Buenos Aires [EFE]. El expresidente boliviano Evo Morales tachó este lunes de “ilegal e inconstitucional” la decisión de la Fiscalía de su país de acusarle formalmente por supuestos delitos de terrorismo y pedir su detención preventiva.
“De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado”, dijo Morales a través de su perfil en la red social Twitter.
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El exmandatario boliviano, que reside en Argentina desde diciembre pasado, sostuvo que la decisión de la Fiscalía es “una prueba más de la sistemática persecución política del Gobierno de facto” en su país.
“Pronto volverá la democracia y el Estado de derecho a Bolivia”, añadió Morales.
El exjefe de Estado es investigado en el denominado “Caso Audio”, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye a Morales insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó Bolivia entre octubre y noviembre de 2019.
La imputación por supuestos delitos de terrorismo y financiación del terrorismo se basa en una conversación telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra.
“De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México”, donde entonces estaba Morales, hasta El Torno, en Bolivia, según un comunicado de la Fiscalía.
Según la acusación, aparentemente en esa conversación Morales habría instruido a Yucra a cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en Bolivia a partir del 10 de noviembre de 2019, cuando el entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado.
Yucra fue enviado bajo prisión preventiva a un penal de la ciudad boliviana de Santa Cruz tras ser detenido el pasado abril por acusaciones de terrorismo y sedición dentro de este mismo proceso judicial, que se encuentra en fase preliminar.
Morales, que solicitó refugio en Argentina, enfrenta varios procesos por distintas acusaciones en Bolivia, tras denuncias entre otros del propio Gobierno interino boliviano por las que la Fiscalía ya emitió pedidos a Interpol para detenerle.
Evo Morales denunció el pasado noviembre que era forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral para un cuarto mandato seguido en los comicios de octubre, luego anulados entre denuncias de fraude a su favor, y obligarlo a renunciar después de casi catorce años al frente del país.
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