El Senado de Argentina aprobó este jueves y convirtió en ley un proyecto para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones, pese al rechazo del Gobierno de Javier Milei.
La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, recibió el visto bueno del Senado por 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.
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La ley aprobada este jueves, cuyo tratamiento impulsó la oposición, establece un incremento “excepcional y de emergencia” del 7,2 % para las jubilaciones.
Los jubilados de Argentina reclaman por las paupérrimas pensiones que cobran cada miércoles a las puertas del Parlamento.
La mayoría de los retirados reciben una jubilación mínima que este mes fue de 370.000 pesos (290 dólares), por debajo de la línea de pobreza.
El Senado también aprobó -por 39 votos a favor, 14 negativos y una abstención- y convirtió en ley un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.
El Ejecutivo de Milei expresó su rechazo a estas iniciativas bajo el argumento de que obliga al Estado a mayores gastos que conspiran contra su política de equilibrio fiscal.
La formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza cuestionó además la validez de la sesión del pleno de la Cámara Alta de este jueves, argumentando que fue “autoconvocada” por la oposición y no por la Presidencia del Senado.
El oficialismo también cuestionó la falta de aval previo en las comisiones parlamentarias para algunos de los proyectos.
En la sesión de este jueves, el Senado también aprobó por 55 votos afirmativos y convirtió en ley un proyecto que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027, lo que obliga al Gobierno nacional a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.
Además, el Senado rechazó el veto presidencial a un ley aprobada en junio por el Parlamento que declaró la emergencia en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, afectada por una grave inundación en marzo pasado.
Si la Cámara de Diputados también rechaza el veto presidencial, la ley aprobada en junio entrará en vigor.
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La sesión de este jueves continúa ahora con el debate de dos proyectos impulsados por los gobernadores de provincias y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, -todos opositores-, que Milei rechaza por sus supuestos efectos negativos sobre el equilibrio fiscal.
Estas iniciativas apuntan a aumentar los ingresos que reciben las provincias de parte del Tesoro nacional.
Uno de los proyectos busca que el reparto entre las provincias de los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) deje de ser discrecional; el otro incrementa el porcentaje que las provincias reciben de lo recaudado a nivel federal por el impuesto a los combustibles líquidos.
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