El gobierno instó este lunes a mineros, que en agosto ocuparon varias vías en Bolivia, a entregar a los asesinos de un viceministro, secuestrado y luego linchado por piqueteros, como condición previa para instalar un diálogo con el sector.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
El viceministro del Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, fue a plantear una negociación con los mineros disconformes en medio de los cortes de ruta en el altiplano, pero fue secuestrado y luego muerto a golpes por piqueteros.
Según el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, si los mineros delatan a los asesinos y se esclarece además la muerte de cinco cooperativistas en las protestas “se van a restituir las condiciones favorables para un escenario de diálogo, que seguramente el pueblo boliviano está esperando”.
“La manera de lavar la imagen de Fencomin (Federación Nacional de Cooperativas Mineras) es entregar a los responsables del asesinato del viceministro Illanes”, declaró Romero a la red de televisión privada PAT.
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El viceministro de Bolivia fue muerto a fines de agosto por mineros con los que había ido a dialogar en busca de una solución a un conflicto que había conducido a la ocupación de rutas y disturbios.
En el marco de la investigación judicial del caso, diez dirigentes mineros de Bolivia están detenidos preventivamente en cárceles de La Paz, bajo el cargo de “asesinato, robo agravado, organización criminal y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado”.
El conflicto se originó porque los mineros cuestionan una norma que permite la creación de sindicatos dentro de las cooperativas, pero el gobierno argumenta que en realidad intentaban obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, lo que está expresamente prohibido por la Constitución de Bolivia.
Tras los incidentes, unos 31 contratos de cooperativas con empresas privadas están en curso de ser anuladas.
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El sector minero cooperativo es aliado del gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, y cuenta con una decena de parlamentarios y varios puestos de dirección en el aparato estatal, al igual que otros sectores sociales como campesinos, indígenas, cocaleros y transportistas.
Fuente: AFP
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