Buenos Aires. El dirigente kirchnerista Martín Sabbatella quedó en la mira de la Justicia de Argentina tras el pedido de imputación de un fiscal por su negativa a dimitir como titular del ente regulador de medios audiovisuales pese al cese de sus funciones decretado por el presidente Mauricio Macri.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
El juez Julián Ercolini, quien tiene en sus manos la solicitud de imputación, ordenó allanar las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y, de ser necesario, desalojar al personal que se resista a abandonar el edificio.Desde la puerta del Afsca, Martín Sabbatella anunció que su equipo acatará la orden de desalojo, aunque denunció que “hay una parte del Poder Judicial que es cómplice de poderes concentrados que quieren violar la ley”.De forma paralela, el Gobierno reiteró hoy su pedido para que Martín Sabbatella acate la decisión presidencial y ceda su lugar al funcionario designado por Macri, Agustín Garzón.“El presidente tomó la decisión de intervenir y Martín Sabbatella se tiene que ir”, dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña.Martín Sabbatella no opina lo mismo y volvió a dejar clara su voluntad de mantenerse en el cargo hasta diciembre del 2017, cuando en teoría expira su mandato, a menos que la Justicia se lo impida.“Esperemos la resolución del Poder Judicial”, dijo Martín Sabbatella, en referencia al amparo que presentó en los tribunales para solicitar la anulación del decreto presidencial, que considera “ilegal” y “un atropello brutal a la división de poderes”.Sostuvo que la aplicación de la ley de medios audiovisuales por parte de la Afsca ha sido “absolutamente pluralista y democrática”, a diferencia del Gobierno, que considera que el organismo “ha utilizado la ley para atacar a ciertos medios y beneficiar a otros”.Martín Sabbatella evitó referirse a la denuncia en su contra por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” presentada por Garzón, que motivó el pedido de imputación del fiscal Carlos Stornelli.Los partidos políticos se han sumado a la polémica abierta entre el Gobierno del frente conservador Cambiemos y Martín Sabbatella, quien lidera la agrupación kirchnerista Nuevo Encuentro.La Unión Cívica Radical (UCR), socio de Gobierno de Macri, expresó hoy su apoyo a la intervención de la Afsca y de la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftica).“La intervención es una herramienta de la que dispone el Poder Ejecutivo Nacional para normalizar el funcionamiento de ambos organismos”, dijo la UCR en un comunicado, en el que destacó que respaldarán “todas las medidas necesarias para mejorar las comunicaciones en el país”.El opositor Frente para la Victoria (FpV), de la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, consideró que el decreto “viola los tratados internacionales, la Constitución y la ley de medios”.“Este Gobierno no solamente no convoca a sesiones extraordinarias, sino que gobierna por decreto. Tal como amenazaban y lo están haciendo”, dijo en un comunicado el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Héctor Recalde.Martín Sabbatella fue designado director de la Afsca en el 2012, en medio de la batalla legal abierta entre el Gobierno de Fernández y el grupo Clarín, el mayor multimedio del país, por la Ley de medios audiovisuales.La ley, aprobada por el Congreso en el 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema en el 2013, fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, informó este miércoles que “la Ley de medios por ahora no se toca”, aunque dejó abierta la puerta a una revisión futura.
Fuente: EFE
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