre los jóvenes: seis de cada diez personas de entre 15 y 29 años no puede cubrir sus necesidades básicas, según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al primer semestre de 2024.
El peso de la educación superior pública es notorio: de acuerdo a las últimas cifras oficiales disponibles, en 2022 había 510.221 alumnos matriculados en la educación universitaria privada y casi 2 millones en universidades nacionales estatales.
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