El presidente de Bolivia, Luis Arce, responderá por escrito a la solicitud de la Fiscalía para que declarase sobre el alzamiento militar del 26 de junio que para el Ejecutivo fue un “intento de golpe de Estado”, anunció este viernes el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
En un encuentro con periodistas en La Paz, Del Castillo explicó que las normas vigentes permiten que autoridades como el presidente, vicepresidente y los ministros respondan por escrito a un cuestionario enviado por el Ministerio Público cuando se investiga algún suceso en el que se requiera sus testimonios.
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“Estas personas rellenan el cuestionario y a través de un memorial o una nota lo remiten a la Fiscalía y es precisamente lo que hemos hecho de manera mancomunada con otras autoridades del órgano Ejecutivo que ya hemos prestado nuestra declaración informativa testifical”, aseguró.
Según el ministro, “ya han llenado sus declaraciones correspondientes el presidente, el vicepresidente (David Choquehuanca) y tres ministros”, aunque no precisó si los documentos ya fueron enviados a la Fiscalía.
Del Castillo indicó que no ha declarado todo el gabinete, sino sólo algunos ministros “principalmente del área de seguridad”, es decir, él mismo porque de su cartera depende la Policía Boliviana, y también el titular de Defensa, Edmundo Novillo, a cuyo ministerio responden las Fuerzas Armadas.
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La autoridad sostuvo que hace una semana entregó su cuestionario respondido a la Fiscalía e indicó que ha pedido que también puedan declarar los viceministros de su área y el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez.
También explicó que las investigaciones continúan y que hay “órdenes de aprehensión que se encuentran pendientes” en contra de personas “que se) han fugado de la Justicia boliviana”.
Además se verifica si otro grupo de personas fue parte del “esquema de planeamiento y organización del golpe de Estado militar fallido”, o si “solamente tenían conocimiento” de lo que iba a ocurrir.
“Sin embargo, esto también es un tipo penal, es un delito de encubrimiento, entonces también tiene una sanción penal”, manifestó Del Castillo y agregó que la próxima semana dará mayor información sobre los avances de la investigación del caso que el Gobierno llama “fallido intento de golpe de Estado”.
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En la víspera, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se solicitó la declaración del presidente Arce y de otras autoridades “que estuvieron presentes en ese momento”.
Un grupo de militares liderados por el ahora destituido comandante del Ejército Juan José Zúñiga tomó el 26 de junio la sede presidencial de La Paz por unas horas, lo que fue calificado por el Gobierno de Arce como un “intento de golpe de Estado”.
Después de que Arce relevara al alto mando militar el mismo día, Zúñiga y las tropas se replegaron, el excomandante fue detenido y ahora está recluido preventivamente en el centro del país.
Durante su aprehensión, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para “levantar su popularidad”.
La oposición y el expresidente Evo Morales (2006-2019), que está distanciado del Ejecutivo, coincidieron por separado en que fue un “autogolpe”, mientras que el Gobierno de Arce insiste en que fue un “golpe de Estado fallido”.
Unas 25 personas, entre militares y civiles, son investigadas en este caso bajo figuras penales como alzamiento armado y terrorismo.
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