“La salida de Rodrigo Paz sería una catástrofe para Bolivia”: qué puede hacer el presidente tras la derogación de la Ley 1341

El miércoles en Bolivia había alrededor de medio centenar de puntos de bloqueo en carreteras, varias de ellas rutas estratégicas.

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Las protestas comenzaron a inicios de mayo con reclamos económicos, entre ellos el aumento del costo de vida, la escasez de combustible y demandas salariales, pero posteriormente se ampliaron y sumaron otros actores sociales y políticos. Con el paso de las semanas, las demandas evolucionaron hacia exigencias más amplias, incluyendo críticas a las medidas económicas del Gobierno y, en algunos sectores, pedidos de renuncia de Rodrigo Paz, quien lleva solo seis meses en el poder.

Los bloqueos de rutas han provocado escasez de alimentos, combustible y medicamentos, especialmente en ciudades como La Paz y El Alto.

Bajo ese contexto, en la madrugada del miércoles Paz promulgó la ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, aunque su Gobierno ha asegurado que la declaración de un estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera.

La Ley 1341 nació en medio de la crisis política del 2020 con la intención de poner reglas al uso de poderes extraordinarios del Estado, después de un período marcado por protestas y el debate sobre el uso de la fuerza pública durante el gobierno interino de Jeanine Áñez.

En términos concretos, la ley definía las condiciones para declarar un estado de excepción, exigiendo que existiera una situación extraordinaria y debidamente justificada.

Obligaba a delimitar el alcance de la medida, precisando el territorio afectado, las razones y la duración.

Establecía controles legislativos, de modo que las decisiones del Ejecutivo quedaran sujetas a supervisión institucional.

Imponía restricciones temporales y procedimientos específicos, evitando que las medidas excepcionales quedaran abiertas o indefinidas.

Recordaba que los estados de excepción debían ejecutarse dentro del marco constitucional, sin convertirlos en una suspensión ilimitada del orden legal.

La abrogación de la Ley 1341 abrió un nuevo debate en Bolivia sobre los márgenes de acción que tendrá el presidente Paz. La analista política y exparlamentaria boliviana Erika Brockmann explica que este nuevo escenario no significa que el Gobierno esté automáticamente a un paso de decretar un estado de excepción o avanzar hacia una militarización.

En diálogo con El Comercio, Brockmann sostiene que antes de una decisión de esa magnitud el Ejecutivo deberá evaluar factores políticos, institucionales y operativos.

“Tienen que darse ciertas condiciones para que ello suceda. Hay que hacer un análisis muy serio del estado de situación de las Fuerzas Armadas, de las capacidades logísticas después de tantos días de desabastecimiento de combustible y también de la propia policía”, manifiesta.

Según Brockmann, el Gobierno no solo dispone de herramientas vinculadas al uso de la fuerza, sino que podría aplicar medidas focalizadas dirigidas a actores que están afectando infraestructura pública o sectores estratégicos.

Remarca que “no hay condiciones siquiera para pensar en una ruptura del orden constitucional”.

La politóloga advierte que la historia reciente del país muestra que este tipo de mecanismos no necesariamente resuelve las crisis políticas profundas.

“En Bolivia hace muchos años que no funcionan los estados de excepción”, sostiene.

Brockmann recuerda que uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en el año 2000, cuando el estado de excepción declarado por Hugo Banzer no logró contener conflictos sociales y, por el contrario, terminó fortaleciendo formas de presión política como los bloqueos.

A su juicio, las estrategias observadas en las movilizaciones actuales muestran un mayor grado de organización y sofisticación.

“Se ha notado en este conflicto que las prácticas y las estrategias que están usando en el bloqueo se han sofisticado muchísimo más, con mayor violencia”, refiere.

La analista considera que el Ejecutivo estaría evaluando opciones de intervención focalizadas antes que una acción amplia sobre el territorio nacional.

Añadió que el Gobierno enfrentaría un escenario especialmente complejo por los riesgos políticos y sociales que implica el despliegue militar en medio de una alta conflictividad.

“Cuando ven tanques, cualquier rato aparece un muerto y no siempre se sabe si viene de los militares o de alguna gente radical. Están esperando el muerto”, explica.

En ese sentido, sostiene que cualquier acción estatal tendría que desarrollarse bajo protocolos estrictos y una fuerza “proporcional y altamente regulada”.

Brockmann enmarca la crisis actual dentro de una transición política y económica más amplia, marcada —según señala— por el deterioro económico, tensiones institucionales y factores externos.

“Rodrigo Paz entra al gobierno para administrar la catástrofe económica heredada”, enfatiza.

La politóloga añade que el mandatario enfrenta simultáneamente una crisis energética, presiones económicas y una fuerte tensión política interna.

Y lanza una de sus frases más contundentes sobre el escenario actual:

“La salida del presidente Paz en este momento sería una catástrofe. No hay que dar lugar a demandas radicales como las de Evo Morales, que pide nuevas elecciones, y creo que la sociedad en general tiene una visión contraria sobre ello".

Según su lectura, Bolivia atraviesa un “momento de inflexión” y una transición “que no va a ser simple” hacia una nueva etapa política que todavía no termina de definirse.

Sobre el rol de Evo Morales, Brockmann considera que conserva influencia, aunque ya no tendría el mismo peso político de años anteriores.

“Él es una imagen que está detrás, desgastada políticamente, pero cuando interviene está señalando el camino de todo este movimiento”, sostiene.

Según la analista, durante dos décadas de gobiernos del Movimento al Socialismo (MAS) se consolidaron liderazgos intermedios y organizaciones que hoy tienen capacidad propia de movilización.

“Hay una disputa de liderazgos del bloque popular que todavía representa Evo Morales”.

No obstante, sostiene que el apoyo social a determinadas formas de protesta podría estar cambiando. “Lo popular no es monopolio de Evo Morales y lo popular está mutando en este momento”, enfatiza.