El Pacto de Unidad, un bloque de organizaciones indígenas y campesinas afines al Gobierno de Bolivia, se manifestaron este miércoles a favor de una “ley de comunicación y una serie de medidas contra los medios que consideran “fabricaron un supuesto fraude” durante la crisis política de 2019.
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Esas organizaciones presentaron un listado de diez puntos que emergieron de una asamblea en la víspera y que tienen como objetivo respaldar al Gobierno del presidente del país, Luis Arce, ante “el ataque sistemático de la derecha fascista” y las amenazas de “golpes (de Estado) y separatismo”.
En el pronunciamiento se hace referencia de “medios alineados, de propiedad de la derecha y la oligarquía” que no se identifican y que, según manifiesta, “apoyaron el golpe de Estado el 2019″ y “fabricaron el supuesto fraude”, en relación a los frustrados comicios de ese año cuestionados por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Estas organizaciones manifiestan que esos medios ahora “promueven una agenda mediática para desestabilizar al Gobierno” y que muestran a los “golpistas y masacradores” como si fueran “blancas palomas” y “perseguidos políticos”.
Sobre esto, el pronunciamiento pide la “celeridad de la justicia” principalmente por la muerte de una veintena de civiles durante el Gobierno interino en Sacaba y Senkata, sitios en los que hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas conjuntas de seguridad.
“Exigimos la distribución equitativa de la publicidad estatal en los medios de comunicación” y “avanzar en la construcción de una ley de comunicación”, manifestaron.
El documento también plantea que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) es el “único instrumento político” por lo que se “rechaza la generación de bloques” internos y se invoca a la disciplina interna.
En varios puntos se advierte sobre la “injerencia e intromisión” de funcionarios públicos y la necesidad de realizar una “erradicación” de funcionarios que trabajaron durante el Gobierno interino y la necesidad de crear una “comisión especial” para hacer un control de “traidores, infiltrados y pititas (opositores) en el aparato público”.
En tanto que se habla de la evaluación del “comportamiento y disciplina orgánica” de los legisladores oficialistas así como la “coordinación” con el presidente para la designación de altos funcionarios, a pocos días de cumplirse el primer año de gestión de Arce.
Varios gremios de periodistas y dueños de medios de comunicación ya han expresado su rechazo a las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que consideraron su labor como si fuera “de oposición” y lo ven como un “ataque” a la prensa.
Bolivia atraviesa desde 2019 una persistente polarización política entre sectores oficialistas que defienden que en ese año hubo un “golpe de Estado” y aquellos de oposición que sostienen que en ese momento se produjo un fraude en los fallidos comicios de ese año.
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